Concurso público

Opositar en vez de hacer un máster

El coste de estudiar estos exámenes parte de 1.000 euros, aunque llega a 12.000 en el caso de la judicatura

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Tiene algo de malo ser funcionario? Aunque las ideologías políticas más liberales se han encargado de proyectar la imagen de que en España muchos jóvenes quieren ser funcionarios por su escaso espíritu de trabajo y de que este colectivo tiene mucha culpa de que no cuadren las cuentas públicas, opositar es una opción para acceder al mercado laboral tan legítima como cualquier otra. “A ver si ahora todos los jóvenes tienen que ser emprendedores”, señalan en algunas academias de oposiciones, teniendo en cuenta, además, que muchos políticos que han arremetido contra este colectivo viven de un sueldo del Estado sin haber aprobado nunca un examen de este tipo.

Tras la sequía sufrida en la oferta pública durante los peores años de la crisis, las oposiciones vuelven a estar en la mente de muchos jóvenes (y no tan jóvenes) que quieren acceder a un puesto de trabajo. La convocatoria de este año, con 19.000 plazas en el candelero (un 65% más que en 2015 y un 300% más que en 2010), “está produciendo una importante movilización de candidatos”, destaca Gloria Oliveros, directora de oposiciones y formación de empleados públicos de la academia Adams.

“Es lógico teniendo en cuenta la precariedad que reina en el mercado laboral, en el que se firman contratos hasta de un día”, afirma Jesús Martínez, jefe de estudios del área de oposiciones del Centro de Estudios Financieros (CEF). La estabilidad ha sido siempre uno de los atractivos del empleo público, al que ahora se suma el sueldo. “El salario, que hasta hace poco era considerado casi irrisorio, hoy es un gancho” debido a la caída de las retribuciones en la empresa privada, donde muchos licenciados cobran 600 euros al mes frente a los 900 euros de las categorías públicas más básicas (auxiliares).

  • Sueldo y horario

La conciliación familiar es también un imán, sobre todo para las mujeres. “Cada vez vienen más personas con muy buen sueldo, pero que trabajan de nueve de la mañana a nueve de la noche”, cuenta Martínez. Es uno de los motivos por los que ahora el 75% de los aspirantes a jueces, fiscales, letrados, gestión procesal e incluso a Hacienda son mujeres.

Pero opositar no es un camino de rosas y, además, no siempre es sinónimo de éxito. De entrada no se emplean menos de ocho meses en sacar una plaza en las categorías inferiores y, si se acude al grupo de gestión, al cuerpo técnico (grupo A), judicaturas, puede suponer de cuatro a seis años, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial.

El sacrificio en áreas como judicatura, notariado o registradores es tan brutal que entre el 25% y el 30% de los candidatos abandonan, recuerdan en CEF. “No pueden con ellas”, en parte también porque muchos aspirantes vienen de carreras como Psicología, Periodismo o Farmacia y no tienen una base jurídica importante.

Además, el coste de las oposiciones, aunque depende de la categoría y del precio de la academia o preparador, oscila entre los 1.000 euros para el grupo auxiliar, 12.000 para jueces y 20.000 euros para los notarios, a los que hay que añadir el temario. Pero, según Oliveros, “es una inversión, una carrera de fondo. ¿Qué máster garantiza hoy un puesto de trabajo?”.

“No se requiere un gen distinto para opositar”, dice Martínez, pero los aspirantes suelen ser muy disciplinados y tenaces, con dedicación exclusiva y una media de 35 horas de estudio a la semana, al menos en los grupos técnicos (A1 y A2), lo que “desmonta el mantra de que tienen pocas ganas de trabajar”. De ahí que los opositores de cuerpos superiores sean muy valorados en algunas empresas como las consultoras, dada la formación y las habilidades prácticas que adquieren en la preparación. Para aprobar, hay que saberse como el padrenuestro los dictámenes, los casos prácticos jurídicos y contables y la contabilidad, entre otras materias.

  • Plazas en Justicia

La Administración de Justicia es uno de los cuerpos más demandados. La razón es que en España “hay muchos candidatos con conocimientos jurídicos procedentes de grados como Derecho, Trabajo Social o Criminología”, explica Oliveros. Pero también obedece a la periodicidad de las convocatorias, a la posibilidad de acogerse a traslados a comunidades autónomas con las competencias transferidas; a que no tienen fase de concurso (que excluye a muchos aspirantes sin puntos por servicios prestados) y “sobre todo el número de plazas convocadas anualmente”, añaden en el Centro de Oposiciones Máster D, que desde 2015 ha notado un aumento significativo de matriculados.

La convocatoria de Justicia de este año cuenta con 2.189 plazas (similar a las de 2015), lo que a juicio de Pilar Guillén, profesora del área de justicia y penitenciarias de esta academia, “ha motivado a muchos opositores”.

El número de plazas que se crea es mucho mayor en las categorías inferiores, pero también el número de aspirantes, por eso, los expertos recomiendan optar por la categoría en función de otras variables. “No es lo mismo competir por una plaza con 10 personas que con 100”, destaca el portavoz del CEF. Y aunque de media, el 40% de los que se inscriben no se presentan al examen, en 2015, las 752 plazas de auxiliar judicial convocadas atrajeron a más de 64.000 candidatos, mientras que tramitación procesal interesó a 48.000 aspirantes para 376 plazas, y 15.000 personas compitieron por las 140 plazas de gestión procesal. Es muy habitual que muchos aspirantes a estas categorías tengan grado de Derecho.

Además de valorar este ratio, elegir el programa que mejor se adapte al currículo del candidato, comprobar el tiempo del que se dispone para prepararse y la regularidad de las convocatorias son algunas recomendaciones que deben tenerse en mente a la hora de elegir, indica Jesús Martínez.

Pero también es clave contar con un buen material didáctico, acudir a un preparador o academia especializada en oposiciones de Justicia y tener unos mínimos conocimientos jurídicos si uno es autodidacta, incide Oliveros.

Notarías, un concurso de élite

No es un tópico. “Notarías es la oposición más dura de Justicia junto a registrador”, insisten en CEF. Entre ocho y nueve años se puede tardar en aprobarlas. En 2015 se convocaron 100 plazas de notarios, por las que compitieron 831 aspirantes, y 50 plazas de registradores, a las que se presentaron 727 candidatos, puntualizan en Adams. Son casi 400 temas y son de las más caras, en torno a unos 24.000 euros (ocho años). Lo ideal es ir a la academia o recurrir a un preparador. Hacerse abogado del Estado o juez tampoco es fácil. El tiempo para sacarlas está entre siete y cinco años, respectivamente, y el programa está compuesto de 318 temas. En 2015 salieron 100 plazas de juez a las que acudieron casi 3.900 candidatos.

Es más asequible hacerse letrado de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), ya que el programa lo componen 265 temas y el tiempo para sacarlas es de cuatro años. En 2015 se convocaron 80 plazas, a las que se presentaron 3.265 personas. De ahí para abajo, gestión procesal (que también requiere un grado), tramitación procesal o auxilio judicial, el número de aspirantes crece mucho. Lleva bastante menos tiempo sacarlas (gestión procesal, por ejemplo, tarda solo dos años), pero tienen el handicap de que gran parte de los aspirantes cuentan con el grado de Derecho.

Ahora, además, existe la posibilidad de prepararlas online. CEF cuenta con un aula virtual que permite incluso “cantar los temas a través de Skype” para preparar el examen oral, mientras que en Adams, gran parte del alumnado se prepara por medio de esta modalidad porque ofrece una mayor flexibilidad horaria.

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