Andalucía pedirá un tipo mínimo y máximo en el impuesto de sucesiones
Hacienda ve con buenos ojos una mayor coordinación
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, reclamará mañana en la VI Conferencia de Presidentes que el Gobierno impulse una reforma tributaria que armonice el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre el patrimonio para acabar con las diferencias actuales. Ambos tributos están totalmente cedidos a las comunidades autónomas, que tienen amplia competencia sobre los mismos.
Mutualizar deuda
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, reclamó que el nuevo modelo de financiación incluya una mutualización de parte de la deuda que han acumulado las autonomías “infrafinanciadas”. Denunció que Valencia es una de las comunidades más maltratadas por el actual modelo.
La postura que defenderá Andalucía cuenta, en principio, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que plantea una mayor coordinación en materia de fiscalidad patrimonial. La comisión de expertos que eligió el Gobierno para la reforma fiscal que entró en vigor en 2015 ya recomendó establecer un tipo máximo y mínimo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para evitar las diferencias abismales entre autonomías que se producen en el momento de heredar.
El afán armonizador tiene en contra a la Comunidad de Madrid, una autonomía que ha suprimido prácticamente el tributo para las herencias y donaciones entre familiares directos. Por lo tanto, la armonización del impuesto sobre sucesiones equivaldría a un incremento tributario.
El PSOE y Ciudadanos también se han mostrado favorables a reducir las diferencias fiscales. El partido naranja apuesta por fijar un mínimo exento de un millón de euros en el impuesto sobre sucesiones.
En el impuesto sobre el patrimonio, un tributo que la Comunidad de Madrid ha renunciado a recaudar, el PSOE propone una reforma para fijar un nuevo impuesto sobre la riqueza y con implementación en todo el Estado. La VI Conferencia de Presidentes que se celebra mañana marcará el inicio de la reforma del sistema de financiación. En el plazo de un mes, Gobierno y comunidades nombrarán a una comisión de expertos para que esbocen un nuevo modelo.
