El derecho de huelga, la gestión aeroportuaria y la sostenibilidad turística
No puede seguir siendo España el único país en el que es imposible regular los paros laborales
El conflicto abierto en los servicios de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que proporciona una visibilidad descomunal a escala nacional e internacional por la gran afluencia de viajeros en estas fechas, pone en evidencia la debilidad del sistema de contratación de los servicios; la confusa cadena de responsabilidades políticas y empresariales; la laxitud de la legislación que debe regular el derecho de huelga y el de los viajeros; y la vulnerabilidad de una actividad básica para la economía como es el turismo. Cada una de ellas merece una seria reflexión y todas, cambios que pongan racionalidad y efectividad; en caso de no hacer nada, que es la tentación fácil, el riesgo de reproducción del conflicto seguirá enquistado, y las únicas víctimas serán, vía la diáspora del turismo, los trabajadores y empresas que viven de ello.
En primer lugar, no estaría de más poner legislativamente coto a los mecanismos de presión laboral cuando el daño causado es muy superior al que se pretende reparar con la huelga, como es el caso en este conflicto, en el que se toman de rehenes a los centenares de miles de viajeros que pasan por las instalaciones de El Prata cada día, con una media de más de 500 vuelos operados. Pese a la resistencia sindical, una regulación del ejercicio de la huelga sigue siendo una asignatura pendiente que no puede seguir retrasándose en este país. En segundo lugar, la práctica empresarial de arañar márgenes en la subcontrata de servicios debe tener límite, por poca trascendencia que tengan tales servicios, que no es el caso si se trata de la seguridad como demuestran los episodios terroristas los últimos años.
Y debe quedar claro también quién es el responsable de las cosas. El Prat siempre ha sido un paradigma de disputa, casi siempre más por la ramplona búsqueda de rentabilidad política que por la prestación de un servicio excelente; en este caso una pendencia corregida y aumentada por la deriva independentista de la Generalitat. Pero quien gestiona el aeródromo es AENA, exitosa cotizada en Bolsa, que debe cerrar ya este conflicto y otros en ciernes, porque por sus manos pasan millones de viajeros al año, la imagen de España y buena parte de la primera industria del país.
