Galán se niega a renovar la licencia de las nucleares de Iberdrola si el Gobierno no baja su fiscalidad

Galán quiere que Nadal demore dos años el plazo para pedir la licencia de Almaraz y Vandellós

Presiona al Ejecutivo para que cambie la regulación y evite pérdidas a las plantas

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Iberdrola Generación Nuclear ha convocado o requerido la convocatoria a sus socios en las centrales de Ascó I, Vandellós II, Almaraz I y II y Trillo de asambleas urgentes en las que tratar y, en su caso, acordar, la presentación de un escrito al ministro de Energía, Álvaro Nadal, para pedirle un cambio en los plazos que ahora exige la ley con el fin de solicitar la renovación de las licencias de las centrales atómicas.

 En estos momentos, salvo Cofrentes y Ascó II (propiedad 100% de Iberdrola y Endesa, respectivamente), el capital de las plantas lo comparten varias compañías eléctricas de Unesa (ver gráfico). A su vez, todas ellas forman parte de dos Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que son las que reciben la licencia de funcionamiento y son las responsable ante terceros.

Se trata de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), en la que participan Endesa e Iberdrola, y que preside la primera, y la de la Central Nuclear Almaraz-Trillo, (CNAT), que administra Iberdrola. Santa María de Garoña, por su parte, es propiedad de Nuclenor, sociedad participada al 50% por las dos grandes eléctricas.

El pasado 31 de marzo, al tiempo que emplazaba a Endesa a desistir de la petición de autorización al Ministerio de Energía para la reapertura de Garoña, Iberdrola se dirígía a Juan María Moreno, presidente de la junta de administradores de ANAV, que representa a Endesa. A través de una carta, aquella eléctrica requería la celebración de una asamblea de esta AIE para el 4 de abril, “o, en su defecto, en el plazo más breve posible”. Finalmente, esta no se ha celebrado en esa fecha y es probable que lo haga en el plazo de 15 días.

Según la misiva, a la que ha tenido acceso CincoDías, la finalidad exclusiva de dicha reunión, es “tratar y, en su caso, acordar la presentación de un escrito dirigido al ministro de Energía, Álvaro Nadal, para expresarle la necesidad “de disponer de un plazo mayor” para pedir la renovación de la licencia de la central de Vandellós II, cuyo plazo termina el próximo 21 de julio (la licencia expira, por tanto, ese mismo mes de 2020).

Iberdrola convoca asambleas para acordar con el resto de eléctricas un escrito al ministro de Energía

Según la normativa actual, las empresas deben iniciar la solicitud de renovación de los permisos tres años antes del vencimiento de la licencia, que dura 10 años. Iberdrola propone que el plazo de antelación se reduzca a un año frente a los tres actuales.

Esta solicitud, señala en su escrito a ANAV la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, “permitiría al citado ministerio disponer de más tiempo (dos años) para abordar la situación de quebranto económico que soporta la energía nuclear”, dado que “el operador responsable necesita certeza en la generación de recursos económicos suficientes para hacer frente a la operación segura de las plantas”.

En definitiva, Galán pide tiempo para presionar al Gobierno y lograr una reducción de la fiscalidad a la energía nuclear (el impuesto a la generación eléctrica y los tributos sobre los residuos) que, según las afectadas, representan un 51% de los costes operativos, cuando hace seis años representaba solo el 32%.

Y lo deja claro en el texto: “Deben despejarse las actuales incertidumbres y adoptarse con todas las garantías la decisión de solicitar, en su caso, dicha renovación”. Un margen de tiempo, que les permitiría confirmar “que en el nuevo periodo de explotación quedará asegurada la solvencia económico-financiera necesaria exigible a los explotadores de las centrales nucleares”, subraya.

También Almaraz

Iberdrola vuelve a lamentar lo que viene reiterando: las relevantes pérdidas acumuladas por las nucleares españolas, especialmente por los cambios regulatorios “que han incrementado notablemente la carga fiscal sobre la generación nuclear, la evolución de los precios del mercado y los sobrecostes e inversiones que se exigen “en un eventual escenario de renovación” de los permisos.

