La industria pide continuidad en los incentivos a la compra
Begoña Cristeto, secretaría general de industria y de la pyme del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha anunciado en el I Foro Nissan de la Movilidad Sostenible, celebrado hoy en Madrid, la puesta en marcha antes de 2016 de una nueva convocatoria del Plan Movea, que unifica el Plan PIMA Aire y Plan Movele. El programa tendrá un presupuesto de 17 millones de euros, frente a los 7 millones de 2015, e incorporará por primera vez la concesión de ayudas para la instalación de puntos de recarga.
Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), se ha mostrado “esperanzado” por la noticia. “Por primera vez el Ministerio y la Administración van a proporcionar un marco de ayudas con continuidad”, ha afirmado.
Marco Toro, consejero director general de Nissan Iberia, y otros representantes del sector han citado la falta de continuidad de las ayudas y la escasez de puntos de recarga convencionales como principales problemas por los que la proporción de vehículos eléctricos en el mercado español es solo del 0,1%. En Francia, la cifra asciende al 0,8%, a pesar de ser España el principal productor europeo de estos coches.
Según Toro, el Decreto-Ley de gestor de carga de 2011 impone trabas a la instalación de los puntos de recarga. Enrique Monasterio, director general de IBIL, sin embargo, ha salido en defensa de la figura del gestor de carga, necesaria para controlar una “demanda atomizada” y ha explicado que se están realizando modificaciones para reducir su coste de instalación en lugares como centros comerciales.
Varios de los asistentes han afirmado también que es necesaria una "armonía" entre las políticas estatales y locales en materia de movilidad sostenible. "Es importante cuando se define lo que es un vehículo cero emisiones que pudiera haber una sola definición en toda España, aunque cada Ayuntamiento ponga los límites según su situación específica sobre qué vehículos entran en las zonas de restricción", ha explicado Mario Armero.
El vicepresidente ejecutivo ha recordado también la importancia de la antigüedad de la flota española, cuya edad media es de 11,5 años. Esto conlleva unos problemas de seguridad, pero también de protección medio ambiental y unas mayores emisiones de CO2. Armero ha planteado la necesidad de llevar a cabo un "enfoque integral y coordinado" para hacer frente a esta situación. Entre las medidas que propone está la que ya presentó al Ayuntamiento de Madrid para los días de episodios contaminantes: en vez de restringir la entrada de los vehículos en función de su matrícula, hacerlo según sus emisiones contaminantes.