JP Morgan avisa de que el ‘procés’ dispara la prima de riesgo de la deuda catalana
El banco de inversión señala que el diferencial está disparado al rondar los 200 puntos básicos La cotización de la deuda andaluza está cara frente a sus datos macro
La gran banca de inversión tiene en el punto de mira a Cataluña. La tensión política entre el Ejecutivo central y el de Puigdemont traspasa fronteras, con uno de sus hitos el pasado 9 de junio. Entonces, el presidente de la Generalitat anunció un referéndum unilateral sobre la independencia y esto está teniendo efectos adversos en el mercado de su deuda.
JP Morgan publicó ayer un informe destinado principalmente a inversores extranjeros. El documento al que ha tenido acceso Cinco Días asegura que la deuda de la región que tiene programada una consulta el 1 de octubre sobre la posibilidad de desconectarse del resto de España, está sufriendo. "Aparte de Cataluña, que parece sufrir una prima de riesgo político alrededor de los 200 puntos básicos (véase gráfico), el resto de los bonos autonómicos cotiza cerca del valor justo de acuerdo a nuestra evaluación”, sentencian.
La vuelta del interés al mercado regional de deuda llegó de la mano del Banco Central Europeo (BCE), que en diciembre de 2015 anunció que no solo compraría bonos soberanos y de agencias públicas, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), sino también deuda cotizada regional y municipal.
1%
es lo que paga el ICF en los pagarés a dos años
Este programa ha reducido hasta niveles bajísimos los rendimientos. JP Morgan señala que los bonos regionales que cotizan más baratos son los de Murcia y Baleares, mientras que los de Andalucía son los más caros. Con un índice económico del 36% –siendo 0% la peor puntuación y 100%, la mejor– la prima de la deuda cotizada de la autonomía que preside Susana Díaz que vence en 2020, frente a su homóloga estatal, es casi inapreciable. La de Cataluña, con una nota económica del 38%, cotiza con diferencial por encima de los 200 puntos básicos.
El mercado catalán de bonos está roto
“No hay nada de nada: nadie compra, nadie vende. No existe mercado primario ni secundario, al estar siendo financiados por el FLA; sinceramente, no existe mercado, solo vemos de vez en cuando demandas en los pagarés del Instituto Catalán de Finanzas (ICF)”, señaló a este periódico hace unos días Javier Ferrer Delgado, director de tipos de interés, mercado de divisas y renta fija de Ahorro Corporación.
La Generalitat no puede emitir deuda, no cumpliría con el precepto de venderla con un diferencial máximo de 50 puntos básicos al mismo plazo frente al Tesoro. Pero sí existe una fórmula para obtener cierta liquidez, como explican desde Ahorro Corporación. El ICF es una especie de versión catalana del Instituto de Crédito Oficial (ICO) estatal. Este efectúa pequeñas emisiones de pagarés a un máximo de dos años.
Las rentabilidades de los pagarés del ICF oscilan entre el 0,2% de los que vencen en tres meses y el 1% de los que expiran en dos años. Lejos de pagar, el Tesoro español a esos plazos cobra alrededor del 0,5% y del 0,04%, respectivamente.
Los inversores, asustados ante el desafío del Govern, han comenzado a exigir cláusulas que requieren la mudanza del domicilio social e incluso más allá, como la petición de planes de contingencia específicos, si llega a producirse la independencia, como publicó este periódico el 24 de julio. En su mayoría, eso sí, de momento no se incluyen.
El índice económico de JP Morgan, de elaboración propia, tiene en cuenta variables como el producto interior bruto (PIB) per cápita, su crecimiento anual, la tasa de desempleo o la relación de deuda respecto al PIB.
El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se creó en 2012 y después se pusieron otras herramientas para proporcionar efectivo a las autonomías, como la Facilidad Financiera y el plan de pago a proveedores.
Liquidez de los bonos
En lo que va de año, Madrid, Asturias, País Vasco, Castilla y León y Navarra han emitido bonos por unos 3.600 millones de euros, según los datos recopilados por Bloomberg. Hacienda permite que salgan al mercado siempre que no paguen más allá de 50 puntos básicos por encima de lo que ofrece el Tesoro Público al mismo plazo.
Las comunidades autónomas han recibido desde que se pusieron en marcha las distintas herramientas y hasta diciembre del año pasado unos 215.000 millones. El Fondo de Liquidez Autonómico es utilizado por las regiones que incumplen el déficit impuesto por el Estado, fijado en el 0,6% del PIB para este año, y que han pactado unas determinadas medidas de ajuste. La Facilidad Financiera está disponible para las regiones cumplidoras. Castilla y León y el Principado de Asturias, de hecho, se han adherido a esta fórmula en el tercer trimestre. No necesitarán realizar colocaciones en mercado. En este fondo ya estaban, y continúan, Galicia y Canarias.
Los cálculos de JP Morgan revelan que este año el FLA ya ha inyectado unos 17.500 millones en las autonomías que le han solicitado efectivo. Y el ministerio que dirige Cristóbal Montoro prevé que este importe hasta septiembre, computando también la Facilidad Financiera, crezca a los 18.500 millones de euros.
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia están en el FLA.
La prima de riesgo de la deuda autonómica emitida por el Gobierno Catalán–el diferencial respecto al bono soberano español al mismo plazo– está en niveles elevados, como publicó CincoDías el pasado 19 de julio.
La liquidez de los bonos emitidos por la Generalitat es mínima, y la prima de riesgo varía notablemente en función de la emisión que se tome como referencia. La rentabilidad del bono estatal español que vence en abril de 2035 es del 2,6%, frente al 5,5% de su comparable catalán, que expira en abril de ese año. La prima se sitúa en torno a 290 puntos básicos.
La protección estatal está cuestionada, después de que el Ejecutivo haya tomado medidas para controlar cada euro que el FLA destina a Cataluña. El objetivo es que no se utilice ese dinero para los preparativos del referéndum prometido por el Govern y prohibido por el Ejecutivo Rajoy. “No existe garantía explícita del Gobierno central ni un rescate incondicional [...]”, añaden desde JP Morgan sobre la liquidez estatal para las autonomías.
Cataluña prevé solicitar al FLA más de 7.300 millones de euros este ejercicio. Es la autonomía que más debe al Estado (50.627 millones de euros) con un pasivo total de 75.443 millones, el 35% de su PIB. Un porcentaje que solo superan la Comunidad Valenciana (42%) y Castilla-La Mancha (37%).
Con un rating inferior al de inversión en su deuda por parte de las tres grandes agencias –S&P, Moody’s y Fitch–, los bonos cotizados de Cataluña han pasado de 13.000 millones de finales de 2014 a unos 7.000. La Generalitat no sale al mercado con una gran emisión de deuda mayorista desde 2009.
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