España y Francia irán contra ACS y Eiffage por la quiebra del AVE Figueres-Perpignan

Los dos Estados sopesan pedir una indemización a las empresas

Los ministerios de obras públicas de ambos países se reunirán el 14 de septiembre tras la visita de la ministra gala a Madrid

Posible sanción a ACS
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna durante la reunión mantenida hoy en Madrid con la ministra de Transportes de la República de Francia, Elisabeth Borne.

Francia y España reclamarán a ACS y Eiffage una indemnización por la quiebra de la conexión ferroviaria de Alta Velocidad que une ambos países, el AVE Figueres-Perpignan, que los dos Estados tuvieron que rescatar en diciembre de 2016.

Así lo indicó el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en la rueda de prensa que ofreció con la ministra de Transportes de Francia, Elisabeth Borne, tras la reunión mantenida entre ambos esta mañana.

De esta forma, el grupo que preside Florentino Pérez y la compañía francesa, además de no tener derecho a recibir una compensación por el rescate de la infraestructura, al considerar los dos gobiernos que habían incumplido el contrato, afrontan ahora el pago de una compensación a los dos Estados.

De la Serna y su homóloga francesa manifestaron su satisfacción por el hecho de que la "agilidad y la colaboración" de los dos países para asumir el AVE transfronterizo, tras la quiebra de la compañía concesionaria, ha permitido mantener en servicio la infraestructura.

Los dos Estados consideran que la concesionaria TP Ferro incumplió el contrato, por lo que niegan el pago de la RPA y estudian sanciones

"Ahora de lo que hablamos es de reclamar una indemnización a la empresa", anunció el titular de Fomento español, que detalló que se pagaría al 50% a cada uno de los Estados.

De la Serna recordó que los dos gobiernos ya determinaron en el momento del rescate del AVE que no correspondía abonar importe alguno a las empresas concesionarias.

Según indicaron entonces, la causa de la resolución de la concesión de ACS y Eiffage fue el "incumplimiento del contrato", por lo que no correspondía abonar la responsabilidad patrimonial de la administración, esto es, el importe que se contempla en caso de la resolución de este tipo de contratos para compensar a las empresas por las inversiones realizadas en la construcción de las infraestructuras.

A ello se sumará ahora el hecho de que, según reveló De la Serna, los servicios jurídicos de los dos Estados están analizando la "indemnización que se pedirá a las empresas".

Esta eventual sanción constituirá así uno de los puntos del orden del día de la reunión que representantes del Ministerio español y el francés mantendrán el próximo 14 de septiembre para tratar sobre este AVE que explotan conjuntamente y "los pasos a seguir dando de forma coordinada".

España y Francia, a través de Adif y su homólogo francés (SNCF-Réseau) explotan conjuntamente y al 50% el AVE que une los dos países desde el 20 de diciembre de 2016.

Los dos países convinieron en hacerse cargo de la infraestructura, para garantizar el mantenimiento del servicio, después de que en septiembre del pasado año TP-Ferro, la firma con la que ACS y Eiffage construyeron este AVE y la explotaban, no lograra superar el concurso de acreedores en que estaba inmersa y se viera abocada a la liquidación.

Obra de 1.000 millones

Se trata de un tramo de AVE de 44,4 kilómetros de longitud, que dicurre entre Figueres (Girona) y Perpignan y que incluye un túnel de 8,3 kilómetros bajo los Pirineos. ACS y Eiffage, a través de TP Ferro, se adjudicaron en 2003 su construcción, que supuso una inversión de 1.000 millones, y su posterior explotación durante 50 años.

Los retrasos acumulados en la puesta en servicio del túnel y en su conexión con la red de Alta Velocidad de los dos países así, como el escaso tráfico de trenes que registra, constituyeron, alguna de la causas de la quiebra de la concesión.

El concurso y la liquidación de la firma concesionaria tuvo lugar después de que las constructoras emprendieran en los últimos años procesos de arbitraje internacionales para reclamar distintos importes a España y Francia que no prosperaron.

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