Los costes de transición a la competencia del taxi
El sector pide articular un fondo para compensar el importe de las VTC pendientes de amortizar
La pasada semana vivíamos una nueva jornada de huelga de taxistas en Madrid y Barcelona, que volvía a colapsar aeropuertos y accesos a las ciudades, generando incomodidad a los residentes y mala imagen y desconcierto entre los numerosos turistas. Así las cosas, continúa subiendo por momentos la tensión entre un sector tradicional de nuestra economía y las nuevas plataformas tecnológicas de conductores, con unos gobiernos atrapados entre ambos bandos, inoperantes y faltos de ideas e iniciativa.
Las reivindicaciones de los taxistas son legítimas en la medida en que han adquirido unas costosas licencias de actividad sobre la base de una oferta limitada, garantizada por las administraciones, y ahora en cambio fuera de control. Al mismo tiempo, la llegada de las nuevas herramientas tecnológicas es inevitable y ya genera situaciones absurdas, con determinadas plataformas operativas y otras, en cambio, prohibidas. Nos encontramos pues ante un cambio radical en la estructura del mercado, con pérdidas y ganancias para ciertos colectivos que los poderes públicos deberían regular.
El acceso al mercado de los nuevos conductores se efectúa a través de licencias VTC, otorgadas por los Gobierno autonómicos por unos pocos euros, pero luego revendidas a precios que alcanzan las decenas de miles de euros. Esta distorsión ilustra el precio real de acceso al mercado de los nuevos competidores y es proporcional al menoscabo que sufren los taxistas.
Recientemente, el Gobierno catalán anunciaba una moratoria de dos años en las licencias VTC, que no soluciona el fondo del problema, que es la apertura incontrolada de la oferta y la necesaria compensación a aquellos que invirtieron antes de este cambio. Mientras, los municipios sufren los efectos del conflicto pero cuentan con pocas herramientas legales para solventarlo. Sin embargo, la historia nos ofrece un caso análogo muy ilustrador.
Hace 20 años, se abría a la competencia el sector eléctrico español, lo cual generaba incerteza sobre la amortización de ciertos activos productivos. El poderoso e influyente lobby eléctrico consiguió que el Gobierno le reconociera unos generosos Costes de Transición a la Competencia (CTC), que levantaron bastante polémica entonces y ahora también. Sin ir más lejos, el pasado año el grupo parlamentario En Común Podemos planteó aún una proposición no de ley en el Congreso de Diputados para reclamar los ingresos indebidos de los CTCs.
Los CTCs quedaron definidos en unos 10.500 millones de euros a finales de los años noventa, una cifra que las eléctricas cobraron con creces a través del recibo de la luz. Ya en 2004, varias fuentes constataban que las estimaciones de los CTCs fueron demasiado generosas y generaban unos ingresos extra de más de 3.000 millones. Se han presentado denuncias al Tribunal Europeo de Justicia, pero de momento las eléctricas ya han ingresado estos millones en sus bolsillos.
El taxi también merece unos CTCs, que se deberían calcular y pagar de manera clara y transparente. Es preciso pues articular un Fondo de Transición del Taxi (FTT), alimentado con los ingresos por subastas competitivas de licencias VTC y destinado a compensar a los taxistas por el importe de las licencias pendientes de amortizar. Esta cifra se obtendría a partir del coste inicial de la licencia –debidamente acreditado–, el tiempo transcurrido y los ingresos históricos del profesional. Las recientes adjudicaciones de VTC deberían quedar en suspenso hasta la entrada en vigor de este mecanismo de regulación del mercado.
Desgraciadamente, los gremios del taxi no disponen a priori de la influencia de las grandes eléctricas. Les resultará muy difícil competir con los sueldos que aquellas pagan a expolíticos de todos los partidos en sus flamantes consejos de administración. Los grandes bufetes y gabinetes de lobistas de Madrid y Bruselas tampoco se pelearán por defender a un ejército de autónomos, pequeños empresarios y arrendatarios de licencias.
En cualquier caso, corresponde a los poderes públicos encontrar soluciones urgentes para amortiguar la inexorable transición a la competencia de un gran colectivo del que dependen muchas familias y que ha sido durante décadas elemento clave de cohesión social y de integración laboral de la mujer y de los inmigrantes.
Jacinto Soler-Matutes es doctor en Economía y asesor de la patronal Pimec.
