Rechazo de la gran distribución a la voracidad recaudatoria

Seis comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, Aragón, Canarias, Asturias y La Rioja) aprobaron en el pasado impuestos que gravaban a los grandes establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados de superficie. Solo tres de ellas (Cataluña, Aragón y Asturias) lo pusieron en práctica y son las que han tenido que rehacer el tributo, tras ser considerado discriminatorio por las autoridades comunitarias. Lo que no entendía Bruselas era el hecho imponible, es decir, porque el impuesto solo lo pagaban las grandes y no todos los comercios, con distintos gravámenes en función de la superficie. De hecho reclamó que se rehiciera o que todos los establecimientos lo abonaran.

Eso llevó a que esas tres autonomías estén actualmente revisando sus tributos para que puedan contar con el visto bueno de la UE. "Cataluña, Asturias y Aragón están en el tiempo de descuento para evitar un proceso sancionador de la Comisión Europea por el impuesto a las grandes superficies", advirtió el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz en un Foro CincoDías, celebrado en julio.

Baleares rechazará proyectos para superficies de hasta 750 metros

Asturias y Cataluña incluyeron dentro de su nueva propuesta a los establecimientos colectivos (aquellas grandes superficies formadas a su vez por la suma de pequeños) que estarían también afectados por ese tributo, mientras que el nuevo gobierno aragonés, presidido por el socialista Javier Lambán, también ha mandado su propuesta a la UE. Fuentes de la Secretaría de Estado confirmaron que ambas administraciones se encuentran en pleno intercambio de documentación y que todavía falta tiempo para conocer cuál será el veredicto final.

A la espera de saberlo, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), que reúne a 19 firmas, como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Fnac, Media Markt, Leroy Merlín o Eroski, abogó ayer por medidas que impulsen la competitividad de estas empresas y que no la frenen. Alfonso Merry del Val, presidente de Anged, lo calificó como el reto más importante a corto plazo. "En medio de una revolución del consumo sin precedentes, el discurso proteccionista ha reverdecido en algunos ámbitos. Se habla de moratorias, de más restricciones e impuestos. ¿Acaso también van a prohibir a un consumidor comprar el domingo en Amazon porque todas las tiendas de su calle están cerradas por ley?", apuntó.

Con esta última frase hacía alusión a los nuevos gobiernos municipales y autonómicos de izquierdas surgidos después del 24M, que han optado por idear moratorias a la implantación de grandes superficies o a impuestos para aquellas que se instalen por primera vez en un territorio. "Todas las medidas públicas que siguen anunciando los responsables públicos con la finalidad de erigirse en protectores del pequeño comercio, son medidas huecas, cómodas y baratas, desde el punto de vista de la gestión política, pero inútiles a la hora de alcanzar su objetivo. Estas políticas se inspiran en una era analógica, de hace 30 años, cuando se pensaba que el comercio era una especie de vasos comunicantes en donde las restricciones al gran establecimiento comercial ayudaban a recuperar las ventas del pequeño comerciante. Pero basta echar un vistazo a nuestras calles para comprobar el profundo error de esos análisis simplistas", remarcó.

Con esta frase se refería al Ejecutivo balear formado por PSOE, Podemos y los econacionalistas de MES, que refrendó en agosto una moratoria de licencias para grandes superficies comerciales. Con la única abstención del PP, la norma establece un período transitorio de seis meses en el que no se podrán otorgar nuevas licencias de apertura para locales que superen los 750 metros de superficie.

¿Qué es un gran generador de residuos?

Las grandes superficies se han convertido no solo en un objeto codiciado para las arcas autonómicas, sino también para las municipales. Muchos de los Ejecutivos de izquierda que han surgido tras las locales del 24-M consideran que la presión fiscal sobre las grandes empresas era muy baja y que era la ocasión de incrementarla a favor de los colectivos más perjudicados por la crisis.

Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, que presentó la semana pasada las líneas maestras de su política económica para esta legislatura. La medida estrella es una bajada del IBI para 1,4 millones de contribuyentes, con una merma de 18 millones de euros en las arcas municipales. Este deterioro se verá compensado por la creación de una nueva tasa a grandes generadores de residuos, que junto a la mejora del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), servirá para que el saldo entre los tributos que se bajan y los que se suben sea positivo.

El encargado de este anuncio fue el concejal de Hacienda y Economía, Carlos Sánchez Mato, que no aclaró, pese a la insistencia de los periodistas, si la tasa era a grandes superficies o a las grandes empresas. El concejal de Carmena se escudó en que todavía no estaba finalizado el diseño del tributo y que había que negociarlo con el resto de grupos del Pleno del Ayuntamientos. No aclaró, sin embargo, si un gran generador de residuos es un centro comercial, un hotel, una cementera o una multinacional.