La decisión de Alexis Tsipras
En medio de la vorágine interminable de noticias y opiniones en torno a Grecia, resulta útil recordar que el objetivo fundamental de los tan criticados programas de rescate era ayudar a que el país heleno recobrase el acceso a los mercados financieros, perdido en mayo de 2010, una vez que la auténtica situación de las cuentas nacionales salió a la luz.
Tal objetivo primordial se alcanzó, de hecho, a mediados del año pasado, cuando el país logró emitir con mucho éxito nuevos bonos a tres y cinco años. Un año después, el escenario es bien distinto. El acceso a los mercados se ha evaporado, con el retorno demandado sobre bonos a tres años superando el 20%, en contraste con el inferior a 5% de la emisión de 2014.
¿Qué puede hacer el Gobierno? A día de hoy, solo parece existir una fuente posible de financiación inmediata a gran escala: la Troika y, más en concreto, la Eurozona. Si las interminables negociaciones entre Atenas, Bruselas, Frankfurt y Washington llegasen a buen puerto y se firmase un acuerdo para concluir el segundo rescate que se inició en marzo de 2012 e iniciar un tercero (necesario para evitar un default masivo de Grecia), la nación helena tendría acceso al siguiente abanico de fondos en euros: los 7.000 millones que faltan por distribuir como parte del segundo programa, los quizás (se rumorea) 50.000 millones de un tercer programa, la probable reapertura de la excepción (waiver) para el acceso de los bancos locales a financiación estándar del BCE, el probable acceso a las acciones de quantitative easing del BCE, quizás también un aumento en el volumen permitido de emisión de letras del Tesoro, y ,en base a los beneficios descritos, un posible re-acceso a los mercados internacionales de capital en un plazo no muy extenso.
Pero, como todos ya sabemos, esos acuerdos de prolongación y renovación de rescates requieren que el Gobierno griego acceda a las condiciones que dicha ayuda conlleva. Grecia ya ha dejado claro que no considera aceptables las nuevas condiciones de la Troika (y no solo eso, también se está echando marcha atrás en reformas adoptadas por Gobiernos previos). Si no se rompiese tal impasse, la financiación desde fuentes oficiales no se produciría, eliminando, por tanto, la posibilidad de financiación desde fuentes privadas de mercado. La autonomía financiera en el medio plazo se haría muy difícil, mientras que la insolvencia en el plazo inmediato estaría esencialmente garantizada.
El Gobierno griego tiene la oportunidad de expresarle al mundo la importancia que otorga a obtener financiación en euros. ¿La considera tan relevante como para acceder a condiciones que pueden no ser de su agrado? ¿Considera que los perjuicios de las condiciones superan y anulan los beneficios de la financiación? ¿O incluso piensa que la financiación es totalmente innecesaria en cualquier caso? ¿Quizás el Gobierno no quiere euros?
En estos momentos, donde las demandas de intervención estatal en la economía cobran gran popularidad en varias partes del mundo, sería bueno enfatizar que un arma fundamental a la hora de garantizar que tal intervención se puede pagar de forma recurrente (y en una moneda sólida) es el acceso permanente, y a buen coste, a los mercados financieros. Por lo tanto, cuanto más interés tenga un Gobierno en mantener un Estado del bienestar moderno y generoso, más interés debería haber en preservar y, desde luego, no perder tal acceso.
El primer ministro griego Alexis Tsipras ha manifestado muchas veces su deseo de que el Estado juegue un papel preponderante en la economía. Pero también ha manifestado su rechazo absoluto a las condiciones que le imponen los únicos que, a día de hoy, ofrecen a ese Estado una fuente de financiación recurrente a buen coste en una moneda sólida.
Pocos, posiblemente, envidien la posición de Tsipras y la decisión a la que se enfrenta. Al final, el dilema se podría resumir de forma quizás algo brusca pero, indudablemente cierta, de la siguiente manera: ¿pensiones griegas en euros, sujetas a los requisitos del mercado? o ¿pensiones griegas en dracmas, sujetas a los deseos del Gobierno? Sin duda, en España se estará muy pendiente de cómo se responde a dicha pregunta.
Pablo Triana es profesor en Esade Business and Law School