Tareas bien hechas, deberes por hacer
El FMI reconoce los logros económicos de España, pero advierte de nuevos riesgos
El último informe del FMI sobre la economía española reconoce la impresionante recuperación, en un ritmo récord, que ha llevado a cabo España en los últimos años, pero también advierte de los riesgos y amenazas que pueden poner en peligro esa conquista. El análisis realizado por la institución que dirige Christine Lagarde avala las reformas y los resultados de la primera legislatura de Mariano Rajoy al tiempo que señala que el trabajo no está, ni mucho menos, terminado y que hay que consolidar el terreno ganado. España ha iniciado el camino de la recuperación en un entorno favorable, gracias a la conjunción de tres grandes factores: la rebaja del precio del petróleo, la reducción de los costes financieros y los programas de compra de deuda del BCE. Ello ha posibilitado que la economía española haya dejado atrás la previsión de crecimiento del 1,5% y haya superado el 3%.
El FMI considera que las amenazas capaces de frenar la potente locomotora española incluyen la abultada tasa de paro, el alto nivel de deuda pública y el bajo crecimiento de la productividad. Todos ellos son riegos a corto y medio plazo y requieren, por tanto, de respuestas ágiles. Para el FMI, la clave está en dar una vuelta más a la reforma del mercado laboral –con la adopción de un contrato único que acabe con la dualidad entre indefinidos y temporales–, apurar la consolidación fiscal, mantener la moderación salarial y seguir avanzando en la agenda de reformas estructurales, paralizada por los diez meses en los que España estuvo gestionada por un Gobierno en funciones. El organismo defiende también la capacidad de la banca española para aumentar la concesión del crédito, un requisito fundamental para alimentar la actividad empresarial y, por tanto, para crear empleo.
España necesita dibujar una hoja de ruta “creíble” que le permita cumplir con los objetivos de déficit fiscal impuestos por Bruselas. Esa tarea exige, según los cálculos del FMI, recortar el déficit en 14.000 millones y hacerlo por medio de una subida impositiva, fundamentalmente del IVA, así como por la reducción de las numerosas deducciones y exenciones que existen en el régimen fiscal español. Si bien es cierto que hay todavía pendientes reformas profundas –como la de la Administración pública– que permitirían reducir aún más el gasto, también lo es que no es posible mantener por mucho tiempo el actual diseño del Estado del bienestar español sin aumentar los ingresos. Según señalaba ayer el Instituto Valenciano de Investigaciones Autonómicas (IVIE), las comunidades autónomas necesitan al menos 16.674 millones de euros adicionales a los que actualmente reciben para atender los servicios públicos fundamentales. Para obtener ese dinero el Gobierno deberá seguir recortando el gasto superfluo, pero también tendrá –inevitablemente– que buscar formas de elevar los ingresos.