Negociación colectiva de la banca

El convenio de rurales podría dejar en el limbo al 4% del sector

La pugna entre las patronales del ramo podría dejar fuera del convenio a 800 empleados

Cajamar
Sede de Cajamar.

El sector financiero español en pleno ha vivido durante más de un año aferrado a sus antiguos convenios colectivos, prorrogando aquellos que estaban diseñados para vencer a finales de 2014, ante la incapacidad de patronales y sindicatos para alcanzar nuevos pactos para el periodo 2015 a 2018.

Tras 14 y 16 meses de negociación, respectivamente, bancos y cajas acabaron firmando nuevos convenios entre primavera y el arranque de verano. La negociación del convenio de cajas rurales y cooperativas de crédito, sin embargo, se atragantó a los negociadores y quedó para septiembre.

Paradójicamente, uno de los mayores focos de tensión de la negociación no emana de la tradicional confrontación de posturas con los sindicatos sino de la disputa abierta entra las dos patronales del ramo.

De un lado se encuentra la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), con cuatro décadas de historia, 12.000 empleados y unas 3.350 sucursales. De otra, Cajamar que, en busca de mayor peso, acabó escindiéndose de Unnac junto con las 18 rurales que engloba, con las que suma 1.240 oficinas y algo más de 6.000 trabajadores,y fundando su propia patronal Asemecc (Asociación Empresarial Española de Cooperativas de Crédito), creada a finales de 2014 precisamente para encarar la engociación de este convenio.

Una escisión que ha hecho saltar chispas en la recta final de la negociación del nuevo convenio. Las partes se han dado hasta finales de este mes para lograr un acuerdo pero, según fuentes sindicales, Unacc se niega a que el convenio ampare a los servicios centrales de Cajamar, al argumentar que son parte del Banco de Crédito Cooperativo (BCC), entidad de crédito afiliada a la Asociación Española de Banca (AEB) de la que cuelgan ahora las entidades adheridas al grupo.

Unacc alega que este grupo consolidable de entidades de crédito, calificado como Sistema Institucional de Protección (SIP) por el Banco de España, tiene forma de banco y debe ser cubierto por otro convenio como el de la AEB, a la que, después de todo, el Banco de Crédito Cooperativo está asociado.

Desde Cajamar, a su vez, consideran que no tiene sentido tener a una parte de su plantilla sujeta a un convenio y a otra a otro. El problema afecta a unos 785 trabajadores, más del 4% de los 18.000 empleados del sector, que quedarían en una suerte de limbo a la espera de su adscripción a algún convenio.

Como solución salomónica, los sindicatos han propuesto incluir a todos los trabajadores de forma transitoria en un nuevo convenio, al que después de todo le restan dos años y tres meses de aplicación práctica, para analizar qué marco conviene a cada parte en la próxima ocasión. Está por ver qué tesis se impone.

En paralelo, no obstante, la firma del convenio depende también de que se superen las diferencias abiertas entre las patronales, que plantean un alza salarial mínima y una nueva escala salarial que abarate las contrataciones, y los sindicatos.

El mayor, CC OO, insta a poner la mira en el convenio de banca, que recoge un alza del 4,5% de 2015 a 2018, a profesionalizar la promoción del personal y a limitar la rebaja del nuevo salario de entrada al sector.

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