La sentencia por las tarjetas 'black'

La acusación popular pide prisión provisional para Rato y Blesa

Rato ha anunciado que recurrirá el fallo que le condena a cuatro años y medio de cárcel

El expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, a la izquierda, y su antecesor, a la derecha, durante el juicio por las tarjetas 'black'.
El expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, a la izquierda, y su antecesor, a la derecha, durante el juicio por las tarjetas 'black'. REUTERS

La acusación popular en el caso por las tarjetas black considera que sus máximos responsables, condenados este jueves a penas de prisión de varios años, deben ingresar inmediatamente en la cárcel.

La Confederación Intersindical de Crédito, según confirma a este diario su presidente, Gonzalo Postigo, ha remitido ya a la Audiencia Nacional un documento solicitando la vistilla que aborde la ejecución de la sentencia.

Postigo avanza que el criterio de la CIC es que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, condenado a seis años de cárcel, y su sucesor, y posterior responsable de Bankia, Rodrigo Rato, al que se imponen cuatro años y medio, deben ingresar en prisión automáticamente.

Aunque Rato ya ha avanzado su decisión de presentar un recurso y es previsible que también lo haga Blesa, lo que postergaría la condena en firme hasta que se pronuncie sobre el caso el Tribunal Supremo, la CIC entiende que en ambos casos hay riesgo de fuga.

Otras causas pendientes

La acusación popular fundamenta este temor en el hecho de que ambos tienen pendientes otras causas con la justicia, como es el juicio por los sobresueldos de Caja Madrid, para Blesa, o la causa que investiga la salida a Bolsa de Bankia, que tiene también entre sus principales imputados a Rato, quien a su vez arrastra procesos por presuntos delitos fiscales, entre otros.

La sentencia, conocida este jueves, considera a ambos culpables de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que considera colaborador y cómplice a la exmano derecha de Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, y colaboradores a los otros 62 acusados por el caso.

En total, los 65 condenados cargaron 12 millones de euros en gastos a las visas opacas al fisco y sin amparo estatutario que el tribunal de la Audiencia Nacional considera que fueron utililizadas para la "distracción de fondos" de las entidades de las que eran responsables.

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