Finaliza sin acuerdo la reunión entre Hacienda y sindicatos de funcionarios

El Gobierno elude de hablar de cifras concretas y convoca otra reunión el martes

De las previsiones económicas expuestas por Hacienda parece que el Ejecutivo baraja ofrecer entre un 5,5% y un 6% de mejora en tres años, muy lejos de las peticiones sindicales

Salida de los sindicatos tras la reunión con la secretaria de Estado Elena Collado. En la imagen: Frederic Monell de UGT (a la izquierda de la imagen), Antonio Cabrera de CC.OO (centro) y Miguel Borra de CSIF (derecha).rn
Salida de los sindicatos tras la reunión con la secretaria de Estado Elena Collado. En la imagen: Frederic Monell de UGT (a la izquierda de la imagen), Antonio Cabrera de CC.OO (centro) y Miguel Borra de CSIF (derecha). EL PAÍS

Pesimismo y perplejidad fueron los dos sentimientos con los que salieron este jueves los tres grandes sindicatos de funcionarios, UGT, CC OO y CSIF de la reunión que mantuvieron con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

Pesimismo porque tal y como reconoció el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell, la sensación al término del encuentro es que hoy el acuerdo con el Gobierno es más improbable de lo que pensaba que sería hace una semana.

Y perplejidad porque a solo una semana para que sean aprobados en Consejo de Ministros los Presupuestos del Estado para 2018 el Gobierno sigue sin dar a conocer cuál es la oferta de incremento salarial que ofrece aplicar a los casi tres millones de empleados públicos los próximos tres ejercicios, hasta el final de la legislatura.

"Esperábamos más concreción puesto que el Ministerio ya nos había especificado que estaban valorando que la subida estuviera compuesta de una parte fija y otra variable en función del crecimiento del PIB esperado para los próximos años", explica Monell. Nosotros ya le habíamos indicado que nos parecía razonable vincular parte del incremento de los sueldos al PIB porque es algo que ya se ha realizado alguna vez en la Administración y es más habitual en el sector privado.

Sin embargo, para hoy esperaban que el Gobierno presentara sus números con el objetivo de poder comenzar a debatir si estaban o no cerca de las pretensiones planteadas por los sindicatos. "Por el contrario, lo que han hecho es hablar de filosofía, de cómo sigue siendo prioritario cumplir con el déficit, por lo que sinceramente pensamos que hoy el acuerdo está más lejos que hace una semana", añaden desde UGT.

Desde CC OO y CSIF muestran de la misma manera su preocupación por lo lejos que parecen estar las posturas a ocho días de que las cuentas públicas superen su primer trámite. El Gobierno, por su parte, se ha limitado a exponer el escenario macroeconómico que espera para los próximos años y cómo espera que se comporten los precios hasta 2020. De ahí se deduce que el departamento que dirige Cristóbal Montoro estaría barajando ofrecer a los empleados públicos una mejora salarial de entre el 5,5% y el 6% en tres años, a años luz de lo que reclaman los tres sindicatos.

"De confirmarse esas cifras, y con una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 13% y el 23%, según los colectivos, apoyar ese incremento sería tratar de tomar el pelo a los empleados de la función pública", advierte Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Servicios Sanitarios de CC OO.

De esta manera, la percepción compartida por los representantes de los tres sindicatos asistentes a la reunión es que frente a los mensajes conciliadores del ministro reconociendo el esfuerzo realizado por los funcionarios, la disponibilidad a recuperar buena parte del poder adquisitivo perdido en un escenario plurianual se aleja.

En cuanto a la recuperación de la jornada de 35 horas, el Gobierno se ha mostrado inflexible a recuperar la situación que contemplaba el estatuto del empleado público antes de la crisis, donde se especificaba que la jornada sería como máximo de 35 horas. El Ejecutivo defiende que el coste de volver a generalizar esa jornada a toda la Administración es muy elevado. Y los sindicatos defienden, tal y como insisten fuentes de CSIF, que lo más razonable es que el Estado renuncie a imponer un criterio en todo el territorio y deje a cada Administración que negocie con los sindicatos y en función de su situación qué jornada puede aplicar.

En lo que sí parece que ha habido cierto acercamiento es en materia de empleo y en la prestación por incapacidad temporal. Hacienda ha transmitido a los sindicatos que está dispuesta a extender la oferta extraordinaria de empleo público a más colectivos y a eliminar o al menos ampliar las tasas de reposición (porcentaje de empleados que se jubilan que pueden sustituirse) a más colectivos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la Universidad o los servicios sociales, entre otros.

Respecto a la incapacidad temporal, la Secretaría de Estado de Función Pública también se ha mostrado partidaria de seguir estudiando la situación actual del absentismo en España y de ampliar el catálogo de enfermedades que quedarían excluidas de los recortes que se aplican ahora a los trabajadores que causan baja.

"Nuestra propuesta es clara, tenemos que conseguir que a ningún trabajador que caiga enfermo le cueste dinero de su salario estar de baja y que ningún trabajador acuda enfermo a trabajar por no poderse permitir ese recorte de sueldo", coinciden los tres sindicatos.

Radiografía del sector público

Gobierno y sindicatos afrontan la recta final de la negociación con las posturas muy enfrentadas.

 Efectivos. La plantilla total del sector público asciende a poco más de 2,974 millones de trabajadores, un 0,1% por encima del nivel registrado en 2007. Sin embargo, en 2010, el máximo de la serie, la Administración llegó a contar con 3,25 millones de empleados. El mínimo se marcó en 2013, con 2.909.000 trabajadores. Esos más de 276.000 puestos destruidos por la crisis son los que ahora los sindicatos plantean recuperar para mejorar la calidad de los servicios públicos y promover el rejuvenecimiento de las plantillas. Hay departamentos donde más del 60% de los efectivos es mayor de 55 años. El Gobierno defiende haber puesto en marcha la mayor oferta de empleo público de la década con más de 20.000 plazas y la regularización de más de 200.000 interinos.

Poder de compra. Al abordar la pérdida de poder adquisitivo los números tampoco coinciden. Los sindicatos sitúan la pérdida promedio entre el 13% y el 23%, ya que algunas organizaciones recuerdan que no todos los colectivos se vieron afectados por igual. Hacienda elude dar cifras y defiende que la prioridad es el déficit.

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