Lo que la subida del salario mínimo compromete a empresarios y sindicatos
El pacto debe extenderse, con subidas más modestas, a todos los sueldos para preservar la competitividad
Seis años largos ha costado a Rajoy sentar a los sindicatos y la patronal en la misma mesa para firmar un compromiso de carácter económico y social, tras haber ejecutado la reforma laboral de 2012, la reforma de pensiones de 2013 y la congelación del gasto público (inversiones y retribución de los funcionarios) en soledad y con la enemistad declarada del movimiento sindical. Y ha sido en un asunto de naturaleza menor en el que tanto la patronal como las centrales han entregado el aval a una política económica que ya ha mostrado su eficacia cuantitativa con cuatro años consecutivos de fuerte crecimiento y de creación de empleo.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional de un 4% desde enero, para llegar hasta los 850 euros al mes o 11.900 al año desde enerro de 2020, está condicionada a que la economía crezca cada uno de los tres ejercicios al menos el 2,5% y a que el desempeño en materia de ocupación alcance un avance de 450.000 puestos de trabajo cada año. A que se llegue, en definitiva, a la meta económica y social que el presidente Rajoy se ha marcado para su segunda legislatura: los 20 millones de ocupados. Con este acuerdo que abre la espita a una subida de los sueldos más bajos superior a la que sea razonable para el común de los trabajadores por cuenta ajena, el Gobierno compromete el concurso de sindicatos y patronal a su política económica y a sus propios objetivos políticos y electorales, que ha explicitado desde que llegó la recuperación de la economía, y que no son otros que volver a unos niveles de empleo similares a los que había antes de la crisis, que a su vez pueden poner paños calientes temporales a las delicadas cuentas de la Seguridad Social.
Lógicamente la efectividad del pacto del SMI solo será completa si va acompañada de un acuerdo de parecidas dimensiones temporales sobre el comportamiento del resto de los salarios. Un pacto que se ajustará a lo que ya manejaron patronal y sindicatos en su fracasado intento del año que termina, y que movilizando los sueldos para agitar la demanda y los ingresos públicos, preserve el control de los costes laborales para no perder la competitividad que tanto ha costado recuperar.