Hacienda endurecerá el 'exit tax' para cumplir con Bruselas
La directiva antielusión obliga a exigir un impuesto de salida sobre los activos que se trasladan al extranjero
La directiva antielusión fiscal promovida por la Unión Europa contempla medidas que en su mayoría ya recoge hoy la legislación española. Sin embargo, también exigirá cambios importantes. Durante el XXVI Congreso de Inspectores de Hacienda que empezó ayer en Gijón, la subdirectora general de Impuestos de las Personas Jurídicas, Begoña García rozado, señaló que España deberá endurecer el llamado exit tax, es decir, el impuesto de salida que exige cuando una sociedad traslada su residencia fiscal.
La directiva europea señala que el exit tax también se aplicará cuando lo que cambie de país sean los activos. Es decir, un empresa residente en España que traslade activos a una filial ubicada en otro país deberá abonar un gravamen. Tributará por la plusvalía latente –es como si hubiera vendido el activo–, aunque la legislación europea señala que se permitirá el diferimiento del pago.
Los inspectores ven poco margen para elevar los ingresos por la lucha contra el fraude
Begoña García hizo hincapié en el cambio de postura Bruselas. La Comisión Europea llegó a abrir un expediente de infracción a España por el exit tax al entender que era contrario al derecho comunitario porque vulneraba el principio de libertad de establecimiento. Ahora, da un giro de 180 grados y apuesta por endurecer los impuestos de salida.
Durante la jornada, Luis María Sánchez, director del departamento de Inspección Financiera celebró que la Administración nunca había tenido tanta información de los contribuyentes. El Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) y la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA) son dos proyectos que permitirán a Hacienda recibir información de las cuentas que contribuyentes españoles tienen en el extranjero. Por otra parte, las empresas con una cifra de negocios superior a 750 millones deberán presentar a partir del próximo año respecto al ejercicio 2016 el llamado informe país por país. Se trata de un documento en el que las empresas deben ofrecer al fisco multitud de información sobre su actividad internacional.
Por otra parte, la Organización de Inspectores de Hacienda presentó ayer un informe en el que promueve la realización de “estudios periódicos” sobre la magnitud de la economía sumergida. El presidente de la asociación, José Luis Groba, aseguró que con medidas coercitivas ya no hay casi margen para elevar la recaudación de la lucha contra el fraude, que en 2015 aportó más de 15.000 millones.
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