Inversores compran deuda subordinada y ‘cocos’ de Popular a precio de saldo

Se cruzan operaciones pese a que los bonos deberían valer cero tras la intervención La entidad colocó 2.030 millones entre particulares y grandes inversores

Belén Trincado

El 6 de junio fue el último día de Banco Popular como tal. En la madrugada siguiente, las autoridades europeas activaron por primera vez el mecanismo de resolución bancaria. Según este, quienes deben pagar por un banco inviable, como se decretó que era Popular, son los dueños del capital.

Los inversores, tanto en acciones como en deuda subordinada, asumieron el agujero de la entidad: los títulos pasaban a valer cero y la entidad se vendía a Santander por el precio simbólico de un euro. Los tenedores de estos activos vieron evaporada su inversión en un suspiro; los de deuda sénior y los depositantes (incluidos los de más de 100.000 euros en su cuenta) salieron ilesos.

El día después de la intervención ha estado marcado por la batalla legal. Inversores de referencia y particulares, empleados y fondos barajan acciones legales; contra el banco, sus gestores o las autoridades. Y la posibilidad de litigar para recuperar parte de la inversión empieza ya a tener algún reflejo en el mercado.

Según datos de Reuters, continúan cruzándose en el mercado de deuda corporativa algunas operaciones sobre la deuda subordinada de Popular, a pesar de que dicha deuda se ha canjeado por acciones que han sido amortizadas (las procedentes de los cocos) o han sido compradas por un euro por Santander(las resultantes de la metamorfosis de la deuda subordinada). Es decir, sobre el papel este pasivo vale cero. Pero algunos inversores han comprado. A precios, eso sí, de derribo: entre el 0,2% y el 0,4% del nominal (véase gráfico).

S&P: las batallas legales serán inevitables

La agencia de rating publicó ayer un informe en el que afirma que “aunque la resolución de Banco Popular fue un éxito en muchos aspectos, consideramos que los retos legales son probablemente inevitables”.

El informe apunta que los tenedores de bonos “podrían cuestionar la enorme diferencia entre el valor neto utilizado por las autoridades de resolución –entre 2.000 y 8.200 millones de euros negativos– y el valor neto de los activos tangibles de 7.500 millones reportado por Banco Popular a finales de marzo de 2017”.

Entre los problemas sin resolver tras la intervención de Banco Popular, S&P destaca la sensibilidad respecto a la confianza en entidades bancarias, la falta de transparencia en torno a las intervenciones regulatorias y la provisión de liquidez de emergencia para las entidades en dificultades. Señala además que el “carácter opaco” de la intervención regulatoria y de la liquidez de emergencia de los bancos en problemas, puede provocar que los inversores “revisen su participación” en otros bancos europeos.

Una valoración ínfima, pero que está relacionada con las posibilidades de éxito de un eventual litigio por la deuda subordinada. Cinco días antes de que Santander se hiciera con el control de Popular, el precio de los bonos subordinados era del 88,5%. Es decir, por cada 100 euros se recuperaban 88,5. Hay que remontarse a mediados de mayo para que el precio se situara por encima de los 100 euros.

“Cuando un activo cotiza tan bajo [como los citados dos o cuatro céntimos] es básicamente una opción gratuita”, explica a la agencia Bloomberg un gestor de fondos. Esto significa que, por lejana que sea la posibilidad de obtener algo de dinero a cambio de la deuda subordinada, el bajo precio de compra es un incentivo para inversores oportunistas, conscientes en todo caso de que la operación se parece más a la compra de un billete de lotería que a una inversión estándar.

En el bail-in (rescate interno de la entidad) se han visto atrapados tanto inversores institucionales (la gestora Pimco era uno de los mayores propietarios de cocos de la entidad) como particulares. Popular efectuó en 2011 dos emisiones de deuda subordinada que colocó a minoristas en sus oficinas por una inversión mínima de 1.000 euros. En la primera el cupón prometido ascendía al 8% y un día antes de que se produjera el desenlace de la entidad el saldo en circulación era de 200 millones de euros. Meses después Popular repitió la experiencia esta vez con un 8,25%. Aunque los inversores que compraron estos activos disfrutaron de una rentabilidad acumulada del 40%, estos vieron cómo sus ahorros desaparecían y pasaban a ser propiedad de Santander.

Distinta suerte es la que corren los dueños de los CDS (seguros en caso de impago) de Popular. Estos activos tienen como objetivo principal proteger a los tenedores de deuda en caso de quiebra de la entidad. Un comité de 15 jueces de la Asociación Internacional de Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) decide estos días estudiar el caso para abonar el dinero a los inversores afectados.

La solución reportada a Popular supone un antes y un después en el sistema financiero europeo. En los últimos meses, las entidades italianas han vivido pendientes de una solución. Mucho se ha especulado con que estas iban a ser las encargadas de estrenar el mecanismo de resolución, pero ha sido Popular el que ha dado el pistoletazo de salida. Hasta el momento, los bancos italianos han sobrevivido gracias a la autorización de emitir bonos garantizados por el estado para obtener la liquidez que tanto necesitaban sin que sus accionistas y tenedores de deuda se vieran comprometidos.