La crisis más difícil de la España constitucional

La Constitución ha cumplido con el cometido que se le encomendó: garantizar la unidad del Estado

Hemos asistido a la declaración unilateral de independencia que ha realizado el Parlamento catalán, junto a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las medidas que, propuestas por el Gobierno español, han sido aprobadas por el Senado en virtud de las previsiones constitucionales del artículo 155 de la Constitución. Estas dos situaciones encontradas suscitan en la calle múltiples interrogantes. El artículo mencionado se trata de un precepto constitucional de carácter excepcional (con una trascendencia coercitiva), que debe utilizarse en situaciones igualmente excepcionales o extremas, que conlleven el incumplimiento de obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes, y que ese incumplimiento suponga atentar gravemente al interés general de España. Se trata, en definitiva, de un medio de control excepcional de las comunidades autónomas por el Estado.

Si difícil es para los juristas entender todo lo que está sucediendo, a los no juristas la situación les parece no solo complicada, sino de imposible comprensión, preguntándose por qué ante un desafío sin parangón en estos 40 años de vigencia de nuestra Constitución todavía tenemos que seguir esperando a que se adopten estas medidas.

Las medidas aprobadas entran en vigor inmediatamente, lo que ha permitido a el Ejecutivo acordar a partir de este momento el cese del presidente autonómico y de todos los miembros del Consejo de Gobierno, así como el mandato de que la Administración catalana actuará bajo las directrices de los órganos designados por el Gobierno de la nación. Especialmente inciden estas medidas en tres ámbitos evidentemente relevantes: primero, seguridad y orden públicos; segundo, en relación con la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria, y tercero, en el área de las telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales.

Las autoridades catalanas se colocaron fuera de la ley, y se les deberán aplicar las sanciones previstas

Se ha puesto así en marcha un procedimiento inédito en nuestra historia constitucional con las incertidumbres que esto genera y con la inseguridad acerca del futuro que viviremos. La decisión que las autoridades catalanas, antes de que el pleno del Senado haya aprobado las mencionadas medidas, no ha sido respetar el Estado de derecho y los mandatos de la Constitución, por lo que se han colocado nuevamente al margen del ley y, por lo tanto, se les debería aplicar las sanciones previstas en la ley. Ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado en relación con los recursos de amparo que se le han presentado, en su caso inadmitiéndolos por “manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo”.

En cualquier caso, la intervención en la comunidad y la asunción por parte del presidente Rajoy de las competencias del presidente autonómico en relación a la convocatoria de elecciones, realizada para el 21 de diciembre, nos coloca en un difícil momento de nuestra historia constitucional, probablemente el más complicado que nos ha tocado vivir desde 1978, y sobre el que desconocemos cuánto puede durar. Las medidas cesarán si desaparecen las causas que las motivaron, dándose cuenta al Senado de esta decisión.

Como hemos venido señalando y cumplidos casi los 40 años de vigencia de la Constitución no cabe duda que el Estado de derecho, la democracia, la monarquía y la implantación de un reconocimiento y garantía de derechos y libertades son los pilares de nuestro sistema, que no pueden destrozarse unilateralmente.

Dejando a un lado la valoración política, económica y social de los logros de este camino hacia la libertad, creemos que, jurídicamente, la Constitución ha cumplido con el cometido que se le encomendó, y que debería seguir cumpliéndolo garantizando la unidad de la nación española.

Llegados a este momento de nuestra historia constitucional, estamos viviendo un tiempo incierto y esperemos que estos hechos sirvan para dar soluciones duraderas y satisfactorias en la defensa del Estado de derecho.

Mª Isabel Álvarez Vélez es Profesora Propia Ordinaria de Derecho Constitucional. Facultad de Derecho (ICADE). Universidad Pontificia Comillas