La Generalitat vuelve a informar a Hacienda de sus gastos semanales

El ministro señala que no es suficiente para desbloquear las cuentas catalanas

Avisa de que la intervención tiene carácter indefinido

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a su llegada a su comparecencia en el Congreso para explicar el mecanismo de pagos aprobado pro el Ejecutivo para evitar que la Generalitat de Catalunya desvíe dinero al referéndum del 1 de octubre. EFE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas coercitivas adoptadas después de que la Generalitat desoyera el ultimátum de 48 horas que impuso el Ejecutivo central en el último Consejo de Ministros. El responsable de las cuentas públicas sorprendió al anunciar que Hacienda recibió esta mañana el informe semanal de los gastos de la Generalitat, una de las condiciones que se impuso en julio para controlar que no se destinaran recursos al referéndum independentista del 1 de octubre. De hecho, fue el vicepresidente Oriol Junqueras quien anunció la semana pasada que la Generalitat ya no se sentía vinculada a las órdenes del Gobierno y dejaba de informar al Gobierno. Aun así, fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguran que el envío de la información de los gastos mensuales no modifica el bloqueo presupuestario vigente. La Generalitat debería renunciar al proceso soberanista para que Hacienda devolviera la gestión económica a las autoridades catalanas.

El Gobierno de Mariano Rajoy, basándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ordenó el pasado viernes a la Generalitat a aprobar un acuerdo de no disponibilidad y exigió que las autoridades catalanas informaran de las deudas pendientes de pago.

La Generalitat no respondió a las exigencias del Gobierno y Montoro ha firmado hoy una nueva orden ministerial que se publicará el jueves en el BOE y que supone la intervención total de las cuentas catalanas. En concreto, Hacienda acuerda el cierre del Presupuesto de la Generalitat, que en la práctica supone que no se podrán adquirir nuevas deudas a partir de ahora y que solo se asumirán gastos con respaldo presupuestario. Además, el mando pasa a manos del departamento de Hacienda, que se ha comprometido a abonar las deudas pendientes de la Generalitat ligadas a los servicios básicos.

Montoro avisó de que las medidas coercitivas aprobadas tienen carácter indefinido y se mantendrán hasta que la Generalitat cumpla con sus compromisos. Montoro defendió que el escenario no puede compararse con el artículo 155 de la Constitución Española porque las competencias de la Generalitat no han sido anuladas, aunque el control de la tesorería pasa a manos de Hacienda. 

El ministro de Hacienda aseguró que espera que la Generalitat de Cataluña informe de las obligaciones pendientes para que el Estado pueda pagar a proveedores y funcionarios. Montoro aseguró que el Gobierno trabaja en mecanismos para garantizar el pago de las nóminas de los empleados públicos. Sin embargo, no dio detalles. A pesar de la situación de excepcionalidad y de que los colaboradores directos del vicepresidente y consejero de Hacienda, Oriol Junqueras, han sido detenidos, Hacienda espera que la Generalitat colabore en este punto para facilitar el ingreso de los sueldos públicos. "No estamos asumiendo competencias, sino que estamos garantizando gastos", repitió Montoro.

La Generalitat de Cataluña está estudiando facilitar los datos de las nóminas para que sean abonadas por el Estado. El Ejecutivo ha bloqueado las entregas a cuenta que periódicamente abona con cargo al sistema de financiación y que suponen en torno a 1.400 millones al mes. Sin ese dinero, la Generalitat ve totalmente mermada su capacidad de decisión.

Los representantes de PDeCAT, ERC y Podemos aseguraron que el Gobierno está incumpliendo su propia normativa y que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla la intervención de las cuentas, pero exige una serie de requisitos y avisos previos que el Gobierno se ha saltado. Denunciaron que una orden ministerial no puede ser el sustento legal que permita a Hacienda tomar el control de las cuentas públicas.

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