La compañía adelanta su propuesta a Nadal con total concreción. Así, solicita que el ministro dicte una orden modificando la disposición segunda de la orden de 21 de julio de 2010, “ a fin de reducir a un año el plazo de antelación con el que deberá en su caso solicitarse a ese ministerio la renovación de autorización de Vandellós”. A continuación, propone incluso la redacción de la citada modificación. Y pide cambios normativos para “dar viabilidad económica y de certidumbre a la explotación futura de las plantas”.

En paralelo, la eléctrica ha tramitado una convocatoria de asamblea para la AIE de Almaraz y Trillo (CNAT), pues también el primer grupo de Almaraz se ve acuciado por los plazos, incluso más que Vandellós. Esta planta, la más antigua del parque nuclear (arrancó en 1983), debe solicitar la renovación de la licencia en junio, ya que la vigente le caduca en ese mes de 2020.

De aprobarse en las asambleas correspondientes, la propuesta se enviará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a la CNMC. Precisamente, el CSN ha preguntado varias veces a Iberdrola y Endesa si iban a presentar en verano la renovación de las licencias de Almaraz I y Vandellós II sin obtener respuesta. La intención, por lo que se ve, es que Energía le alargue dos años este plazo.

 

Almaraz y Vandellós, ¿una secuela del culebrón de Garoña?

Central nuclear de Vandellós, en Tarragona.
Central nuclear de Vandellós, en Tarragona.

Solo cuatro días antes de la junta general de Iberdrola del 31 de marzo, la eléctrica remitía dos escritos a Nuclenor (sociedad propietaria de Garoña en la que participa al 50% con Endesa), para solicitar una convocatoria urgente del consejo de administración y de la junta general para el 6 de abril. O, en su defecto, “en el plazo más breve posible”. Finalmente, la asamblea se celebrará a finales de este mes, según fuentes empresariales.

En sus requerimientos, a los que ha tenido acceso Cinco Días, el grupo que preside Ignacio Sánchez Galán, propone como único punto del orden del día “la presentación de un escrito de desitimiento de solicitud de renovación de la autorización de la explotación de la central de Santa María de Garoña”. El Ministerio de Energía está analizado esa solicitud, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Galán preparaba así el terreno para anunciar a bombo y platillo en la junta que se celebró en Bilbao su decisión de no reabrir Garoña y de intenar convencer también a Endesa (a la que volvió a marcar la agenda, como hizo también el año pasado en el marco de la junta). La fuerte contestación política y social en el País Vasco contra la vieja central burgalesa, ubicada en la frontera con Álava, ha sido bien aprovechada por Galán que, sin embargo, mantuvo la solicitud de reapertura hasta recibir el visto bueno del CSN. ¿Por qué? Porque este organismo, con su autorización sienta un precedente legal que permitirá ampliar la vida útil del resto del parque nuclear español.

No de otro modo se explica que en el escrito que quiere enviar a Álvaro Nadal, tal como ha propuesto a sus socios en el resto de instalaciones (Ascó, Vandellós, Almaraz y Trillo) no hace alusión a una ampliación de la vida útil de las plantas, sino solo a un cambio regulatorio que les permita ser rentables, especialmente, con una rebaja de los impuestos.

Chantaje

Si el ministro de Energía admite una ampliación del plazo de antelación para pedir la revisión de las licencias de Almaraz I y Vandellós II (un año antes de que expiren y no tres, como ahora, lo que les obliga a solicitarlas este verano), se encontrará con un nuevo capítulo del culebrón vivido con Garoña desde 2009, en este caso, con esas dos centrales.

En el caso de aceptar esta petición de las eléctricas, estas dispondrán de un margen de dos años para amenazar al Gobierno con no solicitar la licencia de esas dos nucleares (pese a que la vida útil de Vandellós no termina hasta 2027), si no logran las mejoras regulatorias que vienen pidiendo abiertamente.

Una secuela de la pesadilla en que se ha convertido Garoña, que Nuclenor decidió unilateralmente cerrar en 2012 para evitar el pago de un nuevo impuesto y que le valió una multa de 18 millones por parte de la CNE.

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