ACS y Ferrovial plantarán cara a Carmena si remunicipaliza la gestión de la M-30

El pleno madrileño aprueba hoy el dictamen que pide la reversión de la gestión de la infraestructura

Las auditorías demuestran el buen estado de conservación

Calle 30 Ampliar foto

El desencuentro total entre el Ayuntamiento de Madrid y Emesa, su socio privado en la explotación, conservación y mantenimiento de la carretera de circunvalación M-30, tiene visos de acabar en batalla legal. Y detrás de Emesa hay dos gigantes como ACS y Ferrovial.

El equipo de Gobierno de Ahora Madrid, encabezado por la alcaldesa Manuela Carmena, lleva hoy al pleno el dictamen que recomienda la remunicipalización de la empresa mixta Madrid Calle 30. Un 80% del capital está en manos públicas, por el 20% que controlan las citadas constructoras. El contrato de explotación y mantenimiento expira en 2040, pero el actual consistorio ve más luces que sombras y quiere acabar con la relación, relicitando los trabajos de conservación.

La ruptura se ha abierto camino a través de un dictamen, apoyado por PSOE y Ciudadanos, que arroja dudas sobre las certificaciones de obra, el coste del proyecto o el acceso prioritario de filiales de ACS y Ferrovial a contratos de Madrid Calle 30.

El informeque aconseja sacar al socio privado de Madrid Calle 30 tiene el visto bueno de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos

Ante tal batería de afirmaciones, incluidas en el documento emitido por la comisión de investigación sobre la situación económica de la concesionaria, los accionistas privados se han armado de razones para la pugna que se avecina.

Fuentes cercanas a la compañía de capital mixto niegan que los posibles problemas relacionados con la fase de construcción puedan ser imputados a Madrid Calle 30. Como segundo argumento para defender la concesión, la sociedad ha superado con nota las auditorías sobre el estado de conservación de la infraestructura, exámenes que sirven para establecer los pagos del consistorio a la empresa que cuida de esta arteria principal de la capital. Y, en tercer lugar, cualquier reversión del contrato debe atenerse a las condiciones expresadas en el mismo. De hecho, la relación entre Ayuntamiento y Emesa contempla la existencia de una ventana de salida del accionista privado en 2025, dándose prioridad al consistorio para hacerse con su paquete del 20%.

Costes y dividendos

Otra de las quejas del Ayuntamiento respecto a la acción de Madrid Calle 30 es el bajo porcentaje de los ingresos que se dedican realmente a trabajos de conservación. Si bien es cierto que apenas un 29% de lo que factura la concesionaria se destina a la operación, prácticamente el resto se va en dividendos (33%), donde el propio Ayuntamiento es el primer beneficiario en función de su 80% en el capital, y en impuestos (31%, principalmente por IVA e impuesto de sociedades), retornando casi un tercio de los ingresos a las arcas públicas.

Un último argumento de Emesa es que el Ayuntamiento está incumpliendo el plan de inversiones por 333 millones comprometido en 2011, con fecha límite en 2040, y por el que debían haberse desembolsado 70 millones hasta el día de hoy. El déficit inversor supera los 50 millones, lo que supuestamente encarece la labor de mantenimiento.

Esta controversia toca fibras sensibles en ACS y Ferrovial, que en 2005 tuvieron a dos de sus hombres fuertes, Marcelino Fernández Verdes e Íñigo Meirás, en la firma del contrato entre Emesa y Ayuntamiento. Además, dos figuras hoy relevantes en Fomento, como son el presidente de Adif, Juan Bravo, y el de Renfe, Juan Alfaro, representaron al consistorio. El primero era concejal de Hacienda y presidente de la comisión de vigilancia de la gestión de la M-30, y el segundo fue secretario de la misma comisión.

Investigaciones y medidas preventivas

- El dictamen de la comisión de investigación sobre la situación financiera de Madrid Calle 30 recomienda la reversión de la gestión de la sociedad para que sea 100% municipal. También reclama una auditoría de las certificaciones de obra y una segunda en materia ambiental.

- El equipo de Gobierno madrileño ha asumido el informe, en el que se aconsejan una especie de medidas preventivas mientras se procede a la remunicipalización de la gestión de la M-30. Se pide extremar el control sobre el mantenimiento y explotación; los altos cargos serán nombrados por el accionista público; los costes eléctricos se imputan al socio privado, y se exige mayor regulación sobre las condiciones de acceso de las propias ACS y Ferrovial a licitaciones de la M-30.

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