Para evitar que destruya pruebas

La juez envía a prisión y sin fianza al dueño de Vitaldent

El auto de prisión desvela toda la operativa al detalle de cómo actuaban para esconder dinero a Hacienda

Las clínicas propias podían generar todo el B que quisieran. De ello debían pagar a la matriz un 10% de lo recaudado

Más adelante se fijó una cuota fija en 10.000 euros mensuales

La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda ha enviado a prisión incondicional sin fianza a los cuatro principales implicados en la red de fraude de la cadena de Vitaldent, entre ellos su propietario, Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conde.

La medida se ha tomado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción después de que la juez haya tomado declaración a los principales responsables del fraude millonario destapado ayer por la Policía.

Según el auto de prisión elaborado por la juez, el presunto fraude de la red de Vitaldent se basa en la existencia de una contabilidad B, así como un sistema de generación mensual y anual de grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente,

El documento desgrana la operativa al detalle. Asegura que "en un primer momento cada clínica podía generar en B la cantidad mensual elegida, debiendo entregar el 10% de lo ennegrecido a la organización, para lo cual se estableció un sistema de recogidas de dinero en efectivo y se facilitó la entrega en metálico en las reuniones anuales de los franquiciados de confianza.

Dicho sistema de generación de efectivo habría conllevado la existencia, primero, de una doble contabilidad con la creación de un sistema informativo ad hoc para reflejar ambas contabilidades, y segundo, el sistema de recogidas físicas del dinero, que habrían sido encargadas por el propietario, Ernesto Colman, a personas de su confianza. Y tercero, almacenamiento físico de dinero y desvío a otra jurisdicciones, como Suiza, a través de un complicado sistema societario dividido en dos partes, las clínicas propias, que operan con el nombre de Opendent, y las franquiciadas.

En paralelo, la juez establece que se han confirmado a través de intervenciones telefónicas la existencia de cobros mensuales en B por importes que oscilan entre los 10.000 y 12.000 euros mensuales por cada una de las clínicas propias y pagos en B por franquiciados de confianza, entre ellos los hermanos Javier y Oscar Arteaga.

Se acredita además la realidad de que los franquiciados se desplazan a Madrid con la finalidad de abonar el canon en B así como el requerimiento efectuado a finales de 2015 a diversos franquiciados de confianza para que se pongan al día en el pago de ese canon.

Que dicha actuación se traslada no solo a España, sino a otros países.

La juez cree acreditada igualmente que la red realiza habitualmente facturación sin IVA.

Además, asegura que "se acredita el traslado del dinero obtenido con esta actividad delictiva al exterior simulando la prestación de unos servicios de un país tercero, facturando ficticiamente a empresas de esos países a las sociedades lideradas por Ernesto Colman Mena. Una vez que el dinero está en estos países se aflora al mercado económico legal a través de simulación de actividades y relaciones comerciales".

El auto establece que de acuerdo con la UCO se puede determinar que cada una de las clínicas propias (146)  paga el referido canon de 10.000 euros por lo que anualmente se perciben cantidades estimadas en 17,2 millones de euros en B al año, desde junio de 2012 a julio de 2015. Ingresos que en esos tres años dan un total de unos 51 millones de euros.

La juez detalla que en el registro del domicilio de Ernesto Colman se intervinieron más de 400.000 euros en efectivo. A uno de sus hombres de confianza Julio Sisinni se le encontraron 100.000 euros. Y a los estrechos colaboradores de la empresa y franquiciados de confianza, Javier y Oscar Artega, 66.000 y 615.000 euros respectivamente

La juez les acusa formalmente de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, organización criminal, estafa y falsedad documental, además de delito contable.

Diez de los trece detenidos ayer por la Policía Nacional en la operación contra el blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública declaran hoy en el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid), después de que los otros tres fueran puestos en libertad por la Policía.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión provisional sin fianza para Ernesto Colman, y otros tres detenidos que han pasado este miércoles a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) tras ser arrestados en el marco de la 'operación Topolino' contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

El Ministerio Público había solicitado esta medida cautelar para Ernesto Colman; el vicepresidente de la compañía, Bartolo Conte; Javier Artega y Nicolás Sisinni, que han sido los primeros de los trece detenidos a los que la magistrada ha tomado declaración en el marco de la causa iniciada a raíz de la denuncia de varios de los franquiciados.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó este martes la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena especializada en salud dental estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico. Los investigadores cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros.

Entre los detenidos en Madrid y en Torrevieja (Alicante), se encuentra también Vicente Samper, director comercial de Vitaldent desde 2005 hasta hace tan solo unas semanas y la persona encargada de la expansión de Vitaldent tanto en España como en Portugal, Italia o EE.UU. En el marco de esta operación, la Policía ha incautado un avión, decenas de coches y varios de alta gama.

Según estas investigaciones, los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, según la Policía. La Fiscalía, en un comunicado emitido este martes, habla incluso de “organización criminal” dirigida por el dueño de Vitaldent, Ernesto Colman.

El procedimiento que seguía la trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España. Se hacían con artículos de lujo, o creaban nuevos negocios, según los investigadores.