El autoconsumo en la era de la posverdad

El respeto al derecho de autoconsumo se presenta con una visión apocalíptica

Desafortunadamente, en el debate político de los últimos tiempos se ha puesto de moda definir esta época como la era de la posverdad. Intentar construir con el lenguaje político mentiras que suenen a verdad es seguramente tan viejo como el arte de la política, pero recientemente estamos observando unos ejercicios de construcción de realidades paralelas sin ninguna correspondencia con la realidad empírica que va mas allá de lo que estábamos acostumbrados.

Como toda moda de éxito, se infiltra en todos los campos y ha llegado también al campo de la energía. El debate sobre el autoconsumo no se ha quedado al margen de ella. El respeto del derecho de ciudadanos y empresas a poder autoconsumir energía se presenta con una visión apocalíptica de derrumbe del sistema eléctrico por parte de un lujo de ricos que van a tener que pagar los pobres. Como suele suceder para desmontar estas realidades paralelas, nada mejor que unos pocos números.

En contra de lo que suelen afirmar los detractores del autoconsumo, el autoconsumidor sí sigue pagando el sistema en la misma medida que cualquier otro ciudadano o empresa que lo utiliza. El término de potencia de la factura permanece inalterable, el autoconsumidor no puede reducirla debido a la variabilidad del recurso solar, y el término variable en función de la energía que usa de la red. Con la parte fija de la tarifa se pagan el 70% de los cargos y peajes. Del 30% restante que es la parte variable, los autoconsumidores solo dejarían de pagar la parte proporcional de los cargos de la energía que no consumen del sistema. Como cualquier otro ciudadano que redujera su consumo eléctrico.

Una instalación de autoconsumo en una zona de buena insolación, con una potencia instalada igual o menor a la potencia contratada, produce aproximadamente un 35% de la electricidad que necesita. El otro 65% es la electricidad que necesita adquirir de la red, por la que pagaría los cargos correspondientes. En total, solo se dejaría de pagar un 35% del 30%, es decir, un 11,6%. No un 40% como hemos oído afirmar en sede parlamentaria al ministro del ramo, seguramente mal asesorado.

"Se dejarían de ingresar 10,4 millones, mientras que el sistema factura 18.000 millones al año"

Este 11,6%, supondría que cada 100 MW de autoconsumo instalado implicaría una reducción de los ingresos del sistema de 2,6 millones de euros, es decir, un 0,01% del total de ingresos del sistema. Los estudios de mercado y la experiencia de la aplicación en Portugal de una normativa similar a la propuesta en la reciente proposición de ley presentada en el Parlamento, donde todos los años se instalan proyectos en torno a 45 MW, nos indican que el mercado en España se movería en el entorno de los 200 MW/año, si le introducimos una posibilidad de error del 100% y consideramos que se puedan instalar proyectos por 400 MW anualmente, se dejarían de ingresar 10,4 millones. Cantidad absolutamente irrelevante si consideramos que el sistema factura más de 18.000 millones al año.

Asimismo, si esta cantidad la repartimos entre los consumidores, supondría un recargo de 11 céntimos de euros al año.

Pero, por otro lado, el autoconsumo, como ha reconocido el Ministerio de Energía en el informe enviado al Parlamento para justificar su veto a la proposición de ley de autoconsumo de ciudadanos, baja el precio del pool, lo que supondría un saldo claramente positivo de ahorro económico para todos los consumidores, no solo para los que lleven a cabo instalaciones de autoconsumo.

Por todo ello, la proposición de ley de autoconsumo presentada recientemente en el Parlamento español, intentando restablecer los derechos ciudadanos y el sentido común en la normativa al respecto, es una normativa progresiva que beneficia al conjunto de los consumidores económica y ambientalmente. Esta es la realidad real, no la paralela que se quiere construir.

José Donoso es director general de Unef (Unión Española Fotovoltaica).