El salario de los funcionarios subirá al menos un 1% en 2017

Los sindicatos consideran que la necesidad del Gobierno de pactar el presupuesto descarta la congelación y alzas inferiores al 1% aprobado para este año

Alejandro Meraviglia

El próximo ejercicio comenzará con el presupuesto prorrogado, por lo que habrá que esperar a la aprobación de las cuentas de 2017 para conocer, entre otros asuntos, cuánto subirá el salario de los funcionarios. Fuentes sindicales dan por hecho que la necesidad del Ejecutivo de lograr apoyos para sacar adelante los nuevos presupuestos prácticamente descarta la congelación o alzas inferiores al 1% aplicado este año.

Las cuentas públicas no parecen admitir, a priori, demasiadas alegrías. Todo apunta a que este año se podrá cumplir con el objetivo de déficit pactado con Bruselas, del 4,6% del PIB, gracias a la nueva senda más flexible comprometida con las autoridades comunitarias. Sin embargo, para el próximo ejercicio ese desequilibrio ha de reducirse hasta el 3,1% y con una desaceleración de la actividad en ciernes y las incertidumbres que llegan del exterior hay voces que advierten de que no será fácil ajustar los números rojos sin llevar a cabo nuevos recortes de gasto.

Con este panorama, el Gobierno se encuentra en una difícil encrucijada. De un lado ha de contentar a sus socios de Ciudadanos con las medidas contenidas en el pacto que posibilitó la investidura de Mariano Rajoy. Y, por otro lado, desde Moncloa ya han advertido de que el límite para poder llevar a cabo esas iniciativas es el cumplimiento del déficit.

Pero las dificultades no terminan ahí. Una vez logrado el acuerdo con el PSOE para fijar el techo de gasto del próximo ejercicio, resta elaborar los presupuestos de 2017, unas cuentas que para ser presentadas en el primer trimestre del año (según el calendario que maneja el Ejecutivo) necesitan recabar apoyos más allá de los que puede brindar la formación de Albert Rivera. Y aquí es donde determinar cuánto subirá el salario de los funcionarios en 2017 puede ser uno de los asuntos clave de la negociación.

Mientras que con la revalorización de las pensiones el Gobierno se mantuvo inflexible y no admitió negociar que éstas se incrementaran más allá del 0,25% que está previsto que suban a partir del 1 de enero, en el caso de las retribuciones de los empleados públicos el Ejecutivo prevé iniciar las conversaciones después de Navidad. ¿Con qué actitud afrontan todas las partes la negociación? Desde Hacienda prefieren no desvelar ningún detalle de cómo va a encarar el diálogo con los representantes sindicales.

La nueva secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ya ha mantenido un primer encuentro con UGT, CC OO y CSIF en el que los sindicatos presentaron sus reivindicaciones y unos y otros se emplazaron a iniciar una verdadera negociación colectiva que no solo aborde las cuestiones relativas a los salarios, sino también medidas para mejorar las condiciones de trabajo del colectivo.

UGT reclama un incremento salarial para 2017 igual al IPC esperado para el año próximo (en torno al 1,5%) y exige al mismo tiempo un pacto de legislatura que permita a los empleados públicos recuperar de manera paulatina el poder adquisitivo perdido en los últimos cinco años, que el sindicato calcula en torno al 13%. Desde esta organización no se plantean siquiera que el Gobierno pudiera decretar la congelación salarial o un alza inferior al 1%, que fue la cuantía en la que se revalorizaron los sueldos públicos este año.

Fuentes de UGT explican que el techo de gasto no puede ser la excusa para continuar relegando las necesidades y derechos de los 2,5 millones de empleados del sector público, los primeros en sacrificarse durante la crisis con recortes de salario del 5% con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cinco años consecutivos de congelación a los que hay que añadir la supresión de la paga extra de Navidad en 2012.

Además, las mismas fuentes reclaman que el aumento se consensúe entre todas las partes fruto de una verdadera negociación y no como ha ocurrido en los últimos años, “cuando nos enterábamos por la prensa”. Esta opinión es compartida por Raúl Olmos, responsable de Función Pública de CC OO, quien admite desconocer cuál es la posición de Hacienda más allá de los mensajes lanzados por diversos miembros del Gobierno, partidarios de empezar a recompensar a este colectivo por los sacrificios realizados.

“Desde luego no creemos que vaya a haber congelación, no creo que con ese escenario fueran a conseguir los votos necesarios para aprobar el presupuesto y todos sabemos lo importante que es para la economía que se mantenga el consumo interno. Ahora bien, tan importante como los sueldos es conocer qué va a ocurrir con la tasa de reposición (porcentaje de trabajadores que causan baja que puede cubrirse con nuevos efectivos)”, explica Olmos.

Para CC OO es de vital importancia que el Ejecutivo defina qué tasa de reposición se va a aplicar en cada uno de los departamentos de la Administración y si ese porcentaje de bajas que sí podrán ser sustituidas tendrá en cuenta solo las jubilaciones y defunciones o también valorará los servicios de nueva creación o aquéllos donde ha aumentado la carga de trabajo.

Por último, fuentes de CSIF no apuestan por un incremento concreto, pero admiten que nadie entendería que desde el Gobierno y el PP se siguiera maltratando a este colectivo y advierten que un alza inferior al 1% generaría conflictos. Asimismo, subrayan que aunque se han devuelto ya buena parte de los derechos suprimidos durante la crisis, resta por negociar cómo recuperar la jornada de 35 horas semanales, suprimir la reducción del salario por incapacidad temporal o abordar el envejecimiento de las plantillas en muchos servicios esenciales de la Administración.