El alud Puigdemont golpea ahora Bélgica

La huida hacia delante del expresidente pone en peligro la supervivencia del gobierno belga

Añade tensión a la relación del gobierno de Rajoy con el de Michel

puigdemont
Carles Puigdemont entra en su coche después de dar un paseo el pasado sábado.

Tierra belga de por medio. El destituido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidido alejarse de la justicia española, que le acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos tras fracaso de la Declaración unilateral de independencia.

El expresidente de la Generalitat y parte de su antiguo ejecutivo sopesan la posibilidad de instalarse en Bélgica, un país tradicionalmente reacio a aplicar los mecanismos de extradición y donde el Gobierno federal depende el apoyo los independentistas flamencos del partido NVA.

La huida internacional hacia delante puede ampliar el impacto político de la crisis catalana hasta extremos desconocidos hasta ahora, hasta el punto de agriar las relaciones dentro de la UE o provocar la caída del gobierno en un país tan inestable y esencial para el club comunitario como Bélgica

La permanencia de Puigdemont en Bélgica, si se confirma, podría desencadenar una grave crisis diplomática entre el gobierno de Mariano Rajoy y el del primer ministro belga, Charles Michel, un liberal francófono que se encuentra en el filo de la navaja desde el frustrado referéndum del pasado 1 de octubre en Cataluña.

Michel ha intentado mantener un difícil equilibrio entre el apoyo a Rajoy manifestado por los gobiernos de la UE y la simpatía hacia la causa catalana de algunos de sus principales miembros de su ejecutivo, entre ellos, el ministro de Interior, Jan Jambon, y el secretario de Estado de Emigración y Asilo, Theo Francken, ambos de NVA.

Los independentistas del gobierno belga han ido tensando la cuerda y acorralando a un primer ministro que, durante la última cumbre europea, intentó limar asperezas con Rajoy sobre la aparente connivencia de su equipo con el govern de Puigdemont.

La presencia del ex presidente catalán en Bruselas podría agravar la tensión interna del ejecutivo belga, hasta el punto de poner en peligro la supervivencia de una coalición gubernamental que se había comprometido a aguantar hasta las elecciones generales de 2019.

La petición de asilo también podría desatar una crisis interna en la UE, con dos países enfrentados por la ejecución e una orden judicial. Ese tipo de conflictos era habitual hace 15 años cuando algunos socios de la UE, entre ellos Bélgica, se resistían a atender las peticiones de extradición de otros países europeos.

Pero desde 2004 está en vigor la llamada Orden europea de detención, que en casi todos los casos reemplazó el antiguo sistema de extradición por un modelo mucho más ágil y rápido y con menor interferencia de las autoridades judicial del país que debe entregar al detenido.

En teoría, el país que recibe la petición de entrega dispone de unos plazos tasados para ejecutarla, que oscilan entre 10 días, si el detenido acepta la entrega, o 60 días si no da su consentimiento.

En la práctica, sin embargo, la efectividad de la orden no está garantizada y el proceso puede retrasarse o, incluso, llegar a la no ejecución.

La eficacia de la orden ha mejorado, pero todavía está lejos de garantizar la entrega. En 2005, se dictaron 6.894 órdenes y solo se ejecutaron 836, según datos de la Comisión Europea. Una década después, en 2015, se ejecutan 5.304 órdenes de 16.144 emitidas.

Y Bélgica no es de los países que atienden con prontitud y diligencia la orden europea. En 2013, recibió 621 órdenes de arresto y procedió a 37 entregas, menos del 6%, según datos del Consejo de la UE. En el mismo ejercicio, España recibió 1.156 peticiones y procedió a la entrega de 762 detenidos, un ratio de casi el 66%.

En el mismo año, las autoridades judiciales belgas rechazaron la ejecución e la orden de detención en 16 casos (19% del total de peticiones) y las españolas en 36 (4%).

El carácter de los delitos que se achacan a Puigdemont también puede contribuir a la complicación del proceso, porque se prestan a una lectura política en un país como Bélgica, proclive a conceder asilo político incluso a ciudadanos de otros países de la UE.

Solo hace un año, en 2016, la justicia belga reiteró a entregar a España a Natividad Jáuregui, acusa de pertenencia a ETA y de participar en la comisión de atentados. Los jueces belgas fallaron que “existen serios motivos para pensar que ejecución de la orden europea podría vulnerar los derechos fundamentales” de Jáuregui.

La familia de una de las víctimas ha denunciado el caso ante el Tribunal Europea de Derechos Humanos. Pero Bélgica, que también acumula numerosas sentencias en contra de ese Tribunal, mantiene por ahora el “asilo” a la persona buscada por España, que lleva más de 30 años fugada.

El caso de Puigdemont, sin delitos de sangre, se presta aún más a una interpretación laxa de la orden europea de detención. Y augura un largo proceso si finalmente el ex presidente de la Generalitat opta por intentar esquivar la justicia europea desde Bruselas o cualquier otra ciudad belga.

El partido flamenco NVA ya ha preparado el terreno para que las acusaciones contra Puigdemont se enmarquen en un supuesto movimiento de represión contra Cataluña. El domingo, 48 horas después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, NVA emitió un comunicado en el que calificaba de “inexistente la legitimidad política del gobierno de Mariano Rajoy para tomar el control de Cataluña”.

NVA recordaba que el Partido Popular sólo obtuvo el 8,5% de los votos en las elecciones autonómicas catalanas de 2015. Y advertía al ejecutivo español de que “la actuación brutal del Estado no es la respuesta”.

El mismo domingo, Theo Francken, secretario de Estado de Emigración y Asilo, aprovechaba una entrevista para sugerir la posibilidad de una concesión de asilo al ex presidente de la Generalitat. Y deslizaba sus dudas sobre las garantías procesales que el Estado español ofrecería a Puigdemont en caso de juicio por secesión. Una interrogante que fomenta el caldo de cultivo para que los tribunales belgas acojan con escepticismo una potencial orden de detención de las autoridades españolas.

El Partido Popular ha reaccionado indignado a las palabras de Francken. El eurodiputado popular Estaban González Pons le ha acusado de lanzar “un ataque inaceptable (..) con graves acusaciones al sistema judicial español y al estado de derecho en España”.

González Pons recuerda el dudoso currículum de Francken, conocido por su dureza con las peticiones de asilo por razones humanitarias y su negativa a reconocer ese derecho a familias sirias. Pero la dureza con los sirios y la complacencia con Puigdemont juega a favor de Francken en Flandes... y en contra de la justicia española.

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