El liquidador de TP Ferro exige un arbitraje “justo” a España y Francia
Reclama más de 500 millones ante un tribunal en Bruselas que no es reconocido por los gobiernos
El cuarto arbitraje presentado para dirimir responsabilidades en el fiasco de la concesión del túnel ferroviario entre España y Francia ha derivado en batalla. El administrador que se encargó de la fase concursal y ahora de la liquidación de la concesionaria TP Ferro, que participaban ACS y la francesa Eiffage, exige la formación del tribunal arbitral en Bruselas (Bélgica) y asegura haberse topado con la negativa de ambos Gobiernos, que se hicieron cargo de la infraestructura tras la insolvencia.
Ante lo que aprecian como una maniobra dilatoria para “eludir las responsabilidades derivadas del contrato de concesión y demorar el pago de compensaciones”, la administración concursal (el despacho Arraut y Salas Reixachs), que ha contratado al bufete internacional Quinn Emanuel Trial Lawyers, ha demandado la intermediación de la justicia belga a la vista de que el contrato concesional fijaba Bruselas como sede para resolver un eventual conflicto.
Los tres arbitrajes previos, interpuestos cuando las constructoras tenían aún las riendas de la concesionaria, se celebraron en Ginebra (Suiza) tras un acuerdo entre las partes.
Los representantes de la administración concursal aprecia una maniobra dilatoria de España y Francia para demorar el pago de compensaciones
La cuestión no es baladí para los demandantes: “La legislación belga exige equilibrio en la elección de los árbitros, fijando un número impar y la elección mancomunada del presidente del tribunal”, explica David Orta, abogado de Quinn Emanuel, “la legislación suiza, por contra, ha permitido que cada uno de los Gobiernos fije un árbitro, por un tercero elegido por la concesionaria, está claro que no es una situación de equilibrio”.
Activado el pasado mes de agosto por el liquidador, en el pretendido arbitraje belga se reclaman compensaciones por 500 millones en función de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). Una cifra que surge de sumar los 390 millones de valor neto contable de TP Ferro más intereses. En una segunda reclamación, el órgano designado por un juzgado de Gerona para el desgüace de TP Ferro, pedirá daños y perjuicios por el lucro cesante. Esta última cifra no está calculada, pero podría pasar de los 500 millones ya solicitados.
TP Ferro contaba con 53 años de concesión que arrancaron con la apertura del túnel al tráfico ferroviario en 2013. El coste de las obras se aproximó a los 1.500 millones de euros, con sobrecostes cercanos a los 350 millones. Esta circunstancia motivó el primero de los arbitrajes, cuyo laudo determinó que el riesgo de construcción debía ser asumido por las empresas. Los accionistas de TP Ferro y, posteriormente la administración concursal, también demandaron a los Gobiernos de España y Francia por la quiebra del equilibrio económico-financiero de la concesión al incumplirse las previsiones de tráfico ferroviario. Las conexiones al segmento internacional de vía entre Figueras y Perpignan, a las que se comprometieron ambos Gobiernos, llegaron años después del final de las obras del conocido como túnel del Pertús. Un hecho que centra el cuarto litigio, actualmente bloqueado.
Acusaciones de “expropiación ilegal”
- Los representantes de la administración de la concesionaria quebrada hablan de una “expropiación ilegal de la inversión hecha por TP Ferro y un correlativo enriquecimiento injusto por parte de los gobiernos, quienes han tomado posesión de la sección internacional y los activos financiados por TP Ferro sin pagar una contraprestación por ellos”.
- España está representada en este caso por la Abogacía del Estado, mientras Francia cuenta con el asesoramiento de Clifford Chance.
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