Rajoy fulmina a Puigdemont, asume sus funciones y convoca elecciones para responder a la independencia

Disuelve el Parlamento catalán y desarticula la red de embajadas de la Generalitat

Los comicios autonómicos se celebrarán el próximo 21 de diciembre

Soraya Sáenz de Santamaría controlará las funciones de la vicepresidencia del Govern

El ministro del Interior cesa al Mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero

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La vicepresidenta del gobierno Soraya Saéz de Santamaría, ayer en el Senado. EFE

Y 83 años después de que el presidente de la Generalitat Lluís Companys proclamara el Estado catalán, el Parlamento de Cataluña aprobó este viernes “constituir la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. Igual que en 1934, las posibilidades de éxito son nulas. Por la tarde, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la disolución del Parlamento de Cataluña, el cese del presidente de la Generalitat y de todo su Gobierno y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

Las primeras medidas

Cese de Puigdemont. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el cese inmediato de Carles Puigdemont, aunque no está nada claro cómo se hará efectiva la destitución. También destituyó a todo el Gobierno catalán, cuyas funciones serán asumidas por los ministerios de cada ramo.

Elecciones generales. Las funciones del presidente de la Generalitat pasan a ser asumidas por Rajoy, lo que significa poder convocar elecciones. Rajoy no esperó y nada más terminar el Consejo de Ministros extraordinario anunció la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre.

Control electoral. Las medidas del 155 contemplan que la intervención estará vigente hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno catalán. El Ejecutivo central será quien organice los comicios.

Embajadas. El Consejo de Ministros aprobó el cierre de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Así, no hubo volantazo de última hora para evitar el escenario más traumático. La cámara catalana apoyó en una votación en urna – y por lo tanto anónima– la proclamación de la independencia y el Senado dio vía libre al artículo 155. La secesión recibió 70 votos a favor, dos en blanco y 10 en contra. Durante la votación se ausentaron los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. La cámara catalana tiene 135 diputados.

El Estado, que cuenta con el monopolio de la violencia y mantiene un notable despliegue de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña, aplicará las medidas coercitivas amparadas en la Constitución Española. Entre la aprobación de la “República catalana” y el visto bueno del Senado al artículo 155 pasaron 45 minutos. La Cámara Alta apoyó el plan del Gobierno con el voto a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, Foro, UPN y CC. En el otro lado, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu y Compromís votaron en contra, mientras que Nueva Canarias se abstuvo. Los expresidentes de la Generalitat de Cataluña José Montilla y de Baleares, Francesc Antich, optaron por ausentarse durante la votación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta misma tarde el catálogo de medidas generales aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 21 de octubre y refrendada ayer por el Senado. Es decir, ya están en vigor.

En paralelo, en una edición del BOE que ya lleva fecha de hoy sábado y por tanto ya en vigor, el ministro del Interior ha destituido al Mayor de los Mossos de Escuadra, José Lluis Trapero, investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición.

Esta misma edición del BOE publica la forma y manera en la que los diferentes ministerios del Gobierno central asumirán desde hoy mismo el control y gestión de las consejerías y departamentos de dirección de la Generalitat. La relación publicada comienza con la asunción por parte de Mariano Rajoy de todas las competencias del presidente de la Generalitat, al igual Soraya Sáenz de Santamaría asumirá las competencias de la vicepresidencia del Gobierno autónomo. Si bien, y tal como recoje el BOE citado, Rajoy ha cedido las funciones de la presidencia de la Generalitat a su vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría.

En el concreto ámbito del ministerio de Hacienda, el departamento de Cristobal Montoro, controlará  las unidades de financiación de la Comunidad Autónoma integradas en la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro.

Controlara además la  Dirección General de Patrimonio de la Generalitat, la  Dirección General de Planificación y Estudios Fiscales, la  Dirección General de Tributos y Juegos, y la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat de Cataluña.

También dispondra de la gestión de la la Oficina del Contribuyente,  y de la Dirección General de Promoción Económica,  en lo relativo a los fondos estructurales y de inversión europeos.

En paralelo, asumirá las funciones de la la Dirección General de la Intervención, dependiente directamente del Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda de la Generalitat.

También pondrá bajo su gesitón la operativa concreta de las funciones de la Dirección General de Función Pública y de la Dirección General de Modernización e Innovación de la Administración.

Pasará a controlar directamente las funciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y las del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT).

