La OCDE pide a España un plan urgente contra la pobreza laboral

La organización reclama suprimir algunos tipos reducidos del IVA y la deducción por compra de vivienda habitual con carácter retroactivo.

"El FMI da la bienvenida a una impresionante recuperación económica, a una intensa creación de empleo y a una corrección sustancial de los desequilibrios”. Con esta frase se iniciaba el último informe del Fondo sobre la economía española, hecho público a finales de enero, en el que volvía a reclamar, como lo suele hacer casi siempre, más reformas estructurales, más subidas de impuestos y profundizar en la flexibilidad del mercado laboral.Esta mañana le ha tocado el turno a la OCDE, que ha presentado su informe España 2017, en el que los argumentos son muy similares a los del FMI, aunque con un matiz: la organización dirigida por el mexicano Ángel Gurría sí alerta sobre los efectos de una recuperación que ha incrementado la desigualdad y la pobreza entre los españoles, en especial a través de la devaluación de los salarios y de la generalización de los trabajos temporales y a tiempo parciall. La recuperación de la economía española, en marcha desde 2013, ha sido una de las más sólidas de la OCDE. Es probable que se consiga un ritmo de crecimiento económico superior al 2% anual en el corto plazo”, subraya el informe, que apunta varios retos para los próximos años.

El primero es el de la corrección de la desigualdad. “La crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad. Es fundamental que España consiga incorporar a un mayor número de personas al mercado de trabajo, pero también debe centrarse en la calidad del empleo para asegurarse de que las ventajas del crecimiento se comparten en mayor medida entre la población y para crear mejores oportunidades para las generaciones futuras. El mercado de trabajo se caracteriza por contar con una elevada proporción de trabajadores temporales, fundamentalmente jóvenes y empleados con sueldos bajos. Los jóvenes y los trabajadores con baja cualificación son quienes más sufren el desempleo, al tiempo que existen unos niveles muy elevados de desempleo de larga duración. Estos factores corren el riesgo de afianzar las desigualdades, incidiendo negativamente en el crecimiento futuro y en la cohesión social”, remarca.

Propone hacer indefinida la exención de 500 euros para nuevos contratos

Como solución a este problema, la OCDE propone hacer indefinida la exención del pago de cotizaciones a la Seguridad Social por los primeros 500 euros de salario de los nuevos contratados de forma indefinida. “El Gobierno debería otorgar un carácter indefinido a este recorte de las contribuciones a la seguridad social para las empresas, además de restringirlo a los trabajadores de baja cualificación”, remarca el texto.Otro ámbito de actuación es el de las políticas pasivas de empleo. En este capítulo propone una revolución en el caso de la renta mínima de inserción, la prestación que reciben aquellas personas que han dejado de cobrar el paro y no perciben otra ayuda. Deben replantearse los programas para combatir la pobreza y hacerlos más efectivos, y ha de incrementarse tanto su alcance como la cuantía de las ayudas, en especial en el caso de familias pobres con niños. Y lo que es aún más importante, las prestaciones deben estar estrictamente supeditadas a la búsqueda activa de empleo”. También reclama que las prestaciones sociales para los desempleados se retiren de forma gradual a medida que la persona se incorpora al mercado de trabajo, en lugar de hacerlo por completo en el momento en el que es dado de alta, “para que no se menoscaben los incentivos económicos para trabajar”.

Sugiere que elevar la cuantía y los beneficiarios de las rentas mínimas de inserción

Al igual que el FMI, la OCDE incide en que una de las prioridades en el mercado laboral es atacar la dualidad entre temporales e indefinidos. Si bien considera que la reforma laboral de 2012 estuvo bien encaminada, con la limitación de concatenación para los contratos temporales, la rebaja de la indemnización para indefinidos y las bonificaciones para las conversiones, el organismo presidido por Ángel Gurría constata que la incertidumbre que rodea las decisiones tomadas por los tribunales laborales sigue siendo elevada y muchas empresas siguen optando por aceptar desde el inicio que el despido sea considerado improcedente aunque resulte más costoso. “A pesar de la reforma, la proporción de los trabajos temporales con respecto al conjunto del empleo se mantiene firme en torno al 25% y la duración de los contratos es a menudo muy reducida”.

También apunta otra razón que justificaría esta dualidad. “Los costes del despido de un trabajador indefinido siguen siendo significativamente más altos que los de un trabajador temporal. Tal y como se recomendaba en el Estudio Económico de la OCDE de España de 2014, si existiera una mayor convergencia en los costes de despido de los contratos indefinidos y temporales, se podría reducir aún más la dualidad existente”.

Reclama que las prestaciones por desempleo desaparezcan de forma gradual

El segundo eje del informe es el de la consolidación fiscal. “Teniendo en cuenta que el nivel de deuda pública se sitúa en torno al 100% del PIB y el déficit sigue en valores cercanos al 5%, el margen de expansión fiscal es limitado, de manera que las nuevas medidas de gasto deberán tener un perfil fiscal lo más neutral posible”. Dicho de otra manera, que toda medida de incremento del gasto debería ir acompaña de otra de aumento de los ingresos.

¿Hay margen para seguir elevando la presión fiscal? Para la OCDE sí lo hay y especialmente en el IVA. Las exenciones y los tipos reducidos menoscaban de manera significativa los ingresos por IVA y constituyen el principal factor de la escasa eficiencia de la recaudación por IVA en España”, resalta el informe. Así reclama que se revisen todas las exenciones que benefician a la población con más ingresos. De esta advertencia quedan al margen los alimentos básicos, que cuentan con un IVA reducido.

Critica la excesiva temporalidad del empleo y la reducida duración de los contratos

Pero también existen posibilidades de elevar la recaudación en el IRPF y en los impuestos medioambientales. En el primer caso apunta a que la deducción por compra de vivienda habitual es un beneficio fiscal “especialmente regresivo”, ya que tiende a beneficiar a los hogares con rentas más elevadas y supondrá un coste de 1.200 millones para las arcas públicas este ejercicio.

España cuenta con un margen de actuación considerable para conseguir que su sistema tributario resulte más respetuoso con el medio ambiente, ya que los ingresos por impuestos ambientales en proporción al PIB son bajos en comparación con la mayoría de países de la OCDE”. Con esta frase justifica su petición de subir todos los tributos verdes, en especial los ligados a los hidrocarburos, algo que el Ejecutivo no se atrevió a hacer en su última gran reforma tributaria, en la que subieron alcohol y tabaco entre los impuestos especiales.. El informe sugiere elevar la tributación del gasóleo a la de la gasolina e incluso llevarla por encima para incluir todos los costes ligados a las emisiones. Solo con la equiparación tributaria de ambos combustibles, el impacto en los ingresos, según este organismo, sería de 1.400 millones de euros.