La herencia de Bankia vuelve a destapar la caja de los truenos

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Capítulo determinante para el culebrón judicial de la salida a Bolsa de Bankia. Cuatro años y seis meses después de que esta entidad saliera a cotizar con el objetivo de recapitalizarse y, por qué no decirlo, para demostrar a los inversores institucionales y al mercado en general que España era un país en recuperación (se comprobó luego que no) el Tribunal Supremo decide anular por engaño la compra de acciones de Bankia.

Este fallo ha supuesto un jarro de agua fría para el equipo gestor actual encabezado por José Ignacio Goirigolzarri. Para el anterior, el dirigido por Rodrigo Rato, es algo más porque afecta directamente a su gestión ya que era presidente de la entidad en julio de 2011, fecha de la oferta pública de suscripción (OPS).

La decisión del Supremo, además, ha coincidido con otro acontecimiento que ha introducido un nuevo ingrediente que ha ayudado a elevar la polémica del caso Bankia, la salida al mercado del primer libro del que fuera entonces gobernador del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, titulado Economistas, políticos y otros animales. En este escrito el exgobernador rompe su silencio sobre la etapa más crítica y dolorosa del sistema financiero español, la que llevó en 2012 al Gobierno del PP a pedir un rescate para, según insiste desde entonces, sanear a una parte importante del sector, y que terminó con las cajas de ahorros. Aunque las versiones del Gobierno y las de Fernández Ordóñez difieren como la noche del día.

Estos ingredientes han provocado ya que vuelva a destaparse la caja de los truenos, aunque todavía hay más. Mientras que los despachos de abogados se frotan las manos porque seguro que vuelven a ver cómo sus teléfonos no dejan de sonar en busca de asesoramiento por parte de los clientes que acudieron a la OPS de Bankia, los inspectores del Banco de España toman nuevamente posiciones para reivindicar lo que llevan años pidiendo, que se reconozca su profesionalidad, según explica este colectivo, sus históricas quejas, y para defender a los dos peritos que realizaron sendos informes sobre el caso Bankia en los que ponían en tela de juicio una gran parte del folleto de la OPS.

Algunas fuentes incluyen otras ramificaciones más de la sentencia del Supremo. Aseguran que si existieron “graves inexactitudes” en el folleto de la oferta pública de acciones como dicta el Supremo, habría que depurar también nuevas responsabilidades entre los que autorizaron esa operación en julio de 2011. “La CNMV seguro que algo tendrá que decir”, explica una fuente conocedora del proceso de la salida a Bolsa.

En el Banco de España, de momento, parece que otra vez han vuelto a aflorar viejos fantasmas que se daban por exonerados.

Y aún hay más. Como es lógico, el fallo del Supremo pesa como una losa en la cotización de Bankia, justo en un momento, además, en el que el sector bancario es uno de los más castigados en el mercado. Bankia, de hecho, hace semanas que cotiza por debajo de un euro. El viernes cerró a 0,91 euros por títulos. Así, Goirigolzarri lo tiene muy complicado para poder devolver las ayudas públicas que recibió Bankia, 22.424 millones de euros, y eso que esta entidad se ha convertido en tres años en una de las más competitivas del mercado, con un músculo comercial admirado por sus rivales, todo un mérito del actual equipo gestor.

Además, su cuenta de resultados le ha permitido incluso provisionar la totalidad de las demandas presentadas contra Bankia por la salida a Bolsa protagonizadas por pequeños inversores, y que suman 819,2 millones, mientras que la entidad ha destinado 1.060 millones a este fin. La duda es qué harán las instituciones que actuaron como colocadores de esta ampliación de capital de 3.092 millones de euros. En total, 1.237 millones, que en parte ya han asegurado que estudiarán la sentencia una vez que se publique, y decidirán sobre ello, puesto que lo que se conoce del fallo es, según fuentes de estas entidades, ambiguo y habrá que ver si pueden o no reclamar.

Sería curioso que los bancos que actuaron de colocadores, todos los principales grupos, a excepción de BBVA, pidieran daños y perjuicios. Quién admitirá que el folleto les confundió, cuándo ellos mismos reconocieron en 2011 la presión del Gobierno para hacer de colocadores por el bien de la economía del país. Y más cuando uno de ellos, la entidad que preside Francisco González se negó a participar.

Goirigolzarri se anticipó a un posible fallo del Supremo así a finales de diciembre, por lo que la sentencia no altera la cuenta de resultados que presenta hoy Bankia. Pese a ello, tienen que valorar la estrategia procesal por la que seguir ya que seguir por la vía judicial no tiene mucho sentido. Una vez provisionado el capital suscrito por los minoritarios en la OPS el efecto en el negocio de Bankia es nulo, lado por el que la entidad no está preocupada.

Eso sí, con la sentencia y la caída en Bolsa de Bankia, la entidad lo tiene muy complicado para devolver a corto plazo las ayudas públicas al contribuyente.