La luz que bajará el día 1 de enero y subirá el 2

Los técnicos del Ministerio de Industria han hecho todo tipo de malabarismos para cumplir con la orden dada por sus superiores: la factura de la luz debe bajar el 1 de enero, sea como sea y caiga quien caiga. Una tarea ardua pues, pese a los superávits registrados por el sistema (550 millones en 2014), la Ley Eléctrica obliga a destinar estos excedentes a amortizar las deudas pendientes del pasado (unos 26.000 millones). En definitiva, que “los cargos [de la tarifa] no podrán ser revisados a la baja”.

 ¿Qué pasaría si las cuentas del Estados arrojaran un superávit y el ministro de Hacienda no pudiera bajar los impuestos? Pues en esa situación de incapacidad se ha visto el titular de Industria, José Manuel Soria, que no ha podido aprovechar la oportunidad de dedicar ese dinero a bajar los peajes a 27 millones de usuarios en pleno proceso electoral.

Pero para eso están los trucos legales, que el ministerio ha llevado al límite en su propuesta de orden de peajes de enero. Siendo como es la tarifa eléctrica un presupuesto con unos costes y unos ingresos (los que proceden de la factura de los consumidores y, en menor medida, por aportaciones del Estado de los impuestos que se aplican a la energía), Industria ha sorteado la prohibición de la Ley Eléctrica congelando, por un lado, los peajes de acceso y, por otro, jugando, con los llamados pagos por capacidad, que ha recortado en 517 millones.

Este incentivo que reciben las centrales de gas y de carbón, junto al del servicio de interrumpibilidad, es un coste regulado que fija el Gobierno y paga el consumidor, aunque no en los peajes de acceso, sino en el precio de la energía. Al no estar incluidos en los peajes (se sacaron de estos para ayudar a controlar el déficit), pero sí tener un efecto en la factura, el ministerio consigue dos objetivos:bajar la luz y cumplir con la ley, ya que no ha bajado los peajes. La reducción de los los pagos por capacidad, de un 21,3% respecto a diciembre y un 41,5% sobre a la media de 2015, se traducirá en una rebaja en enero de poco más del 1% para la tarifa más habitual (2.0).

La cuestión legal que aquí se plantea es la siguiente: ¿no tienen los pagos por capacidad, como costes regulados del sistema que son, la misma consideración que los peajes a efectos de una bajada de la factura de la luz mientras exista una deuda eléctrica? El que este cargo figure en el margen de la contabilidad no justifica una utilización distinta.

La tarifa debe recuperar su esencia y ser autosuficiente, sin déficit ni superávit

Una duda razonable que también debió plantearse la Abogacía del Estado cuando el pasado agosto el Gobierno hizo la misma jugada (recortó en 200 millones los pagos por capacidad aligerando la factura de la luz) pero optó por incluirla en una norma con rango de ley con la que sorteaba a la propia Ley del Sector Eléctrico.

También la propuesta de bajar el euskopeaje en un 6,7% ha despertado suspicacias. Sin más explicación, el ministerio, que ha congelado las tarifas de acceso por segundo año consecutivo, ha hecho una excepción con la que se aplica a la industria vasca y navarra (la tarifa 6.1B). Si el espíritu de la ley es que no se pueden bajar los peajes (esto es, se deben mantener los mismos valores unitario más allá de lograr un balance equilibrado entre costes e ingreso), ese recorte, además de discriminatorio, roza la legalidad, según fuentes jurídicas.

Pero en su afán de hacer cuadrar las cuentas para evitar un nuevo déficit tarifario (en el texto remitido a la CNMC y a las partes afectadas figura un superávit de 24 millones) y de lograr una ligera bajada de la luz de la que poder presumir antes de las elecciones generales, el ministerio ha dejado cabos sueltos.

Cabos que podrían obligar a subirla en breve para evitar un desajuste tarifario y que el ministerio reconoce en su propuesta. Así, teniendo en cuenta que aún no se han regulado los pagos por capacidad que recibirán las centrales de carbón por sus inversiones en desnitrificación, la orden ministerial incluye una estimación de 100 millones de euros adicionales como costes asociados al desarrollo de nuevos mecanismos de capacidad. Esta cantidad podría ser esa u otra superior, no en vano, el recorte de los incentivos reconocidos se considera demasiado elevado.

Por otra parte, Industria ha lanzado su propuesta sin que hayan entrado aún en vigor las nuevas retribuciones de las redes de transporte y distribución derivada de una nueva metodología de costes unitarios, que ya debía haberse aplicado en 2015. Hasta que estas se aprueben, se pagará a cuenta la retribución de 2015.

Todo apunta a que el ministerio prevé un saldo negativo para el sistema eléctrico. De hecho, estima 150 millones de euros para contingencias relativas a las redes. Sin embargo, esta cifra solo figura en la memoria económica de la orden de peajes, pero no en la propuesta de orden. De haber sido así, en lugar de un superávit de 24 millones de euros, en el balance debería figurar un déficit de 126 millones. En todo caso, un problema que tendrá que abordar el próximo Gobierno. El actual se limitará a enarbolar la bandera del superavit de tarifa.

Una vez controlado el problema, la tarifa debe recuperar su esencia:un mecanismo en el que los costes propios sean cubiertos con los ingresos regulados de la factura. No un presupuesto con superávit o déficit (tan malo lo uno como lo otro) pendiente de que el Gobierno de turno aporte o no fondos públicos y que grave al sector con tributos siempre a disposición del ministro de  Hacienda de turno.