Editorial

Más control, pero también flexibilidad

En materia de gestión tributaria, la cooperación con el contribuyente es una asignatura pendiente

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La Agencia Tributaria cerró el año pasado un buen ejercicio en términos de lucha contra el fraude, pese a que la recaudación obtenida por este concepto –que ascendió a 14.883 millones de euros– descendió un 5%. La cifra supone el segundo mejor dato registrado por la Agencia Tributaria, solo por detrás del ejercicio 2015. Pero en ese año, como recordaba ayer el director de la agencia, Santiago Menéndez, el plan antifraude se nutrió de ingresos extraordinarios derivados de "expedientes singulares" que sumaron 2.709 millones. Si se analiza el grueso de las actuaciones directas de Hacienda en 2016, no distorsionadas por los números anómalos de 2015, la cifra de recaudación se quedó también por debajo de la del año anterior, pero alcanzó el objetivo pactado con Bruselas: elevar en 2.000 millones los ingresos derivados de la lucha contra la evasión fiscal.

El balance de la lucha contra el fraude durante el año pasado arroja mejoras en casi todos los ámbitos. La deuda total pendiente de cobro cayó un 7%, las visitas presenciales crecieron un 12% y el control de los pagos en efectivo, cuyo límite está en 2.500 euros, alcanzó los 7.263 expedientes de análisis de denuncias.

La satisfacción de la Agencia Tributaria ante este balance tiene una razón de ser. Es cierto que el esfuerzo en detección de comportamientos fraudulentos entre los contribuyentes mejora cada año en eficiencia y resultados, como también lo es que la tarea que Hacienda tiene por delante en este terreno presenta una magnitud y unas dificultades considerables. Las tiene no solo en cuanto a las actuaciones contra la elusión fiscal, las diferencias entre las devoluciones fiscales solicitadas y las abonadas o las regularizaciones extemporáneas y voluntarias, sino también por la lucha contra una economía sumergida que sigue siendo un área compleja de actuación y control tributario.

Junto a esos rasgos de eficiencia, a la Agencia Tributaria todavía resta una tarea con un amplio margen de mejora: la de apostar por una actitud de mayor cooperación frente a la mayoritaria masa de particulares y empresas que cumplen con sus deberes fiscales en lugar de someterlos a más cargas y burocracia. Un ejemplo de ello son las nuevas obligaciones de suministro de información sobre pagos realizados y recibidos –el proyecto SII–, que constituye el mayor cambio en la gestión del IVA desde el establecimiento de este impuesto, y que obligará a las empresas españolas a informar en tiempo casi real de todas las facturas que emitan y reciban. La medida afectará a más de 60.000 sociedades, responsables del 85% de la facturación del impuesto en España. Si en materia de fraude fiscal Hacienda debe practicar la tolerancia cero, cuando se trata de la gestión tributaria, la flexibilidad y la ayuda al contribuyente son asignaturas pendientes.

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