Escándalo financiero

Blesa: “El Banco de España no puso tacha en 23 años” a las tarjetas ‘black’

Atlas
San Fernando de Henares

La tercera sesión del macrojuicio por las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia ha arrancado con un revés para los 65 usuarios, que cargaron en ellas 12 millones de euros en gastos personales sin justificar entre 2003 y 2012.

Los magistrados del caso han denegado todas las cuestiones previas presentadas por las defensas de los acusados, que incluían anular la prueba principal del caso, el documento con la hoja de gastos de todos los beneficiarios de las tarjetas, o apartar de la acusación a Bankia, su matriz BFA o el FROB.

La sala tendrá en consideración también como prueba el último lote de mails sobre la gestión de las tarjetas que Bankia aportó el viernes pasado, solo un par de días antes de que diera comienzo al juicio.

Solventadas las cuestiones previas, ha arrancado el turno de las declaraciones de los acusados, que ha comenzado pasadas las 11 de la mañana con la declaración del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que además cargó 436.700 euros a estas visas.

Su participación activa en la sesión, a la que como al resto están obligados a asistir los otros 64 imputados, ha sido seguida con expectación por decenas de preferentistas de Caja Madrid que han acudido a protestar ante la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. A siete de ellos se les ha permitido asistir en la última fila de la bancada reservada para el público a petición de que guarden respetuoso silencio.

Blesa, que ha avanzado que solo contestará a las preguntas de los magistrados, el ministerio fiscal y su abogado, ha comenzado por responder de forma resuelta al fiscal Alejandro Luzón, que le ha sometido a un tenso interrogatorio en el que ha debido intervenir la propia presidenta de la sala para acotar las contrarréplicas de ambos.

Durante su declaración ante el fiscal, Blesa ha defendido que el sistema de las conocidas como tarjetas black fue creado en 1988 y amparado por Jaime Terceiro que le precedió al frente de Caja Madrid.

Blesa ha asegurado que no hizo preguntas sobre el sistema por la buena fe en que las cosas se hacían bien en la entidad antes de su llegada. Las tarjetas, ha defendido, eran un complemento retributivo de libre disposición que sus beneficiarios podían utilizar a su antojo.

El acusado, para el que el ministerio fiscal pide la pena mayor, de seis años de prisión, ha aseverado además que las autoridades internas y externas estaban al tanto de la existencia d estas visas.

“Tenía que confiar. Había otros órganos internos, auditores internos, asesoría fiscal, auditores externos, el Banco de España y la inspección de Hacienda, que durante todo ese tiempo, y hablamos de 23 años, nunca pusieron tacha alguna, ni denunciaron irregularidad alguna, en la retribución de la que hablamos”, ha declarado.

“¿Hay alguien capaz de decir que se puede ocultar algo así durante 23 años en una organización con miles de personas y el Banco de España ahí?”, se ha cuestionado luego a preguntas de su abogado.

  • “Pistas” a los auditores

En cuanto a la falta de notificación específica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la naturaleza de estas tarjetas, Blesa ha sostenido que a la autoridad se le daba la cifra global de retribuciones abonadas, incluyendo la de las visas, pero que no era necesario matizar si se pagaba parte en cheque o con una tarjeta.

Por otra parte, el acusado ha dicho que no se pude decir que los auditores de Caja Madrid no tuvieran conocimiento de las tarjetas black, “porque tiene suficientes pistas” de su existencia gracias a diferentes documentos que obligatoriamente debían consultar.

  • Los incrementos del gasto

“Yo fui luego incrementando los límites con criterio de que la caja no era la misma de 1988 que la del 96 o la del 2000. En el 1996 tenía un balance de 30.000 millones de euros, en 2009 tenía 200.000 millones. En tres años la caja dobló su balance, y se fueron acompasando las retribuciones de todo orden a las responsabilidad, el tamaño y a la implicación que los consejeros tenían en una caja que iba creciendo”, ha dicho sobre los incremento de saldo que se fueron produciendo desde las 100.000 pesetas de tope con que habría creado las tarjetas la Caja Madrid de Terceiro.

Blesa ha asegurado, no obstante, que cuando los usuarios de las tarjetas solicitaban incrementos de saldo era de forma coyuntural para meses en que hacían viajes al extranjero y se autorizaba un incremento meramente operativo para esos meses pero siempre, ha asegurado, sin superar el límite anual impuesto a cada beneficiario.

Preguntado por el fiscal sobre por qué a unos consejeros se les facilitaba el PIN para poder retirar dinero efectivo de cajeros y a otros no, Blesa ha dicho que no le parece “trascendente”, puesto que era una retribución y que los usuarios podían bien tomando el efectivo o bien pagando sus gastos con la visa.

  • Sin declarar a Hacienda

Preguntado por el fiscal sobre por qué los certificados retributivos que entregaba la entidad a sus empleados para hacer la declaración de la renta no se incluían los saldos gastados con las tarjetas black pese a ser supuestas retribuciones, Blesa ha asegurado que solo a raíz del caso ha sabido que este concepto no aparecía.

“Todo el mundo estaba en la creencia de que estaba incluido. Nadie sabe qué tratamiento fiscal se esté dando a las retribuciones que percibe. Nadie esté en eso”, ha dicho.

  • El correo inculpatorio

En cuanto al correo que dio lugar al caso, escrito por el que fuera secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, con copia a Blesa, citando la existencia de “tarjetas black a efectos fiscales”, Blesa ha manifestado que nunca leyó ese correo.

“No va dirigido a mí. Veo que estoy en copia. Pero este correo no lo he leído, ni creo que haya evidencia digital de que lo haya abierto. Era frecuente que cada vez que los directivos mandaban algún mails me pusieran en copia. Yo les dije que no iba a leer ninguno porque iban a ser 80 o 100 correos diarios y dije que no me pusieran en copia con otra legión de personas”, ha manifestado.

Su abogado se ha encargado de subrayar que la prueba aportada no es el mail en sí, sino una reproducción aportada por la consultora PwC, contratada por Bankia para hacer un análisis.

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