Igualmente se hrá cargo de las funciones de la Dirección de Transparencia, datos abiertos y calidad democrática. Controlará todas las funciones de la Dirección General de Contratación Pública del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales, Internacionales y Transparencia.

Y por último hará suyo el control de las participaciones en empresas públicas catalanas "sin perjuicio de las competencias del asesoriamiento que deban prestarlos distintos departamentos minisiteriales con competencias relacionadas con el objeto social de dichas entidades".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó que el Estado “reaccionará” ante el “acto delictivo” que supone declarar la independencia de Cataluña. Tras un Consejo de Ministros extraordinario, Rajoy se comprometió a responder con “proporcionalidad”, pero avisó de que el Estado cuenta con instrumentos suficientes para devolver a la legalidad.

Rajoy anunció el cese del presidente Puigdemont y de todo su equipo. Si bien el acuerdo de aplicación del 155 contemplaba la celebración de elecciones en un plazo máximo de seis meses, el presidente del Gobierno sorprendió al anunciar la disolución inmediata del Parlamento catalán y la convocatoria de comicios para el 21 de diciembre. Un movimiento que refleja que el Ejecutivo central no tiene intención de perpetuar su control de laGeneralitat ni llevar a cabo una recentralización encubierta.

Junto al cese del Gobierno de la Generalitat, el Consejo de Ministros aprobó que los ministerios del ramo de cada consejería asuman el control. Se extinguen las oficinas del presidente y vicepresidente, el Consejo de Transición Nacional, el patronato Diplocat, las delegaciones en el extranjero. También se cesan a los delegados de la Generalitat en Bruselas y en Madrid y al director general de los Mossos d’Esquadra.

Estas fueron las primeras medidas, pero puede haber otras en función de como se desarrolle la situación. En el ámbito económico, el Ministerio de Hacienda ya mantenía el control sobre las cuentas públicas catalanas a través de las disposiciones de la Ley de Estabilidad. Ahora, el departamento de Cristóbal Montoro pasará a gestionar además los impuestos propios que recauda la Generalitat. El acuerdo también contempla la posibilidad de intervenir las radios y televisiones públicas catalanas para garantizar una “información veraz, objetiva y equilibrada”.

La posibilidad de que la población civil trate de impedir la aplicación del 155 supone un escenario real y peligroso. El riesgo de que la situación derive en revueltas, tensión y violencia no parece una posibilidad descabellada.

  • Batalla judicial.

En paralelo a la aplicación del 155, el Estado iniciará una batería de medidas en el ámbito judicial. La Fiscalía General del Estado presentará el próximo lunes una querella por rebelión contra los promotores de la declaración de independencia. De hecho, ya lleva tiempo preparándola por si finalmente ocurría lo que ha sucedido este viernes. “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, reza el artículo 472.5 del Código Penal. La legislación contempla penas de hasta 30 años. La Generalitat sostiene que este artículo no debe aplicarse en la medida en que no se ha producido un alzamiento violento. Los independentistas se han intentado proteger de las consecuencias jurídicas y penales votando en urna para salvaguardar el sentido de su voto. Los diputados de Cataluña Sí que es Pot participaron en la votación y muchos de ellos mostraron que votaron no antes de introducir el papel en la urna. No fue el caso del líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín, que aseguró que votó en contra de la resolución, pero que no mostró la papeleta en “solidaridad con alguna gente que probablemente sea perseguida por el sentido de su voto”.

En cualquier caso, la querella irá dirigida con toda seguridad hacia el presidente de la Generalitat, a todos los miembros de su Gobierno, a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell y a otros cargos de la Mesa de la cámara catalana.

Otra cuestión relevante será ver si Puigdemont y Junqueras pueden concurrir a las elecciones del 21 de diciembre o si son inhabilitados para ello.

El Consejo de Ministros también interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular las resoluciones aprobadas por el Parlamento y que incluyen la declaración de independencia.

  • Puigdemont, callado.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no intervino durante la sesión en el Parlamento. En su declaración del jueves, el dirigente catalán explicó que tenía la intención de convocar elecciones generales pero que no siguió esa vía por la negativa del Gobierno de Rajoy a descartar la intervención de la autonomía catalana. Durante el pleno en el que se declaró la independencia, el presidente de la Generalitat rehusó pronunciar un discurso solemne. Se limitó a permanecer sentado en su escaño. De hecho, la sesión fue hasta cierto punto desangelada, quizás influyeron las sillas vacías de los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. La formación de Xavier Albiol, como ya hizo en la votación de la Ley de Referéndum y de la Ley de Transitoriedad, dejaron banderas catalanas y españolas en sus escaños.

