Fronteras legales en Internet: ¿solo cuando nos interesa?

Más de veinte años de Internet entre el gran público bastan para tener perspectiva acerca de uno de sus principales problemas regulatorios, el alcance territorial de sus normas.

Personas pasan delante del logotipo de GooglePATRICIA DE MELO MOREIRA (AFP)

Una primera etapa se movió entre la alergia a la regulación y el aturdimiento frente al fenómeno digital de mediados de los noventa. La alergia ante el Derecho de la Red fue más propia de sociedades como la estadounidense, casi por ADN refractarias ante la regulación. Se curó pronto, tan rápido como comenzaron a surgir problemas graves alrededor de Internet, como la pornografía online. El aturdimiento fue más característico de Europa. Costaba entre nosotros entender que fuera posible regular delitos o contratos en línea a escala puramente nacional, sin apelar a tratados internacionales que armonizaran tal regulación, marcada por el carácter global de Internet.

Me referiré a la segunda etapa con el consultor norteamericano Scott Malcomson, quien habla de "Splinternet" (de "splinter", astilla), para referirse a lo que otros consideran una "balkanización" de la Red, fruto de intereses políticos o económicos. Y puesto que bastan los dedos de las manos para contar los tratados que regulan problemas significativos nacidos al cabo de Internet, han debido ser los Estados (o agrupaciones como la UE) los que los solventasen, "tirando" de sus correspondientes ordenamientos. Es decir, que Internet se ha venido "astillando" también, en los últimos decenios, desde el punto de vista legal.

Lo característico del momento actual es el posible surgimiento de una tercera etapa. Su principal detonante es la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 28 de junio de 2017 (caso EquusTek). En ella, se obliga a Google a retirar de sus índices de resultados los que reenviaban al sitio web del infractor de derechos de propiedad industrial de los demandantes. Lo singular es que el Tribunal no solo obliga a Google a desindexar tales resultados de su extensión canadiense, sino de todas las de Google alrededor del mundo; el efecto útil de la propiedad industrial desaparecería si un usuario, digamos japonés, pudiera acceder a esos resultados desde la extensión de su país (.jp), "Internet no tiene fronteras", remacha el Tribunal.

En otras palabras (ya mías): Internet no tiene fronteras para mis leyes (las de Canadá en este caso), pero yo sí las tengo para las leyes de los demás (pues es obvio que las patentes y marcas canadienses seguirán rigiéndose allí por sus propias normas nacionales). Dicho aún más claro: Tus leyes son para ti, las mías son para todos.

Este "balón" se va a jugar ahora en Europa, puesto que se espera para los próximos meses la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que deberá resolver sobre una petición de aplicación extraterritorial de la normativa europea sobre derecho al olvido. La petición la formula CNIL (la Agencia de datos francesa) y, salvo en la materia, es en lo que aquí interesa igual a la del caso EquusTek: Google debe desindexar en todas sus extensiones, no solo las europeas.

El de su vigencia espacial es probablemente el problema de más difícil solución para las leyes en la Red. Ahora bien, la aplicación exorbitante de algunas de ellas distará mucho de resolver nada. Nos guste o no, existen las culturas nacionales. Y, aunque Internet no, los Estados (y sus leyes) sí que tienen fronteras.

Aún estamos a tiempo de que esa "tercera etapa" no llegue a fraguar. Su simple amenaza debe urgirnos a elaborar pautas globalmente aceptables para el "conflicto de leyes digital". Una elaboración que la UE debiera promover, y hasta liderar, en lugar de buscar imponer sus normas a los demás.

Pablo García Mexía, Jurista digital - Of counsel, Ashurst LLP