Acuerdo PP-C's

Las sicavs serán laminadas como vehículos para uso de los 'ricos'

El temor a que la nueva política metiera mano a la tributación de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) es ya una realidad en el acuerdo firmado el domingo por Ciudadanos y el Partido Popular.

La formación de Albert Rivera recogía en su programa electoral que esas sociedades de inversión debían ser realmente colectivas y no un instrumento teledirigido por un gran accionista que determinara al detalle la política de inversión, como sucede ahora en la práctica. Dentro de esa sociedad pueden comprar y vender activos financieros sin tributar, aunque sí lo hacen en el  cuando retiran las plusvalías.

Y es que ahora las sicavs gozan de las prebendas de los fondos de inversión de tributar por el 1% de los beneficios en el Impuesto sobre Sociedades y no por el 25% del tipo general, además de diferir el pago sobre las plusvalías en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del 19% (hasta 6.000 euros), el 21% para los siguientes 44.000 euros y el 23% a partir de 50.000 euros. 

La gran controversia de esta herramienta de ahorro está en el control efectivo de las decisiones de inversión; al igual que a los fondos, se les exigen 100 partícipes para tributar al 1%, pero a la hora de la verdad se constituyen ad hoc para familias y grandes patrimonios, cuando el resto de accionistas son meros partícipes sin ningún tipo de influencia en la gestión. De hecho, se los conoce como mariachis

El acuerdo firmado el domingo recoge que solo computarán dentro de ese centenar de accionistas aquellos que controlen al menos el 0,55% del capital. En otras palabras, el máximo accionista solo podrá controlar, como máximo, el 45,55% del capital, lo que limita la capacidad de control de la sociedad. 

32.566

millones de euros era el patrimonio de las sicavs a cierre de junio

El otro gran cambio es la supervisión. Será la Agencia Tributaria la que se encargará de ello y no la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en la práctica puede dedicar pocos recursos a su control. Esta modificación estaba también reflejada en el documento firmado por el PSOE y Ciudadanos el pasado marzo. 

En 2005, el Ministerio de Economía, dirigido por Pedro Solbes, decidió que fuera la CNMV el órgano encargado de regular las sicav, dejando fuera a la Agencia Tributaria (AEAT) que dos años antes había abierto liquidaciones a algunos de estos vehículos exigiéndoles una tributación del 35%, porcentaje en el que estaba entonces el Impuesto sobre Sociedades.

El pulso que acabaron ganando las sicav al lograr que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) refrendó su tributación al 1%, al confirmar que solo el regulador del mercado de valores podía decidir si uno de estos vehículos cumple o no con los requisitos.

Ahora, si el pacto se convierte en ley, la AEAT volverá a recuperar su control, lo que anticipa una mayor dureza, a la que se sumará la nueva exigencia de capital mínimo. Esta última medida estaba también incluida en el programa del PP, después de que tanto como Ciudadanos como Podemos sacaran a debate la tributación de estos vehículos. 

  • Desaparición en lo que va de año

En lo que va de año han desaparecido 177 de estas sociedades, bien porque sus accionistas hayan optado por su liquidación, bien porque han sido integradas en fondos de inversión. La cifra es un 1.080% superior a la de los primeros ocho meses de 2015.

Los gestores de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) españolas están teniendo un verano muy activo. Desde junio, el número de estos vehículos de inversión colectiva que han comunicado su baja es de 29 y otros 109 han anunciado su integración en fondos de inversión.

El temor a posibles cambios en la fiscalidad de las sicavs ha provocado una oleada de cierres de estos vehículos, a la que se suman el traspaso a otros activos domiciliados en Luxemburgo y su absorción por fondos de inversión creados en ocasiones a propósito para el traspaso de estos patrimonios.

  • Una CNMV reforzada

EL PP ya recogía la necesidad de crear un organismo que aúne la protección del usuario de productos financieros. Ahora aparece negro sobre blanco la creación de la "Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros".

Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros para minoristas (por ejemplo, de hipotecas) con el fin de evitar fraudes a los consumidores justificados en la letra pequeña de los contratos, y también se ocupará de la supervisión de compañías de auditoría que actualmente desempeña el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC). Reforzar los derechos de los consumidores y usuarios.


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