La CNMC vetará que las empresas 'malas' vayan a concursos públicos
El presidente de la CNMC aseguró que ya ha comenzando a poner multas a los directivos de hasta 60.000 euros. José María Marín Quemada explicó que el objetivo no es poner multas muy altas, sino dar el mensaje de que hay responsabilidades personales y afirmó que “la sociedad española tiene derecho a conocerlas”. En el curso ¿Qué hemos aprendido de la crisis?, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la APIE.
El siguiente paso que estudia el supervisor será el de imposibilitar que las empresas que han cometido ilícitos puedan presentarse a concursos públicos.
José María Marín Quemada matizó que todavía están viendo los poderes que les concede la legislación sobre este tema, pues se aprobó el año pasado. Aseguró, eso sí, que esta arma será crucial para luchar contra los cárteles. Por ejemplo, contra el de las empresas de gestión de residuos, que impuso sobreprecios a varios ayuntamientos españoles. Así se impedirá que cometer ilícitos sea más rentable que el castigo, pues se les bloqueará por completo la vía de negocio. En 2015, la CNMC batió el récord de sanciones por infracciones e impuso multas por un total de 549 millones de euros. A las firmas de gestión de residuos, 88 millones.
Marín Quemada, presidente del superregulador desde su creación en 2013, cargó contra el Gobierno por retirarle competencias en energía y telecomunicaciones, por no darle las necesarias y, además, impedir que pueda “retener y atraer el talento en cuanto a personal”. El grado de libertad que se refleja en la ley en cuanto a ese punto ha quedado cercenado, a juicio del responsable de la CNMC, que reconoció que no hay limitaciones en cuanto a la dotación presupuestaria. “Pero, cuando he ido a cubrir bajas, me he visto atado de pies y manos”, se quejó, en referencia a las 300 personas que son personal laboral. Otra parte de su plantilla son funcionarios.
El presidente del organismo macroregulador y defensor de la compentencia en España sentenció que su misión es “neutralizar los excesos del mercado [principalmente la presión que ejercen las grandes empresas] en detrimento del interés general y también limitar la discrecionalidad del Ejecutivo en la toma de decisiones. “Lo que quiero es que los gobiernos nos dejen trabajar, este y el que venga”, sentenció. En este sentido, aseguró que no tiene sentido que las tarifas del gestor de aeropuertos Aena se fijen por el Estado, que controla el 51% de la compañía, después de que sacara a Bolsa el 49% del capital el año pasado.
Marín Quemada también advirtió que prohibir por prohibir no tiene sentido, para después mencionar las quejas de los taxistas en relación a otros operadores, como Uber: “Cerraron algunas librerías, sucursales bancarias... El gesto de levantar la mano para pedir un taxi ya no se utilizará. Sabemos lo que hay y queremos decir que es una oportunidad de negocio; hay que adaptarse: también los reguladores, también Bruselas”. Se refirió además a la posibilidad de prohibir los apartamentos turísticos en Canarias en la zonas turísticas, anticipando que no tiene sentido.
El supervisor, además, tendrá listo en breve el informe sobre las comisiones de los bancos por el uso de las tarjetas y los cajeros. La CNMC solicitó a inicios de año, y por sorpresa, a todas las entidades financieras una serie de informaciones relevantes para conocer de primera mano que acuerdos han alcanzados cada banco sobre las comisiones que se aplican a los clientes por el uso de los cajeros ajenos. Su objetivo es averiguar si las tasas que aplican están justificadas con el coste del servicio.
