¿Qué medidas utilizan las empresas para reducir su huella de carbono?

El precio al carbono se extiende poco a poco en las compañías. Más de 1.200 abordan esta política, un 23% más que en 2015, según un informe de CDP.

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Acciona ha establecido un precio a los gases de efecto invernadero que genera su actividad. Unos costes que se contabilizarán en sus planes de negocio e inversión como parte de su estrategia 2016-2020 de lucha contra el cambio climático; el objetivo es alcanzar un carbono neutro.

De hecho, sus emisiones bajaron un 43% en 2015, hasta las 605.000 toneladas, frente a 2010, por su apuesta renovable, medidas de eficiencia, desinversión en cogeneración e innovación, señala Juan Ramón Silva, director general del área de sostenibilidad.

Parece que el cambio climático comienza a preocupar seriamente en las empresas y ya cala en su día a día y proyectos de inversión, por los riesgos que implica en el medio y largo plazo. Un avance que se produce, en parte, por los compromisos medioambientales adquiridos en la pasada COP21 de París (mantener la temperatura media por debajo de los dos grados), por la presión regulatoria y por las exigencias verdes de los inversores, pero también por las oportunidades que ofrece este escenario y la mayor conciencia ecológica.

Entre las europeas figuran una treintena de firmas españolas

Según recoge el reciente informe Embedding a carbon price into business strategy, publicado por la organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP), en 2016, 1.249 compañías del mundo incorporaron, o lo harán en breve, un mecanismo interno de fijación de precio al carbono en su estrategia empresarial, un aumento del 23% con respecto a 2015. Un valor que oscila entre 0,9 céntimos y 726 euros por tonelada. De ese monto, 517 lo utilizan como una variable de riesgo y 732 prevén implementarlo en 2018.

Mientras, 147 lo toman ya en cuenta tanto en las operaciones como en la estrategia, “de manera profunda”, añade el estudio, que entrevista a 5.759 empresas. Pero los esfuerzos son aún insuficientes frente a las altas temperaturas, advierte el estudio.

Entre las europeas figuran 37 compañías españolas de los sectores de infraestructuras (Abengoa, Acciona, Ferrovial, OHL), aéreo (IAG), acero (Acerinox), farmacéutico (Ercros), textil (Inditex), energético (Enagás, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Cepsa, Repsol), distribución (Grupo Logista) y financiero (Banco Popular, CaixaBank y Banco Cooperativo). Las citadas, ya fijan el precio en su estrategia.

Es el caso de Inditex. La multinacional ha invertido en los últimos cinco años más de 700 millones en la modernización de sus centros logísticos. El año pasado, en concreto, la construcción de edificios con certificación Leed (sostenible) como el de Cabanillas (Guadalajara), las medidas de eficiencia (uso de bombillas led), producción de energía renovable (47 millones de kWh en 2015) y la optimización de procesos bajaron un 19% la huella por prenda, hasta los 548,38 gramos de CO2., informa la compañía.

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A la espera de reglas de juego claras

El consumo industrial, la generación eléctrica y el transporte aéreo son los únicos sectores que pagan por emitir dióxido de carbono en España, a través del sistema de comercio de emisiones europeo (ETS, por sus siglas en inglés), indica Laureano Álvarez, socio de Monitor Deloitte.

Antes, el sistema establecía un límite anual de gases de efecto invernadero que se reducía progresivamente, por lo que cada emisor, incluidas las centrales de generación, recibía derechos gratuitos de emisión. Pero si superaba el tope, debía comprar esos derechos en el mercado, explica.

Sin embargo, “a partir de 2013, se introdujo el método de subasta progresiva para que las empresas eléctricas adquirieran todos sus derechos por esta vía, mientras otras industrias reguladas [como el transporte] mantienen un porcentaje gratuito”, señala.

De ahí “su eficacia limitada”, opinan en Deloitte, porque la recesión económica propició un descenso en los precios por contaminación, desde 27 euros por tonelada en 2008 a 8 euros en 2015.

Tampoco valora el coste de la externalidad medioambiental ni distribuye los esfuerzos entre todas las empresas emisoras. “En España, más del 50% de las emisiones no están sujetas al régimen ETS, como las de transporte, residencial o servicios”, apunta Álvarez y añade que el precio necesario para descarbonizar la economía debe situarse entre 20 y 40 euros la tonelada.

Además, ha abierto 330 tiendas ecoeficientes (la meta es que sus 3.778 lo sean en 2020) y ha lanzado su colección Join Life, fabricada con algodón orgánico, fibras recicladas y producida con energía limpia. Su precio de referencia es de 27,2 euros por tonelada, según CDP. En cuanto a Acciona, oscila entre 35,5 y 73 euros.

También Iberdrola quiere ser neutra en carbono en 2050. Por eso, el 33% de su inversión de 24.000 millones a 2020 irá a instalaciones renovables. De hecho, el 66% de su capacidad mundial instalada (44.241 megavatios) está libre de emisiones, asegura la empresa. Su presidente, Ignacio Galán, ha abogado por establecer las mismas reglas de juego para todos los agentes, de manera que se eliminen los subsidios a los productores más contaminantes. Su precio por tonelada es de 30,7 euros, revela CDP.

