El salario de los empleados públicos
Sería difícil de sostener la petición de más sacrificios a un colectivo que desde 2010 ha vivido entre los recortes y la congelación de sus retribuciones
La negociación no ha empezado formalmente, pero ya se perfila un aumento del salario de los empleados públicos para 2017 de al menos un 1%. La necesidad de recabar apoyos parlamentarios presiona al PP para abrir la mano. Sería difícil de sostener por el partido en el poder ante sus potenciales aliados la petición de más sacrificios a un colectivo que desde 2010 ha vivido entre los recortes y la congelación de sus retribuciones, desde la bajada del 5% decidida por Zapatero a la supresión de la paga extra por Mariano Rajoy en su primer año de Gobierno, devuelta en plazos en los siguientes ejercicios. El año termina sin que se haya regulado este asunto por decreto-ley, y la mesa de negociación está citada para la semana siguiente a las fiestas, pero cualquier subida tendría efecto retroactivo desde el día 1.
Si la subida se queda en el 1%, la ganancia de poder adquisitivo sería mínima, pues los precios se mueven en esos mismos niveles. Es por ello que el PSOE y los sindicatos presionan para que el alza sea superior o que, al menos, se garantice un calendario a varios años vista que permita recuperar poder de compra. Entre las demás reivindaciones de los trabajadores figura también un recorte de la jornada semanal a 35 horas, algo que la justicia ha anulado cuando lo han acordado las autonomías.
El de las retribuciones en el sector público es un asunto delicado, porque el año 2017 todavía tiene que ser un año de ajuste del déficit, que tendrá que bajar al 3,1% acordado con Bruselas. Esto puede ser compatible con una muy moderada recuperación salarial para los empleados públicos. La propuesta de fijar un calendario a varios años tendría sentido siempre que se condicionara al cumplimiento de los objetivos presupuestarios.
Los empleados públicos tienen motivos para esperar mejoras retributivas tras años de sacrificios, pero estas tendrán que estar sujetas a la situación económica del país. Otro asunto, no menos delicado, es si la composición de las plantillas públicas es la adecuada. El sector público ha recortado 160.000 puestos de trabajo en los últimos años cuatro años, por la vía de contener la reposición de plazas vacantes por jubilación. Es un ajuste del 6%, notable pero desigual, dado que las autonomías ampliaron su personal un 0,26%.
La contención de las plantillas públicas es coherente con la austeridad en el gasto que sigue exigiendo la situación del país. A la hora de planificar el empleo público de los próximos años, conviene tener en cuenta que sectores esenciales para la sociedad como la educación o la sanidad deben ser la prioridad; no así el dedicado a tareas administrativas, en ocasiones redundantes entre distintos niveles del Estado, en las que cabría ganar eficiencia. Una tarea que en buena medida sigue pendiente.