El Gobierno prevé autorizar la reapertura de la central nuclear de Garoña
Fracasan las negociaciones con el PNV sobre el cierre de la nuclear
El Ministerio de Energía sigue estudiando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la reapertura con condiciones de la central nuclear de Santa María de Garoña. Aunque el departamento que dirige Álvaro Nadal, que es quien tiene la última palabra, se dio seis meses de plazo para tomar una decisión, “no ve ninguna razón técnica, legal ni de seguridad para denegar la apertura”, indican fuentes próximas al ministerio. El citado plazo termina a principios de agosto.
Otra cuestión bien distinta es que, pese a la luz verde del ministerio, las propietarias de la planta, Endesa e Iberdrola, a través de la sociedad Nuclenor, decidan el cierre, como así lo han manifestado (Iberdrola, públicamente, y Endesa, en privado). Esta posición favorable del ministerio es una prueba de que el Gobierno ha fracasado en su negociación con el PNV el cierre de la planta ubicada entre Burgos y Álava a cambio del respaldo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos del Estado de 2018.
De esta manera, el PP evitaría la servidumbre del apoyo del PSOE, más aún teniendo en cuenta que las opciones en este partido están abiertas por su proceso de primarias. Con Ciudadanos (32 escaños), PNV (5), Coalición Canaria y Nova Canaria (uno cada uno), los populares (con 137) salvarían los Presupuestos del próximo año que, en el peor de los escenarios, tendrían que prorrogar en 2019, ya posible año electoral. Las presiones de la opinión pública en el País Vasco contra Garoña, especialmente, políticas y sindicales, parecen haber influido también en la decisión de Iberdrola (con sede en Bilbao) de no reabrirla central. El año pasado, antes de la junta general, el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, comunicó a representantes del sindicato ELA su decisión de no reabrir Garoña.
Y casualmente, la semana pasada (de nuevo en vísperas de la junta, que se celebra mañana) los medios vascos publicaban, atribuyéndoselo a fuentes de Nuclenor, que Garoña no es viable económicamente. Se calcula que las inversiones necesarias para cumplir con las exigencias del Consejo ronda los 150 millones de euros.
Pese a que la intención de las dos grandes eléctricas no es reabrirla, estas han mentido han mantenido su petición de reapertura, que tramitaron anete el antiguo Ministerio de Industria en 2014. La idea denunciada hace tiempo en fuentes del CSN de que el objetivo de Endesa e Iberdrola era lograr carta blanca con el informe favorable a la ampliación de Garoña para el resto del parque nuclear, español al que le queda apenas una década de vida.
Y así ha sido. Mientras las autorizaciones se otorgaban hasta ahora por el mismo periodo de tiempo que comprenden las revisiones integrales de seguridad (10 años máximo), a Garoña se le da por 17 años. La revisión integral de seguridad seguirá ejecutándose cada 10 años, pero por primera vez se desliga del aval dado por el organismo de seguridad para operar. Un sistema similar al francés.
Energía no se ha reunido con las empresas
Aunque todo apunta a que el Ministerio de Energía parece dispuesto a permitir la reapertura de Garoña, esta decisión no parece inminente: además de haberse dado un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de seguridad Nuclear, plazo que termina a principios de agosto, el ministro, Álvaro Nadal, se comprometió a abrir un periodo de alegaciones y de contactos con los afectados, especialmente, las propietarias de la central, Endesa e Iberdrola. Estas cerraron ilegalmente Garoña a finales de 2012 para evitar el pago de nuevos impuestos sobre residuos radiactivos, lo que le valió una sanción de 18 millones de euros de la antigua CNE.
Este compromiso y el que adquirió con el PSOE para debatir sobre el futuro de las centrales nucleares en España, hacen pensar que la decisión no será inminente. Existe la idea, no obstante de que, cuanto más tarde en decidir menos probabilidades tiene la planta de recibir la autorización para funcionar otros 17 años, como le permite el CSN.
A la vista de las iniciativas legislativas de los partidos de la oposición (una específicamente sobre Garoña y otra sobre el cierre progresivo de todo el parque atómico), el Gobierno propuso al grupo Socialista un debate sobre las nucleares en España previo a la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética derivada de sus compromisos medioambientales europeos.
Si no se amplía su vida útil, en solo una década España habrá echado el cierre a sus ocho centrales atómicas. La primera que deberá pasar la revisión es Almaraz I, que en 2020 cumplirá 40 años y 37 años su reactor gemelo, el de Almaraz II. En 2027 los cumplirá la más joven, Trillo.
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