El Foco

¿Gastar más en educación o gastar mejor?

La educación es clave para el desarrollo individual, la integración social, el acceso a las mejores oportunidades laborales y hace viable la especialización en actividades basadas en el conocimiento y la generación de valor a partir del capital humano. La sociedad española lo reconoce desde hace tiempo dedicando importantes recursos públicos a estas actividades y lo ha confirmado en los años de crisis al comprometer las familias más recursos para compensar, al menos parcialmente, el retroceso del gasto público en educación.

Reconocer la relevancia de la educación no ha sido suficiente para dotarla de un marco normativo estable que contribuya a mejorar los insatisfactorios resultados formativos en nuestro país en conocimientos alcanzados, uso del capital humano y logro de la igualdad de oportunidades. Es una opinión frecuente de los educadores, los empleadores y estudios internacionales como PISA y Piaac, basados en indicadores objetivos acerca de las competencias adquiridas por jóvenes y adultos. Los cambios regulatorios reflejan más confrontación ideológica que consenso sobre las soluciones a los problemas de eficacia, eficiencia y equidad de nuestro sistema educativo.

Reconocer la relevancia de la educación no ha sido suficiente para dotarla de un marco normativo estable

Los debates sobre la suficiencia de los recursos dedicados a estas actividades se han intensificado con las importantes caídas del gasto público por alumno en estos años: hasta un 20% de 2008 a 2013. Son retrocesos lo bastante intensos como para preguntarse por sus consecuencias sobre el aprendizaje y la equidad. Las Cuentas de la educación en España 2000-2013, recientemente publicadas por la Fundación BBVA y el IVIE, aportan respuestas analizando los recursos humanos y financieros empleados en las actividades educativas, las contribuciones del sector público y las familias a su financiación, los costes de los centros públicos y privados y la influencia del entorno de los alumnos sobre la formación.

Las cuentas nos dicen que el sistema educativo español es similar en muchos de sus rasgos generales a los de los países desarrollados en acceso a las enseñanzas y ratios de alumnos por profesor. Pero nuestros resultados formativos son inferiores a países que hacen un esfuerzo financiero similar y presentan importantes diferencias entre alumnos, en función del entorno familiar y del perfil de las familias que acuden al centro. Constatan que la financiación pública de la educación se expandió con fuerza hasta la llegada de la crisis, pero se ha contraído con los ajustes de los últimos años, en los que este servicio público fundamental no ha sido protegido. Advierten de que la deficiente programación financiera de las Administraciones responsables ha desembocado en una inestable combinación de crecimientos rápidos del gasto y posteriores ajustes intensos del mismo, nada deseables en estas actividades. Señalan que el gasto público en educación es ahora menor que en el pasado e inferior al de los países de nuestro entorno. Esa caída ha sido parcialmente compensada por familias, cuyo esfuerzo es mayor que en otros lugares, pero la mayor dependencia del entorno familiar hace más probable que las oportunidades educativas de los individuos sean más desiguales.

Este año la caída del gasto público en educación ha sido parcialmente compensada por familias

Partiendo de este diagnóstico, la necesaria recuperación del esfuerzo público en educación debería tener presente que gastar más no es lo mismo que gastar mejor. La igualdad de oportunidades en España no está vinculada ya tanto al acceso a la educación como, sobre todo, a las condiciones en las que diferentes alumnos se forman cuando sus entornos socioeconómicos son distintos. Para eliminar los obstáculos a la igualdad que esos entornos representan los esfuerzos deben dirigirse a apoyar a los más débiles, mejorando el acceso a la educación infantil —la menos financiada con recursos públicos y en la que el gasto por alumno ha retrocedido— y la educación primaria. Es crucial fortalecer estas etapas formativas y combatir el abandono escolar que en ellas se incuba, con programas bien diseñados, evaluables y evaluados.

Los bajos niveles de competencias no se deben a una escasez generalizada de recursos humanos en los centros -no tenemos elevadas ratios medias de alumnos por profesor— ni financieros —con el mismo nivel de gasto otros países obtienen mejores resultados— sino a un uso poco eficiente de los recursos en muchos casos. La mejora requiere apostar por la eficacia formativa y una vía para conseguirlo es mejorar la equidad, reforzando el apoyo a los que tienen mayor riesgo de obtener pobres resultados porque deben superar los obstáculos derivados de un entorno desfavorable, en sus familias y en los centros. Ese riesgo es mayor en los centros públicos -afecta al 29% de sus alumnos- que en los privados -sus alumnos afectados por entornos desfavorables son el 15%-. Esta es la causa fundamental por la que los resultados medios de los centros privados son mejores y la razón principal para gastar más en determinados centros públicos.

Habría más protección educativa si hubiéramos dotado en los años de vacas gordas un fondo de reserva

Mejorar el funcionamiento de los centros educativos requiere que sus profesionales dispongan de información que les facilite la tarea de evaluar sus resultados y las causas de su posicionamiento. También requiere que los centros –en especial los públicos, que forman al 70,5% del alumnado- dispongan de margen de gestión para actuar con cierta autonomía en la consecución de objetivos, siendo sus equipos profesionales reconocidos y recompensados cuando consigan mejoras.

La experiencia de estos años indica que la inestabilidad financiera padecida no es deseable para las actividades educativas: genera tensiones dolorosas e impide trabajar al sistema educativo con horizontes de largo plazo. Evitar esa inestabilidad requiere dos cosas: prudencia en los incrementos del gasto durante las expansiones y actuaciones previsoras, pensadas para mejorar la educación de hoy y también la de mañana. Si hubiéramos dotado durante los años de vacas gordas un fondo de reserva para la educación como el de la seguridad social, las actividades educativas hubieran podido estar protegidas de los ajustes durante la crisis, como han estado las pensiones. Estamos a tiempo de aprender la lección para el futuro.

Francisco Pérez es Catedrático de la Universidad de Valencia y director de investigación del Ivie