La OCDE pone coto a la elusión fiscal de las multinacionales
La ingeniería fiscal que realizan las grandes multinacionales provoca que cada año se pierda entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial que genera el impuesto que grava los beneficios empresariales. En términos absolutos, esta cifra oscila entre los 90.000 y los 215.000 millones de euros y supone un quebranto muy importante para las economías en las que las empresas realizan estas prácticas. Para tratar de minimizarlas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó esta mañana las quince recomendaciones incluidas en el informe BEPS (proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, por sus siglas en inglés) y que serán presentadas de forma oficial el jueves en la reunión del G-20 que se celebrará en Lima.
Un informe que es fruto de dos años de trabajo y que, según la OCDE, beneficiará a los países en vías de desarrollo, cuya recaudación dependen en mayor medida de esta figura tributaria. Así, el organismo establece que las filiales de las empresas multinacionales que residen en paises de baja tributación declaran un margen de beneficios que duplica el margen promedio de grupo y que las los tipos efectivos que soportan las multinacionales que operan en distintos mercados son entre 4 y 8 puntos inferior a los soportados por empresas que solo operan a nivel nacional.
Entre las quince grandes recomendaciones destaca el hecho de que se oblitgará a los Estados a informar sobre los acuerdos fiscales (tax ruling) que los estados alcanzan con las multinacionales para concederles ventajas fiscales. Esa fue la génesis del escándalo Luxleaks, que salpicó a finales del pasado ejercicio al actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tras conocerse que el Ejecutivo luxemburgués pacto con 350 multinacionales (entre ellas Pepsi, Ikea Heinz o Amazon) rebajas tributarias, que en algunos casos llegaron al 1% de los beneficios, un tipo efectivo muy por debajo del nominal.
Otra de las novedades del informe se refiere al fortalecimiento de las claúsulas que se pueden activar con los convenios fiscales para evitar la doble imposición. Unos acuerdos que tratan de evitar pagar dos veces por el mismo hecho imponible, pero que en muchas ocasiones son utilizados por las empresas para una planificación fiscal agresiva para desviar beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación. A partir de ahora solo podrán obtener estos beneficios aquellas empresas que realmente tengan derecho a esos beneficios.
En la elaboración de estas recomendaciones han participado los países miembros de la OCDE, entre ellos España, que ya se han adelantado al trabajo BEPS y han incluido en su normativa algunos cambios. Es el caso de la futura obligación para las multinacionales de informar a Hacienda de los datos fiscales y actividad que realizan en todo el mundo. Afectará a casi 300 compañías con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros y entrará en vigor el 1 de enero de 2016. Las autoridades fiscales obtendrán información de compañías nacionales y extranjeras radicadas en España.
Los expertos alertan de posible competencia desleal
El calendario establecido por la OCDE para la implementación de estas recomendaciones marca que serán presentadas públicamente el jueves en la reunión del G-20 en Lima (Perú) y su aplicación definitiva se producirá en febrero de 2016 en otra reunión de este organismo multilateral. Aunque las quince recomendaciones no son vinculantes, la gran mayoría de países de la OCDE ha participado en su elaboración y supuestamente la introducirán en sus legislaciones. La diferencia, según Eugenio García, director de fiscal de BDO, reside en la rapidez con que se produzca en su aplicación. “España ha sido de las primeras que obligará a las grandes empresas a dar información sobre sus operaciones. Reino Unido y Alemania también han adaptado legislaciones tributarias adhoc para que la información se pueda compartir entre países y para que salvaguarde la privacidad de la información tributaria”, subraya. En su opinión, las diferentes velocidades en la transposición de la norma “pueden provocar inseguridades jurídicas, discrepancias en la aplicación de la norma, y que haya competencia desleal entre los estados miembros”. Una situación que se ha producido, por ejemplo, en Luxemburgo con las rebajas tributarias pactadas por el Gobierno con las multinacionales y que la OCDE quiere evitar a toda costa.
Por su parte, Juan Ignacio Marrón, socio responsable de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de KPMG Abogados, destaca que se trata de la más poderosa ofensiva lanzada por la OCDE para solucionar la deslocalización fiscal artificial de 240 billones de dólares anuales, “una actividad que distorsiona la competencia entre grandes multinacionales y compañías domésticas”.
