Compaginar el interés general y el empresarial en la energía nuclear

Iberdrola ha reabierto el debate sobre la viabilidad económica de la explotación de las centrales

energía nuclear
Central de Vandellós, en Tarragona.

La iniciativa de Iberdrola Generación Nuclear de convocar a sus socios en las centrales de Ascó I Vandellós II, Almaraz I y II y Trillo para impulsar una estrategia común cuyo fin es rebajar la presión fiscal sobre la energía nuclear ha reabierto el debate sobre la viabilidad económica de la explotación de las centrales. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha redactado una carta dirigida al ministro de Energía, Álvaro Nadal, para pedirle una reforma de los plazos de solicitud de renovación de las licencias de las plantas. El pasado 31 de marzo, Iberdrola ya dio un paso en este sentido, al requerir a Endesa, su socia en la central de Garoña, para que no solicite el permiso de reapertura de la planta. Garoña es la central más vieja y pequeña del sistema y reabrirla, tras cinco años sin actividad, no constituye un caramelo dulce.

Iberdrola pide ahora en esta carta a Energía más tiempo para decidir si solicita o no la renovación de licencia de Vandellós II, cuyo plazo termina a finales de julio, e insta al Gobierno para que examine a fondo “la situación de quebranto económico que soporta la central nuclear”. El objetivo de todo ello es presionar para reducir la carga fiscal de la energía nuclear, que según las empresas afectadas, asciende al 51% de los costes operativos, cuando hace seis años era del 32%.

Hay una tendencia creciente en la mayor parte de los países desarrollados a sustituir la energía nuclear por fuentes más limpias y seguras. Ello es un hecho que no puede ignorarse, como también lo es que de momento las centrales nucleares siguen ejerciendo un papel clave en la generación y en el coste de la energía. Esa realidad supone que, aún en el caso de una política nuclear que descarte la construcción de nuevas instalaciones, resulta razonable tratar de sacar partido a las plantas existentes mientras sigan en activo. Se trata de una ecuación en la que hay que contar con dos factores que es necesario compaginar: por un lado, el interés general, que debe representar el Gobierno, y por otro, el empresarial y accionarial, que defienden las empresas. Revisar el tratamiento fiscal de la energía nuclear bajo esa premisa parece un planteamiento razonable.

Normas