Las autonomías preparan la batalla para tener más margen
La cita no está programada, pero seguramente se producirá en la última parte de septiembre. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo de interlocución de Hacienda con las autonomías, volverá a producirse una escena muy similar a la del pasado julio, cuando se celebró el último cónclave. Allí, una mayoría de las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por los socialistas, se rebelaron contra el objetivo de déficit marcado este año para las autonomías (0,7%). La revuelta fue sofocada por la mayoría con la que cuenta el Ejecutivo en ese organismo, ya que dispone de la mitad de los votos, a los que suma los de las comunidades gobernadas por el PP (Murcia, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Galicia).
Una mayoría que podría usar en la reunión de finales de este mes para evitar otra revolución como la de julio, aunque el contexto es radicalmente diferente. En la cita de antes del verano, las comunidades se quejaban de la estricta senda de consolidación fiscal y advertían de las dificultades para cumplirla. En la prevista para septiembre, el mensaje va a ser diferente, ya que muchas de ellas reconocerán que no van a cumplir y que eso puede complicar el cumplimiento del objetivo de déficit.
Y un buen exponente de este escenario es la reunión que mantuvieron ayer el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Extremadura rebasó ampliamente el objetivo de déficit fijado en 2014 (1%) y cerró el ejercicio con un desfase entre gastos e ingresos del 2,44%, el tercero más alto de España tras Murcia y Cataluña. Este año todo apunta a que el déficit será similar y que se quedará muy lejos del 0,7% comprometido. Por ello, el presidente extremeño se esforzó, tras el encuentro con Montoro, en explicar su compromiso en presentar en octubre su plan económico y financiero para reequilibrar sus cuentas. “Tenemos intención de cumplir con la obligación del objetivo de estabilidad presupuestaria, algo que no es un capricho y sí una norma dada de Europa”, remarcó Fernández Vara, quién matizó que el plan “se se hará con sentido común y no supondrá recortes en sanidad, educación o políticas relacionadas con la exclusión social”. En su opinión se pide tiempo “porque no quiero que cumplir el objetivo me lleve a destrozar la vida de nadie”. Ese plan de ajuste establecerá que el equilibrio presupuestario se alcanzaría en 2018, un año más tarde de lo pactado por el Ejecutivo con Bruselas.
El ministro de Hacienda valoró especialmente el compromiso mostrado por Extremadura con el objetivo del déficit público, en clara alusión a las declaraciones realizadas por los gobiernos autonómicos de Cataluña o Comunidad Valenciana. “No se puede utilizar con frivolidad notable de que no se va cumplir con el déficit. El empeño del Gobierno de España es que se cumpla la ley. Si alguno no se encuentra en capacidad de cumplirlo lo vamos a exigir y vamos cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de sus consecuencias”, aseguró Montoro.
Un mecanismo que no se ha activado todavía y que entró en vigor a finales de 2012. Creado para mantener a raya a las autonomías que no se ajustarán a los objetivos de deuda y déficit, el procedimiento se iniciaba con una advertencia del Gobierno y la necesidad de diseñar un plan de reequilibrio en un mes con ajustes de gasto e ingresos adicionales. Si no lo hacían debería aprobar un “acuerdo de no disponibilidad de gasto”. Si tampoco lo aplicaban, Hacienda las obligaría a formalizar un depósito del 0,2% del PIB regional. Si ese incumplimiento persistía otros seis meses, Hacienda podría enviar una delegación de expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para intervenir la comunidad.
Montoro fía el cumplimiento a los ayuntamientos
El más que probable desvío que las autonomías y la Seguridad Social ha llevado a Hacienda a esperar a que ambos desfases sean cubiertos con el excedente de los ayuntamientos, tal y como sucedió en 2014. En ese ejercicio, la Administración Central registró un déficit de 3,5 puntos dePIB y cumplió con lo comprometido. La Seguridad Social se excedió en seis centésimas, mientras que las comunidades autónomas cerraron en el 1,66% frente al 1% que estaba marcado en el Plan de Estabilidad.
Ese desequilibrio fue subsanado por las entidades locales. En principio tenían marcado un objetivo de equilibrio presupuestario y finalmente alcanzaron un superávit de medio punto, con el que lograron tapar el desajuste en autonomías y Seguridad Social.
Este año, la situación se puede repetir. Incluso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal augura que el saldo positivo entre gastos e ingresos de las entidades locales podría ser superior al de 2014. Lo que no está claro es si servirá para cubrir el desfase de las otras administraciones. El objetivo autonómico es del 0,7% y todo apunta a que se podría exceder en al menos seis décimas, como en 2014.
El principal cambio se ha producido en el caso de la Seguridad Social, en el que de un mínimo desvío de seis décimas se podría pasar a uno mucho mayor por la debilidad que están mostrando los ingresos por cotizaciones. El Ejecutivo había presupuestado un incremento del 7% para este ejercicio y los últimos datos, correspondientes a julio, muestran un tímido avance del 1,23%.