El impacto de las hipotecas opacas

La banca provisiona más de 3.100 millones por cláusulas suelo

El FROB pagaría parte de las condiciones hipotecarias de Abanca

clausulas suelo

La banca española ha dotado hasta la fecha más de 3.100 millones de euros en provisiones para hacer frente a devoluciones de lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo no transparentes, aquellas que limitan un mínimo que el hipotecado seguirá pagando frente a la rebaja del euríbor.

La gran banca española ha provisionado en total cerca de 2.400 millones, lo que equivale a cerca de la mitad de su riesgo: CaixaBank ha cubierto 625 millones sobre un riesgo potencial de 1.250; BBVA, ha provisionado 577 millones brutos -404 millones netos- sobre un impacto máximo de hasta 1.200 millones; Popular ha dotado 534 millones frente a la estimación de riesgo de más de 600 millones; Bankia ha cubierto sus 214 millones de riesgo y Liberbank provisiona 155 millones de un impacto potencial de 214 millones.

Banco Sabadell, que hasta ahora defendía la legitimidad de todas sus cláusulas suelo,  ha recogido una provisión de 410 millones por cláusulas suelo en los resultados presentados este viernes para hacer frente a los 490 millones de riesgo que afronta. Santander y Bankiner no comercializaron hipotecas con estas cláusulas.

A estas cifras habría que sumar los 600 millones provisionados por las entidades financieras no cotizadas, según han ido manifestando en los últimos días a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si bien hay que matizar que algunas de estas firmas se han limitado a anunciar las nuevas provisiones que realizarán, sin desvelar las que ya habían llevado a cabo.

Esto se debe a que la CNMV no les exige detallar todas las provisiones realizadas por cláusulas suelo, sino solo las que han hecho o harán ante el revés judicial del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que el pasado 21 de diciembre decretó que la banca debía devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo opacas con retroactividad total –y no desde mayo de 2013 como había fijado el Tribunal Supremo– y ante la creación, por decreto, de un mecanismo de negociación extrajudicial.

Así, Unicaja anunció el miércoles mediante un hecho relevante que hará una nueva provisión que minará en 130 millones de euros sus resultados de 2016 –frente a los 150 millones que anunció tras el fallo europeo– para hacer frente al periodo previo de 2013. La cuantía se sumaría a la provisión ya realizada para el periodo posterior, que la entidad rehúsa detallar.

La nacionalizada BMN, por su parte, estima en 80 millones de euros el impacto potencial de la sentencia europea y del mecanismo extrajudicial, que prevé cargar contra resultados de 2016.

Caja Rural Castilla La Mancha notificó que ya tiene constituidas provisiones por 14 millones de euros a cargo del pasado ejercicio y que no prevé hacer más.

Cajasur expuso que el impacto de las provisiones adicionales supondrá un cargo neto de impuestos de 60 millones en las cuentas de 2016, del que también anunció que se haría cargo su matriz, Kutxabank.

Abanca, a su vez, expuso que los dos hitos referidos podrían tener un impacto en sus cuentas del ejercicio recién concluido de 30 millones de euros. Este montante, ha tenido que matizar en un segundo hecho relevante la antigua Novagalicia, es el que resta después de que el FROB se haga cargo del 85% del impacto por estas cláusulas como parte del acuerdo de venta de la nacionalizada al grupo venezonalo Banesco.

Ya un día antes, Cajamar anunció que provisionaría 200 millones a cargo de 2016; Caja Rural de Granada reconoció un riesgo de 45 millones y anunció una provisión adicional de 16 millones para cubrir el 100% del riesgo; Caja Rural de Navarra dijo que ya había dotado 11 millones más en 2016 e Ibercaja anunció que provisionará 19,9 millones más por la retroactividad total, que se suman a los 30,1 millones que ya había dotado para las compensaciones por el periodo posterior a 2013.

Este jueves, finalmente, Caja Laboral Popular ha informado de que provisiona 11 millones más mientras que Pollença ha dotado 3,8 millones con los que cubre todo el impacto potencial. Banca March, por su parte, ha anunciado una dotación adicional de 20 millones.

Las cifras arrojan un riesgo máximo total cercano a los 5.000 millones de euros, si bien la falta del desglose de las provisiones realizadas con anterioridad por las entidades no cotizadas o de cálculos fiables del impacto máximo que afrontan, dificulta el cálculo.

De esta cifra, por tanto, el sector financiero habría cubierto hasta la fecha algo más de la mitad del riesgo mediante provisiones.

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