La Audiencia Nacional comunica a Volkswagen su imputación
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha formalizado hoy la comunicación al consorcio automovilístico Volkswagen de su imputación por el trucaje de determinados motores diésel.
En concreto, el representante designado por la compañía en la causa será Luis Comas, director jurídico y secretario del consejo de administración de Seat-Volkswagen en España, mientras que el abogado será Luis Jordana de Pozas, informaron en fuentes judiciales.
El procedimiento para el cual estaba convocada hoy la compañía representa un trámite con el cual Volkswagen pasa así a estar imputado formalmente en la causa.
En declaraciones a la prensa tras recoger la imputación, el vicepresidente de relaciones gubernamentales e institucionales de Seat y Grupo Volkswagen en España, Ramón Paredes, señaló que la compañía se ha puesto “a total disposición de las autoridades, como siempre hemos hecho, colaborando estrechamente con ellas”.
Prioridad, el cliente
Además, Paredes, que afirmó que la investigación está en marcha y no se puede por tanto facilitar “ningún dato”, aseguró que la “primera prioridad” para el consorcio automovilístico “son los clientes”.
Así, insistió en que los clientes pueden “estar tranquilos”, ya que todos los vehículos de Volkswagen son “técnicamente seguros y aptos para la conducción”.
Paredes recalcó que todos los costes de las acciones que sean necesarias llevar a cabo en los coches serán “a coste cero para los clientes”.
El pasado 28 de octubre, el juez Ismael Moreno se declaró competente para investigar las querellas interpuestas contra Volkswagen por el presunto trucaje de determinados motores diésel de cuatro cilindros e imputó a la compañía como persona jurídica.
En un auto, el juez solicitaba a la compañía que se personase este 10 de noviembre, tal y como establecen los artículos 118, 119 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando se imputa a una persona jurídica.
El magistrado aceptaba en su resolución las diligencias solicitadas por la Fiscalía por cuanto son “pertinentes y necesarias” y se refieren a cuestiones de “absoluta trascendencia” para el esclarecimiento de los hechos.
Además, aceptaba la personación como acusación popular del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, de la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores y otros y de la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras, todo ello condicionado a que depositen una fianza cada una de 5.000 euros en el plazo de diez días y a que se personen en una misma dirección letrada.
El juez solicitaba recabar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la información sobre los hechos investigados. Entre los documentos solicitados deben encontrarse el dictamen de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), así como un informe de dictámenes periciales que se hayan efectuado y los recibidos del grupo Volkswagen y de las entidades involucradas.
Asimismo, requería los dictámenes periciales realizados sobre los vehículos supuestamente manipulados del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mientras que al grupo Volkswagen le pide todos los comunicados oficiales sobre el tema, la relación de los vehículos afectados vendidos en España, así como el organigrama de la firma en el mercado nacional con especificación de funciones vinculadas a los hechos y del personal responsable del mismo.
