Editorial

Protección y responsabilidad

La macrocausa seguida en el Juzgado número 11 de Madrid sobre las cláusulas suelo de las hipotecas del sector financiero ha concluido con la declaración de nulidad de estas condiciones “por falta de transparencia”. El fallo, que no es firme, afecta a 40 bancos y cajas y obliga a eliminarlas de los contratos y a devolver las cantidades indebidamente cobradas desde mayo de 2013. La sentencia sigue así lo establecido en ese año por el Tribunal Supremo, que anuló las cláusulas suelo de tres entidades.
La decisión del juzgado llega en un momento difícil para la banca, cuyos márgenes de negocio se han estrechado por la política de tipos cero del BCE. Pese a que parte de la factura que supondrán las devoluciones está provisionada –los analistas calculan que la cantidad global puede ascender hasta 1.000 millones de euros anuales– la sentencia constituye otro revés para un sector que ha realizado un serio esfuerzo de capitalización y saneamiento. Más allá de cuál sea la factura definitiva y el resultado de los recursos contra la sentencia, hay dos lecciones que extraer sobre este conflicto. Una de ellas es la necesidad de aumentar la protección del consumidor en las condiciones generales de los contratos y la otra es el ejercicio de información y responsabilidad que corresponde realizar a todos los particulares antes de contratar un producto financiero.