Las 'black', el ejemplo de lo peor
El juicio contra 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia simboliza las peores prácticas llevadas a cabo en entidades politizadas, nada profesionales y con pocos escrúpulos
El juicio iniciado ayer contra 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia que disfrutaron de las tarjetas black, fiscalmente opacas, para sus gastos particulares, es el símbolo de las peores prácticas llevadas a cabo en algunas entidades bancarias en los años de excesos a la sombra de la burbuja inmobiliaria. El caso lo tiene todo: un consejo preocupado por inflar sus ingresos mientras se generaba un gigantesco agujero en las cuentas de la entidad; una obscena politización de los órganos de control, en los que se contentaba a representantes de partidos, sindicatos o patronal con pagos irregulares; una falta completa de profesionalidad en las formas y en el fondo que se tradujo en otros escándalos como la venta de preferentes a clientes nada sofisticados o una salida a Bolsa sostenida con información engañosa, asuntos que también están en los tribunales.
La transcripción de correos electrónicos entre los protagonistas del caso de las tarjetas black, publicada por El País, causa rubor. “Ampliar el límite durante agosto hasta 60.000 euros” es una de las inauditas órdenes que pueden leerse, en este caso para los gastos de vacaciones de Matías Amat, número tres de Caja Madrid, en 2006. Era una operativa habitual, a pesar de que las retribuciones regulares de los ejecutivos de Bankia –como los de otras entidades rescatadas como Catalunya Caixa o Novacaixagalicia– superaban con creces a las de puestos equivalentes en bancos de mayor tamaño y solvencia. Para más escarnio, la mecánica de las tarjetas seguía en marcha tras las ayudas públicas, en 2012, en un intento de sortear las limitaciones impuestas por Luis de Guindos a los salarios de los consejeros de entidades rescatadas. Las consecuencias de ese mal estilo de gestión son conocidas: tras Miguel Blesa y Rodrigo Rato llegó el rescate del sector financiero español, destinado en su mayor parte a Bankia, se agravó la recesión iniciada en 2008 y se disparó la deuda pública –la que pagarán los españoles de hoy y las generaciones venideras– hasta desbordar el 100% del PIB.
El caso Bankia es un símbolo de malas prácticas, pero en absoluto es generalizable al sector financiero. La mayor parte de las entidades necesitadas de auxilio eran antiguas cajas de ahorros carcomidas por la politización y la mezcla de intereses públicos y privados. La banca que se gestionaba de forma profesional y respetuosa con los intereses de sus accionistas o depositantes, ha soportado las dificultades no sin problemas, pero sin cargar la factura a la sociedad. Hoy Bankia, bajo la batuta de José Ignacio Goirigolzarri, se encuadra afortunadamente en esa pauta de rigor.
Son los tribunales los encargados de establecer responsabilidades penales. Las responsabilidades políticas, las de quienes pusieron a estos gestores al frente de la mitad del sistema financiero español, no se han aclarado del todo.