Bruselas fija directrices para permitir el desarrollo de Uber y Airbnb

Investiga a España, Francia y Alemania por frenar las nuevas plataformas

La comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska. EFE

Uber, la plataforma de taxi alternativo financiada por Google y Goldman Sachs, sufrió ayer en un Tribunal de Bruselas su enésima derrota judicial en Europa al ver rechazado el recurso contra la amenaza de sanción de 10.000 euros diarios si mantiene su servicio en la capital europea. Este batacazo podría ser uno de los últimos porque la Comisión Europea tiene previsto aprobar mañana unas directrices que pretenden facilitar el establecimiento de los nuevos canales de negocio e impedir que los países de la UE frenen su desarrollo denegándoles el permiso de operar o imponiéndoles obligaciones excesivas.

La iniciativa de la Comisión puede poner en pie de guerra a sectores como el de la hostelería o el de transporte de viajeros, que llevan meses presionando a las autoridades locales para que dicten ordenanzas en contra de la propagación de servicios alternativos o paralelos.

Las directrices de Elzbieta Bienkowska, comisaria europea de Mercado Interior, son el primer intento de Bruselas de establecer un marco regulador común para la llamada economía colaborativa en toda Europa y evitar que las administraciones nacionales, regionales o locales establezcan normativas que fragmenten el incipiente mercado.

Las nuevas directrices van en la misma línea que la propuesta en España por el regulador de la competencia (CNMC), que el pasado mes de marzo publicó un documento de 190 páginas a favor de suprimir restricciones en mercados como el de las viviendas para uso turístico o el de taxi. La Comisión siempre se ha mostrado muy favorable a servicios como el de Uber (transporte urbano entre particulares) o Airbnb (alquiler de habitaciones entre particulares). Pero Bruselas no ha podido evitar que esas plataformas se topen con numerosas trabas, castigos y prohibiciones en varios países europeos.

El departamento de Bienkowska ha recibido varias quejas sobre esas cortapisas, en concreto, contra España, Francia o Alemania, en el caso de Uber, o contra la normativa de Cataluña en el caso de Airbnb. Bruselas mantiene abierta una investigación preliminar sobre esos expedientes, pero la falta de claridad sobre la legislación a aplicar ha impedido que el equipo de Bienkowska actúe.

Bruselas advierte que ahora, tras la aprobación de las nuevas directrices, tramitará las quejas y expedientará a los países donde encuentre medidas desproporcionadas. La intervención de la CE podría impulsar un mercado que, según los datos de Bruselas, ya se dobla cada dos años y factura más de 11.000 millones de euros a nivel mundial.

Las directrices elaboradas por el departamento de Bienkowska parten del principio de que la economía colaborativa supone una gran oportunidad no solo para el consumidor sino también para el empleo. La Comisión considera que los nuevos modelos de negocio alientan la actividad económica en un continente en el que, a menudo, los emprendedores no se atreven a aventurarse por miedo a una regulación muy pesada o a excesivas cargas financieras por adelantado.

• Obligaciones

Las directrices de la Comisión pretenden enmarcar el desarrollo de la economía colaborativa evitando que se convierta en una economía sumergida o basada en la precarización laboral. Las directrices permiten a los Estados aplicar las normas habituales sobre fiscalidad, seguridad en el trabajo o protección del consumidor. Pero recomiendan el establecimiento de umbrales de negocio, para que no se apliquen con el mismo rigor a una persona que participa ocasionalmente en las nuevas plataformas o que se dedica a ello profesionalmente.

Del ‘colegueo’ al negocio multimillonario

La Comisión Europea sale en defensa de la economía colaborativa cuando algunos protagonistas de ese fenómeno han dejado de ser proyectos filantrópicos para convertirse en multinacionales que han arrebatado una parte del negocio a los gigantes del sector turístico o del transporte.

La economía colaborativa, según un reciente estudio de la consultora PwC, mueve más de 11.000 millones de euros al año y podría multiplicarse hasta 335.000 millones en apenas 10 años. En relación con la economía mundial se trata de una cifra relativamente menor. Pero en algunos sectores concretos el bocado se deja sentir para indignación de los gremios sometidos a pesadas regulaciones. en muchos casos obsoletas. En Europa, según la CE, hay más de 5.000 profesiones reguladas, con 50 millones de empleos o el 20% de la población activa.

Las directrices que aprobará mañana la Comisión abogan por revisar esas regulaciones, para aligerarlas y permitir a los canales tradicionales competir mejor con los nuevos.

El taxi es uno de los servicios más afectados, por una plataforma como Uber que opera en 250 ciudades y que se ha llegado a valorar en más de 40.000 de dólares, más que American Airlines. Hace dos meses, los taxistas de Madrid bloquearon algunas calles en protesta por lo que califican como competencia desleal, y la misma escena se ha repetido en las principales ciudades europeas.

El impacto de Airbnb, compañía que ya ofrece más habitaciones que toda la cadena Hilton, es más complejo, porque también afecta al desarrollo urbano y a la convivencia en los barrios. Otras plataformas suavizan ese impacto ofreciendo solo intercambio de habitación sin dinero de por medio.