• Un fallo del mercado

Expertos del Grupo de Inversores Institucionales sobre el CambioClimático (IIGCC, por sus siglas inglesas) consideran que si no se penalizan las actividades contaminantes, los agentes económicos carecerán de incentivos para buscar alternativas menos nocivas.

De ahí que califiquen el calentamiento como “el mayor fracaso del mercado”. Y es que hasta el año pasado hubo pocas señales, pero el acuerdo de París, suscrito por 195 naciones y donde más de la mitad prevé usar esta medida, es un precedente que ha elevado la colaboración empresarial. Y pese a que este régimen no se ha establecido todavía de forma global, está en estudio o en marcha en Brasil, China, India, Japón, México, Corea del Sur y EE UU.

En Europa, el mercado de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), la referencia española, funciona desde 2005, pero con fallos. “Es ineficiente. Hemos pasado de 22 euros la tonelada en 2007 a cerca de 5 euros el año pasado, por la caída del volumen de las emisiones tras la crisis, derivada de la menor actividad industrial. Ahora contaminar es mucho más barato”, afirma José María González, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Tampoco incluye al transporte y residencial, cuando debería actuar sobre toda la economía, opina.

¿Pero qué debe determinar la tasa? Entre las soluciones que se barajan están una fiscalidad fija a las fuentes fósiles, quien contamina, paga; que los productos especifiquen en su etiqueta el tipo de energía utilizada en su fabricación y se encarezca o no en función de esto, y suscitar mercados más flexibles y ágiles para que se adapten mejor a la realidad.

Desde el IIGCC insisten en que es una herramienta esencial para disminuir la quema de combustibles fósiles y favorecer la inversión en tecnologías limpias. Por tanto, reclaman un precio alto que garantice el cambio de rumbo.

Mientras esto sucede, las multinacionales consultadas por CDP creen que este régimen favorece la prudencia, mitiga mejor los riesgos y el impacto regulatorio; prioriza las medidas de eficiencia, inversiones renovables y el desarrollo de productos o servicios menos dañinos.

Repsol es otro ejemplo. Desde 2005, tanto sus operaciones de exploración y producción de petróleo como las de refino están incluidas en el mercado europeo de emisiones, comenta Antonio López Rodríguez, gerente de gestión de energía y carbono de la empresa.

Si antes solo la segunda división aportaba el 85% del CO2, tras la compra de la canadiense Talisman ha conseguido que cada negocio genere un 50%. Con su primer plan de energía y carbono 2006-2013 logró bajar 3,1 millones de toneladas al año, mientras que con el segundo, 2014-2020, prevé disminuir 1,9 millones adicionales.

El pago por contaminación, clave para fomentar la economía verde, dicen los expertos

Unas metas que se consiguen, principalmente, a través de acciones de eficiencia energética. A la fecha, son 4 millones de toneladas menos, equivalentes a haber retirado de circulación unos 3 millones de coches, ilustra Rodríguez.

“Es una medida que, poco a poco, se está extendiendo. Canadá anunció hace unos días una valoración del CO2 a escala federal, ya sea mediante una tasa o bien, con un cap & trade (comercio de emisiones), para reforzar su aplicación en todas las provincias”, apunta. La petrolera no divulga el precio que utiliza.

• Sectores en riesgo

Sin embargo, más de 3.200 empresas dicen que carecen de dicho mecanismo y tampoco lo tienen previsto para los próximos años. Incluso, otras 1.223 eludieron la pregunta. De esa cifra, más de 500 son industrias altamente contaminantes, lo que contrasta con las 370 del mismo sector que lo han implementado, y donde paradójicamente 400 de ellas tienen sede en países que lo están considerando, están en proceso o ya lo han fijado. El CDP pide más transparencia.

El sector energético y el de utilities lideran esta iniciativa, con la mayor proporción de empresas participantes, del 63% y 52%, respectivamente. En cambio, los de telecomunicaciones, materiales, financiero, información tecnológica, consumo, industria y cuidado de la salud están, en ese orden, a la cola.

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Infraestructuras, líder en sostenibilidad

Entre las empresas del Ibex 35, Acciona, Ferrovial, Telefónica e Iberdrola encabezan el ranking de sostenibilidad en España, con una valoración en torno al 70% sobre 100, según otro estudio reciente de la consultora Carbon Clear, que evalúa el estado de las grandes.

“En general, el sector empresarial progresa en la medición y disminución de su impacto ambiental y, a la vez, lleva a cabo medidas de adaptación para un futuro bajo en carbono”, indica.

Así, más del 40% de las compañías del Ibex adquieren electricidad de fuentes limpias, en sintonía con los protocolos internacionales sobre gases de efecto invernadero. Además, se fijan metas de reducción de emisiones y de consumo de agua, o lo prevén para los próximos años; calculan los riesgos climáticos en sus áreas de negocio y hacen referencias sobre la economía circular, entre otros, añade el informe.

En el caso de Acciona y Ferrovial, en el top, la consultora destaca que “ambas han demostrado un compromiso claro en su lucha contra el cambio climático” a través de objetivos concretos de reducción de dióxido de carbono, el desarrollo de productos y servicios bajos en carbono, uso de renovables, innovación e inclusión de la variable sostenible en sus estrategias empresariales. Con todo, advierten de que la velocidad de las actuaciones es todavía lenta respecto del desafío que hay por delante.