Las telecos tiemblan ante la nueva doctrina Vestager

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, parece llamada a convertirse en la nueva bestia negra de las telecomunicaciones, sector que ya libró grandes batallas con antiguas comisarias como Viviane Reding o Neelie Kroes, que lucharon, por ejemplo, por erradicar los sobrecostes del roaming.

Las grandes operadoras tiemblan ahora ante Vestager, una comisaria que se declara dispuesta a vetar cualquier fusión de operadoras telefónicas que no redunde claramente en beneficio del consumidor. La danesa rompe así con la tolerancia del anterior comisario, Joaquín Almunia, que aceptó los procesos de consolidación en varios países, aunque supusieran la desaparición de uno de los principales contendientes.

Telefónica ya ha tropezado con la nueva doctrina de la Comisión. Vestager frenó el pasado 30 de octubre la venta de O2, la filial británica de la compañía de Alierta, para llevar a cabo una investigación en profundidad sobre las consecuencias de la operación.

El comprador (Hutchison) es uno de los cuatro operadores presentes ya en el mercado británico. Y el departamento de Vestager teme que tras la fusión, los tres que queden (Hutchison, Vodafone y EE) aprovechen para subir precios y reducir la inversión.

Vestager rompe así con la doctrina fijada por Almunia (comisario de Competencia entre 2009 y 2014), que autorizó hasta tres fusiones (en Austria, Irlanda y Alemania), a pesar de que reducían de cuatro a tres el número de operadoras presentes en cada país. Para Almunia, solo “el duopolio no es admisible”, según señaló en una entrevista con CincoDías (agosto de 2013). Para la comisaria danesa, en cambio, ni siquiera la presencia de tres operadoras bastaría. La renovada dureza de Bruselas ha disparado las alarmas en el sector y provoca críticas entre los partidarios de facilitar una mayor concentración. “No tiene sentido prohibir una fusión por miedo a una subida de precios cuando el regulador puede intervenir a posteriori si esa subida se confirma”, señalan fuentes próximas al sector en Bruselas. Las mismas fuentes recuerdan que “el sector necesita inversiones multimillonarias y no podrá hacerlas si no ofrece una rentabilidad adecuada”.

Desde el Parlamento Europeo, la eurodiputada del grupo Popular Pilar del Castillo, ponente de la recién aprobada reforma del mercado de las telecomunicaciones, señala que “hay un consenso bastante amplio en que en Europa, sin poner en peligro la competencia, hay margen para una mayor concentración porque hay un número muy elevado de operadores”.

Pero Vestager es una comisaria con respuesta para casi todo. “Los análisis muestran que la reducción de cuatro a tres operadores en un país puede llevar a una subida de precios, pero no a un incremento de la inversión”, ha señalado Vestager.

La comisaria recuerda a menudo, además, que en Europa hay 35 operadores y cuatro de ellos copan el 60% del mercado, mientras que en EE UU hay casi 90, entre ellos cuatro con redes nacionales.

La pugna entre Vestager y el sector no ha hecho más que comenzar, pero la comisaria ya luce una muesca en su cartuchera para espanto de las operadoras que tienen en marcha o planean una fusión. Vestager impidió el pasado mes de septiembre que Telenor y TeliaSonera consumasen su fusión en Dinamarca porque el país se hubiera quedado con solo tres operadores.

En tiempos de Almunia, la Comisión probablemente se hubiera conformado con el compromiso de las compañías a facilitar la entrada de operadores virtuales, es decir, aquellos que no disponen de red propia, pero ofrecen servicios alquilando la de otros.

Pero Vestager dejó claro que, al menos en Dinamarca, esa solución no bastaba y exigió la entrada de un cuarto operador con red. Telia y Telenor se rindieron y abortaron la fusión. Por si había dudas, Vestager reivindicó su mazazo y subrayó que “las compañías han decidido abandonar la operación, pero ya estábamos en vías de prohibirla”.

Bruselas no prohibía una fusión desde 2013. Y hacía tres años que unas empresas no renunciaban motu proprio a una operación durante la fase más dura del escrutinio comunitario, que es en la que ahora se encuentra la venta de O2 a Hutchison.

Los parados transfronterizos cobrarán en destino

La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, tiene previsto presentar en las próximas semanas una revisión de las normas sobre prestaciones sociales que tendrán especial impacto en la movilidad laboral dentro de la Unión Europea y, en particular, en los más de tres millones de personas que residen en un país pero desarrollan parte o toda su vida laboral en otro. Uno de los cambios afectará a 1,6 millones de trabajadores transfronterizos, es decir, los que se desplazan a diario de un país a otro para ejercer su profesión, una circunstancia frecuente en el centro de Europa (Benelux, Francia y Alemania), pero que también se produce en las zonas limítrofes de España con Francia o Portugal. Ahora, en caso de quedarse en paro, esos trabajadores cobran la prestación de desempleo con cargo a su país de residencia, a pesar de que han cotizado en el otro. Thyssen propondrá una reforma legal para que, a partir de un año trabajado, el país de destino asuma la factura del paro. “Creo que es más justo para todo el mundo”, señaló la comisaria el viernes pasado en Dublín. La comisaria también propondrá cambios en el tratamiento del millón y medio de trabajadores desplazados que hay en Europa, es decir, aquellos enviados por su empresa de manera temporal a otro país. Se trata de una práctica muy habitual en el sector de la construcción, donde puede haber diferencias de hasta un 30% entre el salario de un trabajador local y otro desplazado. En algunos países, la presencia de trabajadores desplazados, con condiciones laborales muy inferiores, llega a representar el 10% de la mano de obra en la construcción. Thyssen pretende acabar con esa brecha salarial y forzar por la vía legal la equiparación de los salarios entre locales y desplazados, con una norma similar a la que prohíbe discriminar salarialmente a los trabajadores temporales o a tiempo parcial. Bruselas clarificará, asímismo, la situación legal de los emigrantes intracomunitarios, para distinguir entre los derechos de aquellos que tienen o buscan trabajo y los que no participan en el mercado laboral. A estos últimos, se les podrán negar ciertas prestaciones sociales, tal y como ya se hace en Alemania o Reino Unido.