Editorial

Una política fiscal rigurosa y responsable

Las negociaciones del Partido Popular con Ciudadanos y el PSOE para sacar adelante en Madrid por mayoría absoluta una propuesta que supondría bajar el IBI un 28% –equivalente a 346 millones de euros– constituye una medida fiscalmente atractiva, pero que exige analizar con extremo rigor y sin ánimo electoralista el impacto que tendrá en las cuentas públicas del consistorio. Los populares ultiman las conversaciones con el resto de la oposición una semana después de que el concejal de Hacienda del ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, propusiese una bajada del mismo impuesto para 1,4 millones de contribuyentes, lo que supondría una merma de la recaudación de 18 millones. La iniciativa de Sánchez Mato incluye, como contrapartida en materia de ingresos, la creación de una nueva tasa para grandes generadores de residuos (sin especificar si serían grandes superficies, industrias u hoteles), así como incrementos en el IAE (impuesto de actividades económicas) y en el ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), que aportarían unos ingresos adicionales al ayuntamiento de 50 millones de euros.

La propuesta de rebaja de los populares –que equivaldría a una reducción media de 250 euros por contribuyente– no solo excluye un incremento tributario compensatorio, sino que se complementa con una tarifa cero de impuestos municipales para las nuevas empresas que se establezcan en la capital durante un plazo de dos años, así como la creación de una tarifa plana para el aparcamiento de empresarios y autónomos. A ello hay que sumar una bonificación adicional al impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

El atractivo de una rebaja fiscal de esa naturaleza para el bolsillo de los ciudadanos y la actividad de las empresas en un entorno de recuperación económica es indudable. Sin embargo, también constituye un riesgo en materia de política presupuestaria, a menos que las finanzas públicas del consistorio proporcionen margen suficiente para llevarla a cabo. No se puede olvidar que Madrid es el ayuntamiento más endeudado de España, con 5.637 millones de euros en el segundo trimestre de este año, y que ello obligó ya a la anterior corporación municipal a presentar un plan económico financiero para reequilibrar las cuentas.

Pese a que el Partido Popular de Madrid asegura que el ayuntamiento cuenta con excedentes para hacer viable su propuesta, aprobar una rebaja tan contundente en un escenario como el actual, con unas elecciones generales en el horizonte, no deja de ser también una tentación política. Pero esa tentación, que planea siempre sobre todas los partidos, no debe primar sobre un análisis serio, riguroso y responsable del impacto que toda medida fiscal pueda tener sobre el equilibrio presupuestario.

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