Los alrededores del Parlamento y de la Plaza Sant Jaume de Barcelona, donde se encuentra la sede de la Generalitat, se llenaron de independentistas que celebraron la proclamación de la independencia.

En ciudades como Girona o Sabadell, los ayuntamientos arriaron las banderas españolas y solo dejaron la catalana y la de la ciudad. “Fora, fora, fora la bandera espanyola”, gritaban los independentistas ante el Palacio de la Generalitat, donde la rojigualda no se descolgó. En muchos pueblos se sucedieron las muestras de alegría de los independentistas, quizás conscientes de que no habría mucho tiempo para celebraciones.

  • Apoyo de PSOE y C’s.

El líder del PSC, Miquel Iceta, es una de los políticos que en las últimas horas intentó con mayor insistencia evitar la proclamación de la independencia y la aplicación del artículo 155. También el lehendakari, Íñigo Urkullo, trabajó en la misma línea. Y, desde el Senado, el PSOE negoció con el Gobierno para que se comprometiera a no intervenir Cataluña si finalmente Puigdemont convocaba elecciones. Una enmienda que los socialistas finalmente retiraron cuando leyeron la resolución independentista que Junts pel Sí y la CUP habían llevado al Parlamento catalán. El PSOEtambién propuso que la intervención de TV3 y Catalunya Radio quedara fuera de la aplicación del 155, una propuesta que el PPestudió y que finalmente descartó cuando comprobó que el Parlamento catalán no renunciaba a la secesión.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, que durante la crisis ha mantenido un diálogo constante con Moncloa, apoyó al Gobierno. “Prevalecerá la unidad de España. Cataluña seguirá siendo España, porque por irresponsables que sean los que gobiernan no se concibe España sin Cataluña ni Cataluña sin España”, defendió.

Sánchez también defendió que la causa independentista queda fuera del ámbito de la izquierda porque el secesionismo representa “egoísmo, fractura y unilateralidad”.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, es el partido que con más insistencia ha reclamado la aplicación del 155. Tras señalar que “hoy es un día triste”, se mostró convencido de que los independentistas no lograrán su objetivo y acusó de cobardía a Puigdemont y Junqueras por haber votado en urna y poder ocultar el sentido de su voto ante un posible tribunal de justicia.

Podemos, por su parte, es la única gran formación de ámbito estatal que no se ha puesto al lado del Gobierno de Mariano Rajoy en este proceso. Aun así, también criticó la declaración de independencia. “Estamos tristes, no había derecho a la declaración que hemos visto. Ni DUI ni 155”, señaló el líder de la formación morada, Pablo Iglesias. Podemos se ha posicionado a favor de la celebración de un referéndum pactado, una posición que recordó que tiene un apoyo mayoritario en Cataluña. “Defendemos España, su diversidad y su carácter plurinacional”, concluyó. Una posición similar defendió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. “Tanto hablar del choque de trenes en condicional o en futuro, cuesta asimilar que hoy haya llegado el día. Una década de desidia del PP con Cataluña culmina con la aprobación del Senado del artículo 155”, escribió en su perfil de Facebook. También lamentó los estruendosos aplausos que los senadores populares brindaron a Rajoy en las partes más duras de su discurso.

Colau señaló que los independentistas no tienen una mayoría suficiente. En las últimas elecciones, los votos a Junts pel Sí y la CUP, las dos formaciones netamente independentistas lograron más de la mitad de los escaños, pero se quedaron por debajo del 50% de los votos. Y todas las encuestas muestran que los partidarios del independentismo no son mayoría.

  • Reacción internacional.

Desde Bruselas, la primera reacción fue la del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. “Para la Unión Europea nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor”, señaló en su cuenta oficial de Twitter.

El Departamento de Estado de EEUU afirmó que “Cataluña es una parte integral de España” y aseguró que el Gobierno estadounidense apoya las medidas adoptadas por el Ejecutivo español para mantener a España “fuerte y unida”. Así lo defendió el portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un breve comunicado.

La Unión Europea y la comunidad internacional están formadas básicamente por Estados y la tendencia natural siempre será de apoyar a su igual. A pesar de los esfuerzos de la Generalitat, el proceso soberanista no cuenta con apoyos internacionales, al menos, de peso. A pesar de que la causa independentista obtuvo algún guiño de Bélgica o Finlandia, los Estados miembros apoyan al Gobierno de Mariano Rajoy y ayer cerraron todos filas.

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