Rosell a Sánchez: “No nos dice qué cuestan sus medidas”

"Echamos en falta que Pedro Sánchez nos haya dicho cuánto cuesta aplicar los puntos de su programa". Este es el resumen que ha hecho hoy el líder de la patronal CEOE, Juan Rosell, de su encuentro mantenido esta mañana con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en el marco de la ronda de reuniones que está teniendo para negociar su investidura. El dirigente socialista se había con los líderes sindicales de CC OO y UGT.

Rosell y el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, se han mostrado escépticos acerca del programa de Gobierno que les ha presentado Sánchez, ya que según su opinión, las medidas socialistas exigirían un importante aumento de los impuestos para costear el aumento de gasto que supondrían.

Así, para poner un ejemplo, el presidente de CEOE se preguntó retóricamente: "si se hiciera una encuesta, todo el mundo estaría dispuesto a aumentar el cobro máximo de la prestación por desempleo de 24 a 36 meses pero ¿qué costaría y de donde saldría ese dinero?; y lo mismo ocurriría si se preguntara a los ciudadanos si quieren que se baje el IVA a algunos sectores como el de los juguetes, pero ¿estarían dispuestos a un incremento del IVA que se multiplicara por dos?"

Por ello, tras este reproche al líder socialista, los empresarios han declarado que han insistido a Sánchez que la vía de aumentar los ingresos no sería una subida de impuestos sino "una ampliación de la base imponible, a través de la lucha contra la economía sumergida", explicó Garamendi. Según los cálculos de la patronal, combatir la economía irregular podría aumentar dos puntos la recaudación fiscal. En ese mismo sentido, Garamendi ha asegurado que ha trasladado a Sánchez que sus planes de recuperar los impuestos de patrimonio y sucesiones y fijar un suelo mínimo  para ambos sería "un grave error".

Por su parte, los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, se han mostrado más conformes que los empresarios con el programa de Gobierno del PSOE. "Es una buena base de partida", ha dicho Méndez; y "un buen punto de arranque", según Toxo.

Si bien, aunque ambos han considerado que "sería muy conveniente" que la investidura de Pedro Sánchez tuviera éxito, también es cierto que han manifestado su deseo de que las medidas económicas y sociales de su programa debería ir más allá en cuestiones como la reforma laboral --los sindicatos reclaman también que se derogue la reforma socialista de 2010--; el aumento del salario mínimo; o la petición a Bruselas para flexibilizar el cumplimiento del objetivo del déficit.

En este último punto, los sindicatos consideraron que, para hacer compatible todos los aumentos de gasto público que requieren las "medidas de emergencia social" que necesita España y el cumplimiento de dicho objetivo de estabilidad presupuestaria debería de permitirse un déficit del 1% en 2019. Esto fuer rotundamente rechazado momentos después por los empresarios, cuando Rosell ha espectificado que "con Bruselas se puede hablar de décimas pero no de puntos", que es lo que exigiría la demanda sindical.

Asimismo, los líderes sindicales coincidieron en que que para la aplicación de las medidas socialistas haría falta un fuerte incremento de los ingresos fiscales. "Hay que modificar el IRPF para reequilibrar las cartas y derogar la irresponsable rebaja fiscal" que estaba prevista para enero de 2016 y se adelantó a julio de 2015, dijo Méndez.

Por su parte, Rosell, preguntado por si los empresarios temen un Gobierno de coalición del PSOE y Podemos ha declarado que "a lo único que tenemos miedo es a un programa que aumentara mucho el déficit público".

Dicho todo esto, la sensación sindical tras entrevistarse con Sánchez es que el acuerdo de Gobierno con Podemos "debería ser fácil", ha dicho Méndez. Si bien, "para que se produzca este acuerdo tienen que empezar a hablar", dijo Toxo intencionadamente respecto a la ausencia de negociaciones entre ambas formaciones.

En otro orden de cosas, tanto la patronal como los sindicatos se han mostrado satisfechos con la propuesta del PSOE de realizar una Ley de Participación Institucional que ordene y garantice la financiación de los agentes sociales y sus labores en el ordenamiento de las relaciones laborales a través de la negociación colectiva.