Ofensiva autonómica para restringir la libertad comercial
La inmensa mayoría de Gobierno regionales reduce a 10 el número de festivos que podrán abrir las tiendas en sus territorios
El 3 de julio de 2012 fue la fecha en la que el Ejecutivo del Partido Popular aprobó una revolución en la libertad de horarios comerciales en España. La reforma pilotada desde la Secretaría de Estado de Comercio ampliaba de 72 a 90 el número de horas semanales que pueden abrir sus establecimientos en días laborables, elevaba de ocho a 10 el mínimo de festivos que debían abrir, incrementaba a 300 metros cuadrados el umbral a partir del cual el pequeño y mediano comercio tiene libertad de horarios e imponía la obligación a 14 grandes municipios turísticos para que abrieran lo que denominaban zonas de gran afluencia turística en las que no habría restricciones en aperturas y horarios para atender a los viajeros.
Las elecciones autonómicas y municipales de 2015, en las que los populares perdieron muchos Gobiernos, y el año en funciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy les ha servido a los Ejecutivos regionales para desandar gran parte del camino avanzado y restringir al límite la libertad comercial en tres frentes: casi todas las autonomías han limitado al mínimo legal (10 días) las aperturas en festivos, algunas han recurrido a la Justicia para redefinir o acabar con las zonas de gran afluencia turística y otras han optado por establecer moratorias al establecimiento de nuevas superficies comerciales.
Aperturas en festivo
Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha son las únicas autonomías que han aprovechado la ley para abrir sus comercios más allá del mínimo de 10 que marca la ley. La autonomía presidida por Cristina Cifuentes es la única que ha liberalizado por completo el número de festivos que abre, de tal modo que la decisión radica exclusivamente en el comerciante, con independencia del tamaño de su establecimiento. Castilla-La Mancha estableció 12 aperturas desde 2014 y lo va a mantener este año, mientras que Murcia va contracorriente, ya que subió de 12 a 16 festivos en 2016 y esa cifra la mantendrá el próximo curso. En el otro lado Baleares y Aragón, gobernados por los socialistas Francina Armengol y Javier Lambán, retrocederán al mínimo legal (10 días) a partir del 1 de enero de 2017, cuando este año hay autorizadas 16 aperturas en Baleares y 11 en el caso de Aragón.
Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) alertan que se está produciendo un alarmante crecimiento de las restricciones comerciales, tanto a nivel autonómico como local. “No podemos seguir aplicando regulaciones antiguas, de hace cuatro décadas, a la realidad digital de nuestro entorno. El consumidor de hoy puede comprar las 24 horas del día desde su móvil a cualquier operador de España o el extranjero. Cerrar por ley el comercio de una ciudad perjudica gravemente el empleo y la competitividad de los establecimientos comerciales y, lejos de apoyar al pequeño comercio, otorga una ventaja competitiva a otros operadores que exclusivamente operan on line, sin tiendas físicas ni empleo local, pero que carecen de restricciones legales para atender a los consumidores”.
Zonas de gran afluencia
El Ejecutivo estableció inicialmente la obligatoriedad de declarar estas zonas en 24 grandes municipios donde se dieran ciertas condiciones, como tener una población superior a 200.000 habitantes, registrar más de un millón de pernoctaciones anuales o tener una afluencia superior a 400.000 pasajeros en cruceros. Esa posibilidad se fue ampliando a otros consistorios más pequeños hasta llegar a las 697 zonas de gran afluencia turística. Un crecimiento que se frenó con la llegada de los nuevos Gobiernos autonómicos y locales surgidos en 2015, que revocaron esa decisión e incluso la llevaron a la Justicia.
En febrero pasado, el consistorio presidido por Joan Ribó redujo de cinco a dos estas zonas de gran afluencia y el Ejecutivo autonómico pelea por reducir a una única zona en toda la comunidad, aunque en su contra juegan varias sentencias que dan la razón a grandes superficies en Valencia y Alicante para disponer de libertad absoluta de apertura en festivos y domingos.
En paralelo surgen estrategias de algunos ayuntamientos, como el de A Coruña, que estableció la Torre de Hércules o el cementerio de San Amaro como zonas con libertad horaria total. Desde Anged también critican la oportunidad pérdida por la anulación de este tipo de zonas en Extremadura (se revocó la declaración de Badajoz, Cáceres y Mérida), especialmente en el primer caso, ya que estaba muy próxima a la frontera con Portugal y podía haber aprovechado el tirón de la demanda del país vecino.
Vuelven las moratorias a las grandes superficies
Mallorca inició el curso estableciendo moratorias para el establecimiento de superficies comerciales superiores a 400 metros cuadrados durante tres años. De esa norma quedaban excluídos equipamientos hasta 1.500 metros cuadrados que no eran considerados grandes superficies, como distribuidores de materiales de construcción o automoción. Anged recurrió la decisión de Mallorca y su reclamación fue atendida por el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente de Economía, que estableció que “no estaban justificadas las razones de interés general, la necesidad y proporcionalidad de la suspensión de nuevas licencias para la apertura de comercios de más de 700 metros cuadrados”. Al mismo tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) suspendió en junio la norma y dio la razón a Unibail Rodamco, promotora del centro de ocio Palma Springs. Esta decisión está recurrida por el Consell de Mallorca.
Una norma similar se ha tomado en el caso de Menorca, que también ha sido recurrida por Anged. Sin embargo, el Consell del archipiélago remarca que no se trata de una prohibición, sino de una moratoria mientras se redacta el plan director sectorial de equipamientos comerciales. También ha sido recurrida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que ha sido considerado “como un ataque del Gobierno central”.
